En el Ministerio del Interior, la estrategia parece ser clara: cuando la realidad se vuelve insostenible, hay que buscar un culpable menor, cambiarle la silla y seguir adelante como si nada hubiera pasado. La reciente remoción de jerarcas policiales en Montevideo no es más que el último capítulo de esta opereta de la inestabilidad. Mientras la inseguridad golpea la puerta de cada uruguayo, la oposición ha decidido subir el tono y apuntar, con razón, hacia donde realmente debe apuntar: el corazón de la gestión política.

«Cambian a todos, menos al ministro». La frase, contundente y lapidaria, resume el hastío de una oposición que ya no compra el relato de la «renovación». Carlos Negro, figura central en este engranaje de decisiones, se encuentra bajo un fuego cruzado donde la legitimidad de su gestión está, hace tiempo, en duda.

¿Un fusible que se quema solo?

La política de seguridad ha entrado en una espiral de improvisación donde los jefes policiales parecen fusibles. Se queman, se reemplazan, se vuelven a quemar y el resultado final sigue siendo el mismo: una Montevideo donde la delincuencia se siente cada día más cómoda. La oposición señala, con datos en mano, que la rotación de nombres es el síntoma de una falta de plan integral.

¿Hasta cuándo se puede sostener un modelo que solo se dedica a rotar sillas? El problema no es el policía que sale a la calle ni el jefe que coordina los patrullajes; el problema es la dirección política que los guía —o los desorienta— desde arriba. La permanencia de las jerarquías políticas mientras la fuerza policial se desangra en cambios constantes es una burla a la inteligencia de la ciudadanía.

La responsabilidad que nadie quiere asumir

Es fácil señalar al policía de carrera y decir que «no cumplió con las expectativas». Es mucho más difícil, claro, reconocer que el diseño de seguridad desde el Ministerio del Interior es una cáscara vacía. La oposición ahora exige explicaciones sobre el rol de Carlos Negro, reclamando que se asuman las responsabilidades políticas que corresponden. Porque si la política de seguridad fracasa, el responsable no es el comisario de turno, es quien puso la firma en el plan que terminó en papel mojado.

Lo que irrita no es solo el fracaso, es la soberbia. Ese tono de suficiencia con el que se anuncian cambios que, a la vista de todos, no resolverán el problema de fondo. Mientras el Ministerio se esconde detrás de las renuncias y los nombramientos, la violencia sigue su curso. La oposición, en esta oportunidad, ha logrado poner el dedo en la llaga: la crisis no es policial, es de gestión política.

El costo de sostener lo insostenible

Sostener a ciertos jerarcas a pesar de la evidencia de los resultados es una apuesta arriesgada que le está costando caro al gobierno. La ciudadanía ya no pide fotos de nuevos jefes asumiendo; pide resultados que bajen la tasa de delitos y devuelvan la tranquilidad a los barrios. Pero, por lo visto, eso es pedir demasiado.

La gestión de la seguridad en Uruguay se ha convertido en un laberinto donde el gobierno se encierra solo. Cada cambio en la cúpula es un reconocimiento tácito de que lo anterior no funcionó, y cada vez que insisten en no tocar la cabeza del Ministerio, lo único que hacen es demostrar que su prioridad es mantenerse en el poder, no solucionar los problemas de la gente. El reloj corre, la inseguridad no descansa y la paciencia de todos nosotros, a este paso, tiene fecha de vencimiento.