El indulto presidencial otorgado a Nicole Minetti en Italia ha desencadenado una serie de complicaciones internacionales que ahora involucran directamente a Uruguay. Lo que parecía ser un acto de gracia motivado por razones humanitarias ha evolucionado en una intrincada investigación que cuestiona tanto el proceso de adopción de un niño como la veracidad de los motivos presentados para obtener el perdón estatal.
El origen del indulto
Nicole Minetti, conocida por su pasado en la televisión y su papel como consejera regional en Lombardía, fue condenada por su implicación en los escándalos del ex primer ministro Silvio Berlusconi. Su indulto, firmado en febrero de 2026, se justificó por la necesidad de cuidar a un menor gravemente enfermo. Sin embargo, un informe del diario Il Fatto Quotidiano cuestionó esta justificación, sugiriendo que el niño, adoptado en Uruguay, no había sido abandonado al nacer, sino que tenía padres biológicos conocidos.
Implicaciones en Uruguay
En Uruguay, el caso ha adquirido una dimensión delicada. Documentos judiciales indican que el niño ingresó al sistema del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) debido a la vulnerabilidad de su madre y el encarcelamiento de su padre. Aunque la justicia uruguaya promovió inicialmente la reunificación familiar, Minetti y su pareja, Giuseppe Cipriani, avanzaron con una adopción que incluyó la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos.
Investigaciones y sospechas
La adopción fue certificada en Maldonado y reconocida en Italia, pero las discrepancias entre los documentos de ambos países han alimentado las investigaciones. Informes en Montevideo sugieren que la adopción fue “altamente irregular”, con posibles vínculos entre la pareja y el INAU. Además, el traslado del menor a Estados Unidos sin autorización legal añade más dudas al caso.
El caso se complica aún más con la desaparición de la madre biológica del niño y la muerte sospechosa de la abogada de la familia biológica. La justicia italiana investiga posibles conexiones entre estos eventos y el proceso de adopción, mientras que en Uruguay se examinan los mecanismos de adopción y la trazabilidad de los expedientes.
El escándalo ha generado preocupación pública y debate sobre la posibilidad de que personas influyentes puedan sortear controles institucionales. En Italia, la polémica ha escalado al plano político, con el presidente Mattarella solicitando explicaciones urgentes y la oposición exigiendo la renuncia del ministro de Justicia.