Las sombras detrás del interrogatorio policial a periodistas
Lo que ocurrió este sábado en el diario El País no es un error de procedimiento, es un síntoma peligroso. El Interrogatorio policial a periodistas que sufrió el editor Sebastián Cabrera es una bofetada a la democracia uruguaya. Cuando un oficial de policía decide, por su propia cuenta y «sin orden de fiscalía», entrar a una redacción para llevarse a un periodista a declarar por lo que escribe, no está buscando justicia; está buscando intimidar. ¿A qué le tiene miedo la Policía? ¿Qué intereses se están protegiendo en las sombras de una seccional de Piriápolis?
El diputado colorado Felipe Schipani no se quedó de brazos cruzados y ya anunció un pedido de informes al Ministerio del Interior. No es para menos. La citación policial a comunicadores se extendió por casi una hora, en un ambiente de presión donde se cuestionó el contenido de una investigación periodística sobre conflictos en Punta Colorada. Es inaudito que en un Estado de derecho, la fuerza pública actúe de oficio contra la prensa, saltándose el control de los fiscales, como si la libertad de expresión fuera un delito flagrante que ellos pueden reprimir a su antojo.
¿Quién dio la orden para este interrogatorio policial a periodistas?
La excusa fue una denuncia por difamación presentada por Richard Tesore, de la ONG SOS Rescate Fauna Marina. Hasta ahí, un trámite administrativo común. Lo que es cualquier cosa menos común es que los efectivos se sientan con el poder de «ir a buscar» al periodista a su lugar de trabajo. Este llamados a declarar por la policía huele a rancio, a prácticas que creíamos desterradas y que hoy vuelven para recordarnos que el abuso de funciones está a la vuelta de la esquina. Si no hubo una instrucción fiscal, ¿quién fue el oficial que se creyó por encima de la Constitución?
El día que vino a buscarme la Policía a la redacción y me interrogó durante casi una hora en la comisaría por una denuncia sobre una nota.
Lo cuento en esta crónica hoy en Qué Pasa de @elpaisuy (después de tantos años… uno se sigue sorprendiendo)https://t.co/hzvk046rqk pic.twitter.com/GE5wu6xLdp
— Sebastian Cabrera Arzuaga (@cabrera74) January 17, 2026
Los abogados más prestigiosos del país ya pusieron el grito en el cielo. Una interpelación policial a la prensa sobre sus fuentes o el tono de sus crónicas es una violación directa al secreto profesional. Que la Policía interrogue a un trabajador de los medios durante sesenta minutos sobre «por qué escribió lo que escribió» es un mensaje mafioso para el resto del gremio: «Cuidado con quién se meten porque podemos ir a buscarte». La falta de garantías en este episodio es tan grande que deja al descubierto la falta de formación, o lo que es peor, la mala fe de los actuantes.
El Ministerio del Interior en el ojo de la tormenta
El pedido de Schipani busca desenmascarar si este Interrogatorio policial a periodistas fue un «exceso de celo» de un oficial o si hay una bajada de línea para hostigar a la prensa que incomoda. No es casualidad que se elija a un editor de un suplemento de investigación. El Ministerio del Interior tiene la obligación de aclarar qué hacían sus efectivos perdiendo el tiempo en interrogar periodistas mientras la inseguridad golpea en cada esquina. ¿Tanto miedo le tienen a una nota sobre Punta Colorada que necesitan movilizar patrulleros para «apretar» a un editor?
Este lamentable hecho por parte de funcionarios policiales es una mancha que el ministro va a tener que limpiar con explicaciones muy sólidas. En Uruguay, la libertad de prensa no se negocia en una seccional. El precedente que se intentó sentar es nefasto: si un denunciante tiene amigos en la Policía, ¿puede mandar a interrogar a quien le plazca? La prepotencia policial que se vivió en este caso es el reflejo de una institución que, en algunos sectores, parece haber olvidado que está para proteger derechos, no para pisotearlos.
Una afrenta que exige responsabilidades inmediatas
La comunidad periodística no puede ni debe dejar pasar esta Indagatoria policial a trabajadores de prensa. Si hoy es un editor de El País, mañana es cualquier colega de una radio local o un portal del interior. La libertad de expresión es el último muro de defensa que tiene la ciudadanía frente al poder, y cuando la Policía intenta saltar ese muro sin una orden judicial, estamos en problemas graves. El Interrogatorio policial a periodistas que denunció Sebastián Cabrera debe ser el último de su clase; los responsables deben ser sancionados para que el uniforme deje de ser usado como una herramienta de censura.
Esperamos que el pedido de informes de Felipe Schipani llegue al fondo de la cuestión. Necesitamos nombres, apellidos y saber exactamente qué protocolo se violó. Porque cuando la Policía actúa fuera de la ley para cuestionar a la prensa, la que queda bajo sospecha es la propia Policía.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los responsables de este procedimiento para ocultar que actuaron como una fuerza de choque privada y no como servidores públicos?