El fallo contra Azucena Arbeleche reaviva un debate incómodo: la Jutep señala conflictos de interés en algunos casos, pero en otros, como el de Álvaro Danza, optó por mirar para otro lado. ¿La ética pública se aplica igual para todos o depende del momento político?
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Un sismo de magnitud 2,3 se registró en la madrugada del sábado 21 en el norte del país, a pocos kilómetros de Cayetano, en el departamento de Salto. El evento fue detectado por la red instrumental del Observatorio Geofísico del Uruguay mientras se realizaban tareas de mantenimiento en estaciones de la región. No se reportaron daños ni fue percibido por la población.
La investigadora del organismo, Leda Sánchez, explicó que la señal registrada presentó características inequívocas de un evento natural. “El espectro de frecuencias era clarísimo de un sismo. Es muy distinto al pasaje de un camión o a una voladura de cantera”, señaló.
La magnitud fue calculada en escala local. En una primera estimación, realizada con estaciones ubicadas en Bella Unión, Palomas (Salto), Paysandú y Artigas, el valor fue cercano a 2. Posteriormente, al incorporar registros de otras estaciones —incluidas algunas del sur de Brasil— se ajustó a 2,3.
Según Sánchez, la relación señal-ruido fue muy buena, lo que permitió una parametrización precisa desde el comienzo. La profundidad estimada del foco fue de cinco kilómetros, un dato considerado confiable por la calidad de los registros obtenidos en unas ocho o nueve estaciones.
Consultada sobre la posibilidad de micro sismos que pasen inadvertidos por falta de mayor densidad instrumental, la especialista fue clara: podría ocurrir. “Cuando uno densifica la red, empieza a detectar más eventos”, explicó, aunque aclaró que el país ha avanzado en los últimos años en la instalación de equipos.
Actualmente Uruguay cuenta con 25 estaciones sismológicas distribuidas en el territorio. Si bien hay regiones que requieren mayor cobertura, la red permite detectar eventos desde magnitudes cercanas a 1,5 o 2 en adelante.
Tras el análisis preliminar, el equipo técnico superpuso los epicentros sobre el mapa gravimétrico nacional y constató que se alinean con una gran estructura geológica conocida como la zona de Cizalla Sarandí del Yí. Esta falla antigua atraviesa buena parte del territorio y presenta antecedentes de sismicidad recurrente.
“Los epicentros caen perfectamente alineados con esta estructura”, indicó Sánchez. La información surge de la comparación con mapas gravimétricos elaborados y actualizados por el Instituto Geográfico Militar, que permiten identificar grandes anomalías y fracturas del subsuelo.
El epicentro se ubicó a unos 103 kilómetros de la represa de Salto Grande. Para un evento de magnitud 2,3, esa distancia es considerada amplia. “Está lejos y la magnitud es baja”, sostuvo la investigadora. No obstante, recordó que el monitoreo permanente es clave tratándose de infraestructura estratégica.
Desde 2018 funciona una estación cercana en Palomas (Salto), y hasta el momento no se ha detectado sismicidad inducida vinculada al embalse de Salto Grande. En contraste, en Rincón de Bonete sí se han observado micro sismos asociados al entorno del embalse.
La percepción por parte de la población depende de varios factores: magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales del suelo. Existen antecedentes de sismos de magnitud 2 que fueron sentidos en algunas zonas del país.
En este caso, el evento ocurrió alrededor de las 3 de la mañana y a unos siete kilómetros de Cayetano. Pese a la cercanía, no hubo reportes de vibraciones ni ruidos asociados.
El norte del país registra antecedentes significativos, como el sismo de 1948, estimado en magnitud 5,5. Ese antecedente motivó la instalación de estaciones tanto en territorio uruguayo como en el sur de Brasil, del otro lado de la frontera con Artigas.
Actualmente no existe un mapa oficial de amenaza sísmica para Uruguay. La elaboración de ese instrumento ha sido evaluada en reiteradas ocasiones, pero la falta de recursos humanos y financieros ha postergado su concreción.
Si en los próximos meses se registraran varios eventos en la misma zona, podría tratarse de un pequeño enjambre sísmico. En ese escenario, el Observatorio intensificaría el análisis para determinar si existe una dinámica particular asociada a la estructura geológica.
Por ahora, el episodio es considerado un sismo aislado. El equipo continúa revisando los datos de la región para descartar réplicas o variaciones.
El mentado Caso Cardama Uruguay sigue sumando capítulos que parecen sacados de una comedia de enredos, si no fuera porque está en juego la seguridad de nuestras fronteras y millones de euros del Estado. Ahora, la noticia es que el Ministerio de Defensa Nacional, bajo la batuta de Sandra Lazo, decidió bajarle la cortina a la investigación administrativa por las filtraciones de información reservada. ¿El resultado? El esperado: no se encontró a nadie, no hay responsables y aquí no ha pasado nada.
Resulta tragicómico que en un ámbito donde el «secreto profesional militar» debería ser sagrado, la información sobre las irregularidades en Vigo corriera como reguero de pólvora por las redacciones. La gestión de este Ministerio de Defensa Nacional quedó seriamente cuestionada al admitir que, aunque la fuga de datos existió, fue «imposible determinar el origen». Básicamente, admiten que tienen un colador en lugar de un archivo seguro.
Los informes de los capitanes Cardozo y González, que detallaban cómo el astillero presentaba papeles «a los ponchazos», terminaron siendo de dominio público antes de que la propia ministra pudiera reaccionar. Esta falta de control en las patrullas oceánicas OPV no solo es una desprolijidad administrativa; es una muestra de que la cadena de mando y la custodia de documentos estratégicos en nuestro país están prendidas con alfileres.
La ministra Sandra Lazo salió a decir que ahora van a «extremar medidas» para que esto no vuelva a pasar. Es el clásico «cerrar el establo cuando ya se escaparon los caballos. El daño ya está hecho: la confianza en el proceso de construcción está por el piso y la imagen del país ante posibles litigios internacionales por el astillero Cardama quedó debilitada por estas idas y vueltas de información sensible que nadie supo cuidar.
Es llamativo que, pese a los «incumplimientos graves» mencionados por el presidente Orsi, el ministerio se haya tomado su tiempo para blindar la información. Mientras la oposición y el oficialismo se sacan chispas en el Parlamento con comisiones investigadoras que prometen ser un circo de acusaciones cruzadas, el ciudadano común se pregunta cómo es posible que se liberen pagos millonarios a una empresa que, según los propios informes filtrados, no tenía ni los planos en regla.
Lo más triste de este entuerto es la situación de la Armada Nacional. Entre licitaciones fallidas, contratos rescindidos por «indicios de fraude» y ahora filtraciones que quedan impunes, nuestra fuerza de mar sigue navegando en barcos que ya deberían estar en un museo. La necesidad de combatir el narcotráfico y la pesca ilegal parece quedar en segundo plano frente a la burocracia ineficiente que rodea al contrato de las patrullas.
Con la rescisión ya firmada, el primer buque queda en la nada y la solución para nuestra soberanía marítima parece estar más lejos que nunca. El comandante en jefe, José Luis Elizondo, habla de desafíos diarios, pero la realidad es que sin herramientas, la vigilancia es una utopía. El manejo político de este expediente ha sido, de principio a fin, una sucesión de errores que ahora intentan tapar con nuevas normas de seguridad que llegan con años de retraso.
Para cerrar, el desenlace de esta investigación interna es la frutilla del postre de un proceso viciado. El Caso Cardama Uruguay no se va a solucionar con un par de candados nuevos en las oficinas de la calle 18 de Julio. Se necesita una transparencia que hasta ahora ha brillado por su ausencia y una firmeza que no se ha visto ni en el control del astillero ni en el orden interno de la cartera de Defensa.
Al final del día, los uruguayos nos quedamos sin barcos, con un posible juicio millonario en puerta y con la certeza de que en el Ministerio cualquiera dice lo que quiere y nadie se hace cargo. Si este es el nivel de resguardo de nuestra información estratégica, estamos en el horno. El tiempo dirá si las comisiones parlamentarias arrojan luz o si, como la investigación de Lazo, terminan en un prolijo y conveniente olvido.
El mapa político de América Latina está sufriendo un sismo cuyas réplicas recién empezamos a dimensionar. Lo que durante décadas fue un bloque monolítico de cooperación militar y de inteligencia hoy muestra fisuras irreversibles. Las fuerzas de seguridad cubanas en Venezuela comenzaron a abandonar el territorio caribeño, en un movimiento que marca un antes y un después para el chavismo tras la estrepitosa captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
Este repliegue no es casualidad. Responde a una combinación de factores que van desde la presión asfixiante de la Casa Blanca hasta un cambio de guardia en el Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas del poder en este escenario de transición, parece haber entendido que la supervivencia del régimen depende de una renegociación directa con Washington, y para eso, la presencia de los agentes de La Habana es una moneda de cambio que ya está sobre la mesa.
Uno de los datos más reveladores de esta nueva etapa es la decisión de Rodríguez de confiar su integridad física exclusivamente a militares venezolanos. A diferencia de Nicolás Maduro y del propio Hugo Chávez, quienes dormían custodiados por fuerzas de élite de la isla, la actual mandataria decidió «nacionalizar» su seguridad. Según fuentes cercanas al gobierno, esta decisión busca enviar un mensaje de soberanía interna y, al mismo tiempo, calmar las aguas con el gobierno de Donald Trump.
La influencia del contingente armado fue, durante años, el cemento que mantuvo unido al aparato de contrainteligencia. Los agentes de la isla no solo cuidaban espaldas; estaban integrados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), siendo piezas clave para detectar conspiraciones y desmantelar a la oposición interna. Hoy, esos asesores están siendo desplazados de sus cargos estratégicos y muchos ya habrían abordado vuelos de regreso a La Habana.
El quiebre definitivo parece haberse sellado con sangre. El régimen cubano confirmó que 32 de sus ciudadanos murieron durante el operativo militar que terminó con la captura de Maduro. Este golpe no solo desarticuló la cúpula chavista, sino que dejó en evidencia que la protección cubana ya no era infalible. Donald Trump no tardó en capitalizar este fracaso, asegurando que el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba —la sangre que alimentaba la economía de la isla— se cortó definitivamente.
La Casa Blanca ha sido tajante: para que exista un diálogo fluido con Caracas, el personal de defensa deben desaparecer del mapa. Washington busca estrangular económicamente a La Habana cortando su principal fuente de energía, mientras que para Venezuela, deshacerse de los «tutores» cubanos es la única vía para levantar las sanciones que tienen al país de rodillas.
Nota editorial: Según analistas de la Universidad de Nueva York, la salida de los cubanos representa el mayor desafío de contrainteligencia para el chavismo en veinte años, ya que pierden el «ojo clínico» que evitaba los golpes de Estado.
A pesar de los vuelos de regreso y las sillas vacías en la DGCIM, sería ingenuo pensar que la influencia de la isla desaparecerá de la noche a la mañana. Expertos en seguridad advierten que, si bien la presencia visible de los efectivos militares disminuye, es muy probable que permanezcan núcleos encubiertos. Estos agentes tendrían la misión de monitorear la lealtad de los mandos militares venezolanos hacia Delcy Rodríguez y vigilar los movimientos de las agencias estadounidenses en la zona.
Médicos y colaboradores: Muchos siguen en el país, pero bajo un régimen de incertidumbre total.
Asesores militares: Algunos continúan enseñando en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Inteligencia encubierta: Se cree que el G2 cubano mantiene células dormidas en puntos clave de Caracas.
Delcy Rodríguez camina por una cuerda floja. Por un lado, mantiene una relación personal y afectiva muy fuerte con la cúpula cubana; por otro, sabe que si no cumple con las exigencias de Trump, su destino podría ser el mismo que el de su predecesor. Las fuerzas de seguridad cubanas en Venezuela funcionaron como un «seguro contra todo riesgo» durante décadas, pero hoy ese seguro parece haber vencido y la prima para renovarlo es demasiado cara.
La imagen de Rodríguez dándose la mano con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, es la foto de este nuevo tiempo. Es una diplomacia de necesidad. Mientras tanto, los soldados cubanos que alguna vez se sintieron dueños de los pasillos de Miraflores hoy despiden con honores a sus caídos y preparan el bolso para un regreso a una isla que, sin petróleo venezolano, se enfrenta a un apagón histórico.
En un movimiento que busca dar señales de austeridad en un año de restricciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido poner el cartel de venta a parte de su patrimonio inmobiliario más exclusivo. La medida, que apunta directamente a reducir el Gasto en Cancillería, afecta a las residencias oficiales de los embajadores en Madrid, Washington DC y Lima. Esta decisión no es un hecho aislado, sino que forma parte de una reestructura profunda que busca optimizar cada peso que el Uruguay invierte en sus misiones diplomáticas alrededor del mundo.
La confirmación de este proceso de enajenación de bienes llega en un momento donde la lupa sobre el Dinero en Relaciones Exteriores es más potente que nunca. El Poder Ejecutivo, mediante decretos aprobados recientemente, ha fusionado partidas presupuestales que antes funcionaban de manera estanca, como los fondos para mantenimiento, arrendamientos y contrataciones. El objetivo es claro: centralizar el control y evitar que las misiones diplomáticas operen como islas presupuestales ajenas a la realidad económica que se vive en Montevideo.
La instrucción enviada por la Cancillería uruguaya a sus representantes en España, Estados Unidos y Perú es tajante. Deben iniciar los trámites para desprenderse de inmuebles que, en muchos casos, acarrean costos de mantenimiento prohibitivos debido a su antigüedad y ubicación en barrios de alta alcurnia. Al vender estas propiedades, se espera que el Erario diplomático se transforme: de ser un propietario con costos fijos altísimos, el Estado pasará a ser un arrendatario, siguiendo una modalidad que ya se aplica con éxito en la mayoría de nuestras delegaciones internacionales.
Este cambio de paradigma busca eliminar la pesada carga que supone la gestión de activos fijos en el exterior. Mantener una residencia oficial en Washington, por ejemplo, implica impuestos, seguros y reparaciones que muchas veces superan ampliamente lo que costaría un alquiler de primer nivel. Al reducir esta Asignación presupuestaria, el Ministerio espera liberar fondos para áreas más estratégicas, como la promoción comercial o la mejora de los servicios consulares para los uruguayos que residen fuera del país y que a menudo reclaman mayor atención.
Pero el plan de recorte no termina en la venta de las casas. El ajuste en el Gasto en Cancillería también incluye un límite estricto a la cantidad de personal de servicio y administrativo que puede contratarse en las residencias. Se acabaron los tiempos de plantillas sobredimensionadas; ahora, cada misión diplomática deberá justificar hasta el último auxiliar contratado. Esta medida responde a una necesidad de profesionalizar la gestión y asegurar que los recursos se destinen a la labor diplomática sustantiva y no a la logística doméstica de los embajadores.
Resulta sumamente crítico analizar que estas disposiciones varían según la situación de cada sede, reconociendo que no es lo mismo operar en un mercado como el de Lima que en la competitiva Madrid. El Gasto en Cancillería se está analizando «caso por caso», buscando que el ajuste no comprometa la calidad de la representación uruguaya ni la capacidad de negociación de nuestros diplomáticos. Sin embargo, el mensaje político es unívoco: no hay espacio para el despilfarro en un servicio exterior que debe ser el reflejo de un país que cuida sus cuentas.
La transición hacia residencias alquiladas permitirá una flexibilidad que el Estado uruguayo no tenía hasta ahora. Si una misión pierde relevancia estratégica, el Gasto en Cancillería puede ajustarse rápidamente rescindiendo un contrato, algo imposible cuando se es dueño de un edificio histórico difícil de vender. Esta agilidad es la que busca la administración actual para adaptar nuestra red diplomática a un mundo que cambia a una velocidad que los tiempos burocráticos del pasado no permitían.
A medida que se concreten las ventas en Madrid, Washington y Lima, el gobierno deberá informar sobre el destino de esos capitales. La transparencia en este proceso será fundamental para que el ahorro en el Gasto en Cancillería sea percibido por la ciudadanía como una mejora real en la gestión pública. Por ahora, los embajadores en estas tres capitales ya saben que sus días en las históricas mansiones oficiales están contados, marcando el fin de una era de opulencia patrimonial para dar paso a una gestión basada en la austeridad y la eficiencia.
¿Será este recorte en el patrimonio inmobiliario suficiente para modernizar la diplomacia uruguaya, o se corre el riesgo de perder presencia institucional en las capitales más influyentes del mundo?
El Barrio Nuevo Uruguay vuelve a ser noticia por la peor de las razones: la inseguridad galopante y el ensañamiento contra los más vulnerables. En las últimas horas, las instalaciones del Merendero Andresito, gestionado por el Club de Leones Filial Andresito y Salto Los Azahares, fueron blanco de un ataque vandálico que dejó destrozos materiales de gran magnitud y un vacío enorme en el corazón de la comunidad. Este espacio no es solo un techo y cuatro paredes; es el lugar donde más de 65 niños y niñas de la zona encuentran, además de un vaso de leche, la contención y el afecto que muchas veces el estado les niega
Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, los responsables de este ataque actuaron con una saña inexplicable, dañando elementos esenciales para el funcionamiento diario del merendero. La denuncia ya fue radicada y se espera que las pericias logren dar con estos sujetos que, con total impunidad, arremetieron contra un esfuerzo solidario que se sostiene a pulmón gracias al trabajo de voluntarios y vecinos. Lo que más indigna a los salteños es que este tipo de episodios se repiten en la zona sin que exista una respuesta firme de las autoridades para proteger los espacios comunitarios que intentan remendar el tejido social roto del barrio
El impacto de este hecho trasciende lo material. El Merendero Andresito cumple un rol fundamental en el Barrio Nuevo Uruguay, brindando apoyo escolar y acompañamiento a familias que atraviesan situaciones críticas. Al atacar este lugar, no solo se rompen vidrios o mobiliario, se vulnera la esperanza de decenas de gurises que ven en el merendero su único refugio seguro. Los integrantes del Club de Leones expresaron su profundo desaliento ante la reiteración de estos actos de vandalismo que parecen no tener freno
Esta situación deja al descubierto, una vez más, la falta de prevención y patrullaje en los puntos más calientes de Salto. Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, los vecinos se sienten en un estado de total indefensión, viendo cómo los delincuentes se ensañan con las instituciones que más ayudan a la gente. La protección de estos espacios sociales debería ser una prioridad absoluta para el Ministerio del Interior, ya que allí se resguarda el futuro de los niños que hoy se quedaron sin su merienda por culpa de unos pocos inadaptados
Desde la filial Andresito del Club de Leones se hizo un llamado desesperado a la reflexión y a la acción inmediata de la justicia. No se puede permitir que la solidaridad sea rehén de la delincuencia. El compromiso de los voluntarios sigue firme, pero el sentimiento de impotencia es compartido por todo Salto. Es imperioso que se identifique a los responsables y se apliquen sanciones ejemplares para que el Merendero Andresito pueda volver a abrir sus puertas sin el miedo constante de ser atacado nuevamente
Uruguay Al Día seguirá de cerca el avance de las investigaciones para asegurar que este atropello contra la infancia no quede impune. En un momento donde la sociedad necesita más unión que nunca, estos ataques solo siembran división y tristeza. La comunidad del Barrio Nuevo Uruguay exige respuestas y, sobre todo, la seguridad necesaria para que sus niños puedan seguir creciendo con la contención que este merendero les brinda día tras día
Sumario: La documentación oficial a la que accedió Uruguay Al Día no solo es grave, sino que constituye una prueba irrefutable de cómo la política más rancia utiliza las instituciones del estado como un búnker de impunidad. El protagonista de esta trama de corrupción administrativa y ética es nada menos que Luis Alonso Jaime, quien hoy ostenta el cargo de presidente del Frente Amplio en Salto. Los papeles hablan por sí solos y revelan que este funcionario, que debería haber sido expulsado de la administración pública hace años por sus reiterados incumplimientos, fue salvado por una red de protección que involucra la desidia del gobierno nacional y el auxilio desesperado del intendente Andrés Lima. No estamos ante un perseguido político, estamos ante un técnico informático que se burló de la salud pública mientras utilizaba su peso partidario para mantenerse intocable
Según las fuentes consultadas por Uruguay Al Día, el expediente de Luis Alonso Jaime es un compendio de desvergüenza administrativa. Los documentos revelan una conducta que cualquier ciudadano honesto calificaría como la de un hijo de puta que se aprovecha del sistema. Mientras miles de salteños esperan meses por una consulta médica o sufren las fallas en los sistemas informáticos de las policlínicas, el máximo jerarca del Frente Amplio en el departamento se dedicaba a coleccionar faltas injustificadas y a eludir cada control que la dirección de la RAP de Asse intentaba imponerle. Lo que hoy sale a la luz es la prueba de que en Salto existe una casta política que no rinde cuentas y que tiene en Andrés Lima a su principal guardaespalda
Todo este circo administrativo comenzó a quedar registrado en agosto de 2016. En aquel entonces, la dirección de la RAP Salto intentó notificar al técnico por una serie de faltas que ya eran insostenibles. La respuesta de Alonso Jaime no fue el trabajo o la rectificación, sino la puesta en escena de una tragedia personal. Alegó haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un vecino, utilizando una denuncia penal real como una «patente de corso» para no presentarse a su puesto de trabajo. Si bien la situación de seguridad era un tema legal, los documentos demuestran que el funcionario la estiró como un chicle para justificar ausencias que no tenían ninguna relación con su seguridad personal, convirtiendo un drama vecinal en una herramienta de evasión laboral
La resolución 017/16, firmada por el Dr. Jonatan Lombardo, deja constancia de una actitud desafiante y soberbia. En ese documento se detalla que Luis Alonso Jaime se negaba sistemáticamente a firmar las planillas de asistencia en la sección administración. Este es el comportamiento típico de quien se sabe protegido por el poder político: el desprecio por la norma básica. Para el actual presidente del Frente Amplio en Salto, las reglas de cualquier trabajador estatal no parecían aplicarse. Él jugaba en otra liga, la liga de los que tienen el teléfono directo de los que mandan
A medida que pasan los años, el expediente se vuelve una montaña de pruebas que nadie se animaba a ejecutar. La resolución 011/18, de febrero de 2018, es quizás uno de los puntos más altos de esta joda institucional. En ella se describe cómo el técnico informático desaparecía de su puesto y no respondía a los llamados telefónicos de sus superiores. Es decir, el hombre cobraba como técnico pero no estaba cuando las computadoras fallaban. Según fuentes policiales consultadas por Uruguay Al Día, el nivel de impunidad era tal que la administración tuvo que disponer seguimientos para intentar ubicarlo, algo inaudito para un funcionario de su rango. Este comportamiento no es el de un trabajador bajo presión, es el de un ñoqui que se sabe blindado por su cargo partidario
Llegamos a enero de 2019 y la situación seguía igual de podrida. La resolución 022/19 fue el último manotazo de ahogado de una administración que ya no sabía qué hacer con este personaje. Se le ordenó cumplir funciones en un local específico bajo vigilancia directa. Pero Alonso Jaime, ya con un pie en la estructura política fuerte del departamento, simplemente ignoró las órdenes. Sabía que el tiempo jugaba a su favor y que las elecciones estaban cerca. Sabía que, pasara lo que pasara, su partido y su líder, Andrés Lima, no lo iban a dejar caer
Lo que resulta imperdonable y que este diario denuncia con total firmeza es la inacción de las autoridades nacionales del gobierno anterior. Durante dos años, con las pruebas de las resoluciones 017, 011 y 022 sobre la mesa, el gobierno de la coalición multicolor en Asse tuvo la oportunidad histórica de firmar la destitución de este funcionario. Tenían los elementos legales para cerrar el sumario administrativo y mandarlo a su casa. Sin embargo, por una mezcla de inoperancia burocrática y falta de coraje político, permitieron que el expediente se llenara de polvo en los escritorios de Montevideo. Esa omisión fue el oxígeno que Luis Alonso Jaime necesitaba para concretar su huida hacia adelante
Cuando el cerco administrativo finalmente parecía cerrarse y el sumario estaba por estallar, apareció la mano salvadora de Andrés Lima. El intendente de Salto, en un acto que solo puede calificarse como un blindaje mafioso, gestionó un pase en comisión en el Parlamento Nacional para rescatar a su presidente del Frente Amplio de las garras de la justicia administrativa de Asse. Con este movimiento, Lima no solo premió el incumplimiento, sino que se burló de todos los salteños. Se llevó a la intendencia a un funcionario que debería estar destituido, dándole un refugio donde los sumarios de Asse ya no tienen alcance. Es la «lavandería de expedientes» más grande que se haya visto en el litoral uruguayo
El intendente de Salto ya no puede hablar de transparencia ni de ética. Al rescatar a Luis Alonso Jaime, Lima ha sellado un pacto de impunidad que deja claro quiénes mandan realmente en el departamento. Según fuentes políticas consultadas por Uruguay Al Día, el pase en comisión fue la única forma de evitar que el sumario de Asse terminara en la destitución efectiva. Ahora, el presidente del Frente Amplio en Salto sigue cobrando un sueldo público, pero bajo la protección del despacho municipal, lejos de los controles que intentaron imponerle en la salud pública. Es un insulto a la inteligencia del pueblo y un golpe mortal a la moral de los funcionarios municipales honestos que ven cómo llega este «paracaidista» con un legajo manchado de faltas y resoluciones negativas
La gravedad de que el presidente del principal partido de oposición en el departamento sea el protagonista de este escándalo de ñoquismo y blindaje político es total. ¿Con qué cara puede el Frente Amplio de Salto criticar la gestión de otros si tienen en su máxima poltrona a un hombre que se escapó de un sumario de Asse gracias a un favor del intendente? La documentación a la que accedió Uruguay Al Día es la prueba de que el relato de la honestidad partidaria es una cáscara vacía. Detrás de los discursos de justicia social, lo que hay es un reparto de favores para salvar a los amigos del poder
El análisis de las fechas y las vistas que le hicieron a Alonso Jaime, tal como nos advirtió el informante, demuestra que el sistema está diseñado para que los que tienen poder nunca caigan. Se le dieron infinitas oportunidades de descargo, se le permitieron justificaciones ridículas y se le extendieron los plazos de manera escandalosa. Mientras un trabajador privado es echado por llegar tarde tres días, este técnico informático y dirigente político pasó años burlándose de las resoluciones oficiales. El expediente administrativo que debió terminar en 2020 fue estirado artificialmente hasta que el pase en comisión de Andrés Lima lo puso a salvo
Uruguay Al Día no va a permitir que esta joda se mantenga en el anonimato. Los nombres están sobre la mesa: Luis Alonso Jaime, el beneficiario de la impunidad; el Dr. Jonatan Lombardo, el firmante de resoluciones que nadie ejecutó; y Andrés Lima, el arquitecto del salvataje político. La salud pública de Salto perdió a un técnico que nunca estuvo cuando se lo necesitó, pero la intendencia ganó a un operador político que ahora le debe su carrera al favor del intendente. Es un círculo vicioso de corrupción blanca que desangra las arcas del estado y pudre las instituciones
La documentación que hoy publicamos es el fin del relato. Ya no hay vuelta atrás. Los salteños tienen ahora la prueba documental de cómo se maneja la cosa pública cuando los amigos están en peligro. Luis Alonso Jaime no es un trabajador perseguido, es el presidente de un partido político que usó su influencia para no trabajar y para no ser sancionado. Y Andrés Lima es el responsable político de haberle dado la mano para cruzar la calle de la impunidad. Uruguay Al Día seguirá firme, denunciando a estos personajes y exponiendo cada expediente que intenten cajonear, porque el departamento de Salto merece una administración limpia y no una cueva de protegidos políticos que se ríen de la gente.
El regreso de la delegación uruguaya desde Beijing ha dejado al descubierto una interna efervescente. La misión oficial a China encabezada por Yamandú Orsi cumplió con los objetivos políticos de alto nivel, pero falló estrepitosamente en el manejo de los 115 representantes de 80 empresas que cruzaron el mundo para hacer negocios. Lo que debía ser una aceitada maquinaria de diplomacia comercial terminó pareciéndose, por momentos, a una excursión improvisada, con jerarcas y privados tironeando de una agenda que cambiaba sobre la marcha sin previo aviso.
Varios empresarios que formaron parte de la comitiva relataron a la prensa nacional que la falta de coordinación fue la norma y no la excepción. El punto máximo de tensión se vivió cuando una decena de exportadores llegó tarde a la reunión con el mandatario chino Xi Jinping, a pesar de haber salido de sus hoteles con horas de antelación. Este tipo de fallas en una cultura donde la puntualidad es un valor sagrado no solo generó incomodidad, sino que fue visto como un golpe a la imagen de seriedad que el país intenta proyectar en cada delegación oficial uruguaya en China
El malestar no se limitó a las llegadas tarde, sino también a la comunicación interna sobre las actividades paralelas. Durante el viaje institucional a la República Popular China, un grupo de empresarios fue informado de que la visita a la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida se había cancelado por «cuestiones de agenda», para luego enterarse por redes sociales que el presidente Orsi sí había asistido con otros colegas. Esta segmentación de la información generó un clima de suspicacia y división en una delegación que, en teoría, debía mostrarse como un bloque sólido y potente ante los ojos del mundo.
Incluso el propio presidente Orsi debió intervenir personalmente, acercándose a uno de los hoteles para intentar calmar los ánimos de los viajeros. La respuesta recibida por los empresarios cuando planteaban sus quejas desnudó un problema de jerarquías: no estaba claro si la batuta de la organización la llevaba Uruguay XXI, la Cancillería o directamente Presidencia. Este vacío de mando en la misión oficial a China es lo que más preocupa a las cámaras empresariales, que ahora exigen protocolos más claros para futuras salidas al exterior.
Pese al ruido logístico, el balance técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resalta avances significativos. La misión oficial a China permitió la firma de once nuevos acuerdos y la actualización de otros tantos que datan de la gestión de Luis Lacalle Pou en 2023. Uno de los hitos más celebrados es la apertura del mercado para la carne aviar, tras la firma de un protocolo de inspección y cuarentena que permitirá a la industria local competir en uno de los destinos más codiciados del planeta.
Además de los temas cárnicos, se lograron avances en cooperación científica, ambiental y en la gestión sostenible de recursos pesqueros. El informe final enviado por el Ejecutivo a los empresarios destaca que la misión oficial a China sirvió para consolidar la Asociación Estratégica Integral, un proceso de continuidad que trasciende los colores partidarios. Sin embargo, para los especialistas en comercio exterior, el «realismo pragmático» que menciona el documento oficial debería incluir, necesariamente, una mejora sustancial en la ejecución operativa de los viajes de Estado.
El documento elaborado por la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP funciona como una bitácora detallada de los siete días de gira. Incluye anexos geopolíticos que sitúan a Uruguay en el tablero global y analiza el impacto del XV Plan Quinquenal chino en nuestras exportaciones primarias. Sin embargo, el texto no hace mención directa a los incidentes de transporte o las fallas comunicativas que marcaron la agenda diaria de la delegación empresarial durante la misión oficial a China.
La Cámara de Comercio Uruguay-China ha preferido poner el foco en la «potencia» de la delegación y en la firma de convenios para el sector de innovación y biotecnología. No obstante, el reclamo por la falta de un liderazgo claro en la organización sigue latente entre los directivos de empresas privadas. Para ellos, una misión oficial a China es una inversión de tiempo y dinero que no puede quedar sujeta al azar de un chofer que no conoce el destino o a una comunicación interna deficiente que los deja afuera de las fotos oficiales.
En definitiva, la gira de 2026 será recordada tanto por los protocolos sanitarios para nueces pecanas y cálculos biliares como por el «caos» que obligó al presidente a dar explicaciones en los pasillos de un hotel. La diplomacia comercial uruguaya enfrenta ahora el reto de profesionalizar sus operativos para que los logros políticos no se vean opacados por desprolijidades administrativas.
El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) se encuentra en medio de un torbellino mediático que poco tiene que ver con tasas de interés o créditos hipotecarios. El gasto en galletitas del BROU, destinado originalmente a abastecer las gerencias de las unidades funcionales de Montevideo y los cursos de capacitación, se convirtió en un símbolo de la ineficiencia en las compras estatales. Lo que comenzó como una rutinaria adquisición de 280 cajas de galletitas «Porteñitas» de la marca Bagley, terminó siendo una retirada desprolija de la institución ante la presión pública y política.
La polémica estalló cuando usuarios de la red social X (antes Twitter) detectaron, mediante datos de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), que el banco estaba pagando cada paquete a unos 62 pesos uruguayos. El dato no pasó desapercibido para el senador blanco Sebastián da Silva, quien se hizo eco de la denuncia: en cualquier supermercado de barrio, ese mismo producto ronda entre los 40 y 55 pesos. Esta polémica por compras de galletitas en el banco, que sumaba un total de 400.000 pesos, desnudó una gestión de compras que, en el mejor de los casos, pecó de negligente al no comparar precios básicos de mercado.
Ante el asedio mediático y los pedidos de informes, la gerencia general del banco estatal emitió una circular interna que modifica resoluciones que datan del año 2015. Lo curioso es que, para justificar la cancelación del saldo de la compra (de la cual ya se había recibido y pagado el 20%), el banco no aludió al error en el precio, sino a una repentina preocupación por el bienestar de sus empleados. Según la institución, el BROU y sus gastos curiosos se suspende porque el banco está «evolucionando hacia prácticas de alimentación más saludables» y promoviendo la «medicina del estilo de vida».
Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por gran parte de la opinión pública. Resulta difícil de creer que la preocupación por la salud laboral de los gerentes haya surgido justo en el momento en que se viralizó el sobreprecio de las galletitas argentinas. Las galletitas en la lista de compras del banco ahora queda prohibido incluso para las dependencias del interior, que antes utilizaban sus fondos permanentes para estas compras. Ahora, el suministro se cortará definitivamente una vez que se agote el stock existente, dejando a las reuniones de gerencia sin el clásico acompañamiento dulce.
El caso pone sobre la mesa el rol fundamental de las redes sociales y la transparencia activa en el control del gasto público. Si no fuera por la vigilancia ciudadana sobre los datos de ARCE, el gasto en galletitas del BROU habría pasado como un trámite administrativo más, financiando con dinero de todos una compra que beneficiaba más al proveedor que a las arcas públicas. El BROU informó a Búsqueda que, de las 11 compras de este rubro realizadas en los últimos dos años, la de las «Porteñitas» era la más abultada y la única que fue cortada abruptamente tras recibir solo una parte del pedido.
Es llamativo que otras adquisiciones menores, como galletas de arroz para celíacos, no sufrieran el mismo escrutinio ni despertaran la «alarma saludable» del banco. El gasto en galletitas del BROU se ha vuelto una lección de relaciones públicas: cuando el dato mata al relato, la salida más elegante es la de la «vida sana». Sin embargo, para los contribuyentes, queda el sabor amargo de saber que se necesitan denuncias anónimas en internet para que un ente estatal revise en qué se le va la plata de los uruguayos.
La resolución del 29 de septiembre de 2025 marca un antes y un después en la logística de cortesía de la institución. Al excluir las «galletas dulces o saladas» del listado de artículos suministrables, el banco intenta cerrar un capítulo bochornoso. Pero el gasto en galletitas del BROU dejó una marca en la credibilidad de la gestión de compras. Si un banco, que se supone es experto en números y eficiencia financiera, no puede comprar galletitas a precio de mercado, ¿qué queda para el resto de las compras de infraestructura o tecnología que son mucho más complejas de auditar?
Al final del día, el BROU comunicó a los proveedores que no solicitará nuevas entregas, dando por cumplidas las órdenes de compra de forma anticipada. El gasto en galletitas del BROU se desvanece, pero la pregunta sobre la profesionalización de los compradores del Estado sigue más vigente que nunca. La «medicina del estilo de vida» parece haber llegado para salvar la imagen de la gerencia, aunque para muchos no sea más que una excusa para tapar una adjudicación que no resistía el menor análisis de costos.
¿Cuántos otros gastos de «cortesía» en entes estatales siguen pagándose con sobreprecios astronómicos solo porque nadie se tomó el trabajo de mirar la web de ARCE?
La fiesta de Momo en el litoral uruguayo atraviesa una crisis de identidad que va más allá de los desfiles y las murgas. El Carnaval de Salto, históricamente concebido como un espacio de encuentro popular y una oportunidad económica para los sectores más sumergidos, se encuentra hoy bajo fuego cruzado. La denuncia de Nilsa González, una vendedora ambulante de 78 años con una vida dedicada al trabajo honesto, desnudó una realidad incómoda: la supuesta privatización de los espacios públicos y la exclusión sistemática de quienes dependen de un carrito o una mesita para parar la olla.
Nilsa no es una desconocida en el departamento; es una figura representativa de la cultura del trabajo informal que, año a año, espera febrero para generar un ingreso extra que permita pagar deudas o simplemente comer mejor. Sin embargo, en esta edición de la fiesta popular de Salto, las piedras en el camino fueron más grandes que su voluntad. A pesar de haber golpeado puertas en diversas dependencias estatales, la respuesta fue un «no» rotundo que resuena como un agravio a la dignidad de los trabajadores más humildes del norte del país.
El testimonio de González apunta a un cambio de paradigma en la organización del evento. Según la vendedora, el Carnaval oficial de la ciudad de Salto actual está diseñado para que solo grandes cooperativas o empresas gastronómicas con capital de respaldo puedan instalarse. Los costos de los cánones y las exigencias logísticas han dejado fuera de juego al vendedor de tortas fritas, al manicero y al que ofrece pochoclos. «Los que tenemos un carrito, los humildes, no podemos trabajar», sentenció Nilsa con una angustia que refleja el sentir de decenas de familias que quedaron a pie.
Esta situación genera una contradicción flagrante con el espíritu de una festividad financiada con recursos públicos. Mientras el predio oficial se puebla de stands con precios que resultan inaccesibles para el bolsillo del salteño medio, en las afueras queda la resistencia de quienes ven vulnerado su derecho constitucional al trabajo. La privatización de hecho del Evento artístico y comunitario en Salto no solo afecta el bolsillo de la vendedora, sino que encarece la experiencia para todo el pueblo, transformando una tradición cultural en un servicio de consumo restringido.
La denuncia de Nilsa González tomó un tinte más oscuro al relatar las «alternativas» propuestas por los organizadores. A una mujer de casi ocho décadas, se le sugirió que, si quería vender, debía hacerlo caminando con una bolsa al hombro, prohibiéndole el uso de su carrito o una estructura mínima para sentarse. Este tipo de propuestas para participar en el carnaval más esperado del norte rozan el maltrato y desconocen la realidad física de los adultos mayores que, lejos de pedir limosna, solo reclaman un lugar para trabajar con decencia.
«No me voy a humillar», aseguró González, plantando bandera frente a una burocracia que parece haber perdido la brújula de la empatía. Es paradójico que en el discurso político se critique constantemente la informalidad o la falta de voluntad laboral, pero cuando una ciudadana intenta cumplir con la normativa para el Carnaval de Salto, se encuentre con reglamentaciones que parecen redactadas para expulsarla. La falta de sensibilidad en la gestión de los espacios públicos es un síntoma de una política que prioriza el orden estético y la recaudación por encima del tejido social.
El caso de Nilsa es la punta del iceberg de un malestar generalizado entre los vendedores ambulantes de Salto. La sensación es que el Carnaval de Salto 2026 ha sido capturado por una lógica mercantilista donde el que no tiene plata para pagar un piso caro, no tiene voz ni voto. La denuncia está instalada y el debate sobre la función social de los eventos públicos es urgente: ¿para quién se organiza la fiesta? Si los recursos son de todos, el beneficio no debería ser únicamente para las empresas con capacidad de lobby o grandes presupuestos.
Hasta el momento, el silencio de las autoridades municipales y de la comisión organizadora del Carnaval de Salto solo aumenta la indignación de los vecinos. Se apela a la Constitución para recordar que el derecho al trabajo es sagrado, y más aún cuando se trata de sustento vital. El Carnaval debe ser, por definición, un espacio de transgresión y libertad, no una vidriera de exclusión donde se castiga la pobreza. La respuesta que den los responsables marcará si Salto mantiene su corazón popular o si se entrega definitivamente a la lógica de un negocio para pocos.
¿Es posible justificar la exclusión de los trabajadores más vulnerables en nombre de una «mejor organización» de un evento que pertenece a todo el pueblo?