La seguridad dentro de los centros educativos de nuestro país ha vuelto a quedar en el centro del debate tras un episodio ocurrido en la localidad de Cerro Pelado, en el departamento de Lavalleja. Lo que comenzó como una jornada de recreación habitual para una alumna de 11 años derivó en un cuadro clínico complejo y una denuncia formal por presunta omisión de asistencia contra las autoridades de la institución.
Una jornada de dolor y falta de auxilio médico
El incidente tuvo lugar el pasado martes durante las actividades físicas de la escuela. La menor sufrió un impacto severo que, según el diagnóstico posterior, le provocó una doble fractura en su muñeca. Sin embargo, el foco del reclamo familiar no se centra únicamente en el siniestro, sino en la respuesta institucional que recibió la pequeña tras el golpe.
De acuerdo con el relato de los progenitores, el centro educativo no activó el protocolo de emergencia móvil que corresponde ante este tipo de traumatismos. En lugar de recibir atención profesional inmediata, la niña permaneció dentro del aula durante el resto del horario escolar. El «tratamiento» brindado por la escuela consistió únicamente en la aplicación de hielo local, mientras la estudiante debía mantener el brazo elevado por sus propios medios mientras el dolor se intensificaba con el correr de las horas.
De las aulas al quirófano: consecuencias de un accidente escolar en Lavalleja
La gravedad del cuadro solo fue advertida cuando los padres retiraron a su hija de la institución. Ante la evidente hinchazón y el malestar de la menor, fue trasladada de urgencia al hospital departamental. Allí, el personal médico constató la entidad de las lesiones óseas y dispuso el ingreso inmediato al bloque quirúrgico.
La intervención quirúrgica fue necesaria para estabilizar las fracturas, un desenlace que la familia entiende se pudo haber evitado o al menos mitigado si se hubiese solicitado asistencia facultativa en el momento exacto del hecho. Los padres cuestionan la idoneidad de los responsables del centro para evaluar la salud de los alumnos bajo su cuidado, señalando que la falta de un médico en el lugar durante las horas posteriores al accidente agravó innecesariamente el sufrimiento de la niña.
Acciones legales y protocolos de seguridad en la mira
Este caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad de Cerro Pelado y ya se encuentra en manos de las autoridades de la educación pública. La familia ha elevado un reclamo formal para que se investigue por qué se decidió no solicitar una unidad de emergencia móvil, un servicio con el que cuentan todas las escuelas públicas del país para este tipo de contingencias.
Expertos en seguridad escolar señalan que los protocolos son estrictos: ante cualquier golpe que sugiera una lesión ósea o pérdida de conocimiento, la prioridad absoluta debe ser la evaluación profesional por encima de cualquier otra consideración administrativa. El caso de Lavalleja pone de manifiesto la vulnerabilidad de los estudiantes cuando los mecanismos de respuesta rápida fallan, dejando abierta la puerta a posibles responsabilidades administrativas y penales por la demora en la atención.
Por el momento, la alumna se recupera de la cirugía, mientras se aguardan los descargos de la dirección de la escuela. La investigación deberá determinar si existió una subestimación del daño por parte del personal docente o si hubo una falla en la comunicación que impidió que la niña recibiera el auxilio médico que su estado requería con desesperación.