La estrategia de las defensas para clausurar uno de los expedientes más polémicos de la administración pública reciente ha fracasado en los tribunales de alzada. El Caso Cendoya, que investiga una trama de irregularidades, destrucción de evidencia y favores a emisoras radiales dentro de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), continuará su curso hacia el juicio oral. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno fue tajante al rechazar el recurso de prescripción interpuesto por los abogados de los imputados, quienes pretendían que el paso del tiempo extinguiera la responsabilidad criminal de los exjerarcas.
El fallo judicial que mantiene vivo el Caso Cendoya
La resolución judicial desarticuló el argumento técnico de los defensores, quienes sostenían que, basándose en la pena de 22 meses solicitada por la fiscalía, la acción penal ya había caducado tras cuatro años. Sin embargo, los ministros del tribunal coincidieron con el juez de garantías al señalar que la imputación formalizada en 2022 operó como un interruptor legal definitivo. Según la normativa vigente, una vez que el Estado inicia el proceso de formalización, el reloj de la prescripción se detiene, impidiendo que las maniobras dilatorias o la extensión de las audiencias jueguen a favor de la impunidad de los acusados.
Este revés jurídico significa que Nicolás Cendoya, exdirector del organismo, junto a otros exfuncionarios como Oscar Mecol y Luján Varela, deberán enfrentar el debate probatorio por los tres delitos que se les atribuyen. La justicia entendió que el abuso de funciones, por su naturaleza y gravedad, tiene un plazo de prescripción de diez años, y que el proceso ha sido dinámico a pesar de las más de cien audiencias de control de acusación que se han desarrollado hasta la fecha. El tribunal incluso calificó de «peregrino» el razonamiento de la defensa, subrayando que no se puede fragmentar el proceso para intentar forzar una caducidad inexistente.
Papeles triturados y radios sin control
El origen de este escándalo se remonta a una escena casi cinematográfica: el ingreso de un exsecretario a las oficinas de la Ursec para destruir documentación en una trituradora, justo cuando se producía el cambio de autoridades. Sin embargo, la investigación del fiscal Diego Pérez fue más allá de los papeles convertidos en confeti. El expediente detalla cómo, bajo la gestión de Cendoya, se habrían dictado órdenes arbitrarias para favorecer a emisoras que operaban en la ilegalidad.
Entre los hechos más graves figura la devolución de equipos a una radio en Palmitas que había sido clausurada por inspectores, permitiendo que siguiera emitiendo sin habilitación. Asimismo, se investiga la concesión de un ancho de banda desproporcionado a una emisora comunitaria en Salto, superando por 80 veces lo permitido por el Poder Ejecutivo, junto con instrucciones directas para que los técnicos del organismo evitaran realizar inspecciones en dicho lugar. Estas acciones, fechadas entre 2016 y 2020, son la base de la acusación por abuso de funciones.
La interminable etapa de control de acusación
Uno de los puntos que generó mayor fricción en las audiencias fue la duración de la etapa previa al juicio. Las defensas argumentaron que las cien instancias celebradas eran una muestra de paralización procesal. No obstante, el Tribunal de Apelaciones fue enfático al declarar que todas estas sesiones forman parte de una «unidad procesal» necesaria para debatir la evidencia. El tribunal advirtió que solo se consideraría la prescripción si el proceso se detuviera por una inacción real del sistema, algo que no ha ocurrido dada la complejidad del volumen de pruebas y testimonios involucrados en la trama.
Certezas sobre la responsabilidad penal
Con esta decisión, la Suprema Corte y los tribunales inferiores envían un mensaje de firmeza institucional. La prescripción no puede ser utilizada como una vía de escape cuando la fiscalía ha cumplido con los tiempos de imputación. El proceso ahora se encamina a definir qué elementos de prueba serán admitidos para el juicio final, donde se determinará si existió un uso patrimonialista y arbitrario del poder regulador en las comunicaciones uruguayas. La sombra de la corrupción en la Ursec sigue bajo la lupa judicial, frustrando el intento de los acusados de archivar el expediente por la puerta de atrás.
El Caso Cendoya entra ahora en su fase definitoria. La ratificación de que los delitos siguen vigentes obliga a las partes a confrontar la evidencia recolectada durante años de investigación. Para la opinión pública, el fallo representa una garantía de que los actos de presunto abuso en el ejercicio de la función pública no quedarán sepultados por el mero transcurso del calendario, asegurando que la verdad sobre lo ocurrido en las oficinas de la Ursec sea ventilada en un juicio público y contradictorio.