El escenario económico de Uruguay, caracterizado tradicionalmente por su estabilidad institucional y seguridad jurídica, se encuentra en el centro de un análisis crítico por parte de los principales actores del sistema financiero internacional. El gigante bancario estadounidense, JP Morgan, ha emitido un informe contundente que levanta una «bandera roja» sobre las conclusiones derivadas del «Diálogo Social» impulsado por la administración actual. La advertencia central es clara: cualquier intento de alterar las reglas de juego del sistema de ahorro individual administrado por las AFAP podría disparar el riesgo previsional Uruguay, socavando la confianza de los inversores globales y amenazando la credibilidad macroeconómica del país.
El informe de JP Morgan no se limita a una simple observación técnica. Representa la lectura fría y basada en números de quienes gestionan capitales a escala mundial y miden el riesgo con métricas rigurosas. La posibilidad de centralizar la gestión de las cuentas individuales en un organismo estatal, relegando a las AFAP a un rol secundario de administración de portafolios, es interpretada como una expropiación indirecta del ahorro privado, un cambio de paradigma que el mercado internacional no está dispuesto a ignorar.
Un cambio de reglas de juego que eleva la vulnerabilidad
El documento final del Diálogo Social propone un «esquema de ahorro generacional» con un «rol preponderante del Estado», donde las AFAP perderían la administración directa de las cuentas individuales de más de 1.7 millones de afiliados. Estas cuentas manejan fondos que superan los 27.800 millones de dólares, equivalentes a casi un tercio del PIB de Uruguay. Para JP Morgan, este no es un ajuste menor, sino una transformación estructural que introduce incertidumbre sobre la propiedad privada de esos fondos, que son fruto del esfuerzo diferido de los trabajadores y no dinero estatal.
El riesgo que señala el banco estadounidense reside en la ruptura del cálculo económico que solo el mercado puede coordinar eficientemente. Al sustituir la administración individual y la competencia entre agentes privados por la gestión centralizada de funcionarios públicos, se elimina el sistema de precios y la asignación eficiente de recursos. Esta percepción ha sido eco en el ámbito local por la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que ha calificado las propuestas como una «estatización» que convierte al afiliado de un cliente con derechos a un usuario cautivo de un monopolio estatal.
Impacto en la credibilidad y el financiamiento productivo
La advertencia de JP Morgan se alinea con reportes de otros asesores financieros, como el grupo ONE618, que han calificado de «lapidario» el panorama para los tenedores de bonos uruguayos. Según estos análisis, la implementación de las propuestas del Diálogo Social no solo aumentaría el gasto público y dañaría la credibilidad institucional, sino que tendría un impacto macroeconómico negativo directo. El riesgo previsional Uruguay se vería reflejado en las tasas de interés, la inversión productiva y, en última instancia, el crecimiento económico a largo plazo.
Un golpe a la credibilidad internacional no es una cuestión menor para un país que ha logrado destacar en la región por mantener un pool de ahorro interno que financia parte de su inversión. La posibilidad de diluir o eliminar las AFAP implicaría retirar del mercado más de 23.000 millones de dólares que hoy financian obras de infraestructura y deuda local, lo que tendría consecuencias directas en el acceso al crédito para el sector privado. JP Morgan ya había advertido sobre riesgos similares en relación con el plebiscito de 2024, y su posición actual confirma que el mercado internacional no está convencido de las supuestas mejoras que proponen los cambios estatistas.
La experiencia histórica y la imposibilidad lógica
La crítica profunda contenida en los reportes financieros internacionales se basa en la experiencia histórica, que es implacable: cada vez que el Estado ha intentado apoderarse de los fondos de pensiones o diluir la propiedad privada del ahorro, los resultados han sido caída en la inversión, fuga de capitales y jubilaciones más magras. No es una cuestión de mala fe de los funcionarios, sino de la imposibilidad lógica de sustituir el cálculo económico disperso en millones de ahorradores por un planificador central sin precios de mercado para guiarse.
El alerta de JP Morgan y de otros actores financieros que siguen de cerca el caso uruguayo no es una opinión política, sino el veredicto frío de quienes prestan dinero al país y miden el riesgo con números, no con discursos. Romper el equilibrio del sistema mixto uruguayo, como propone el Diálogo Social, no es «cuidar el mañana», sino hipotecar el futuro en nombre de una ilusión igualitarista que ya ha fracasado en múltiples ocasiones. Las consecuencias de un cambio de reglas de juego de tal magnitud son un costo altísimo en confianza, en inversión y, sobre todo, en la libertad de los uruguayos para gestionar su propio ahorro.
Cualquier otra cosa es, simplemente, repetir el mismo error con distinto nombre, y los errores con el dinero y el futuro de los trabajadores tienen un perdón que el mercado internacional no está dispuesto a conceder.