Ajuste en la Casa Rosada: vuelven a subir los sueldos de los funcionarios
En un movimiento que busca cerrar un frente de conflicto interno que se arrastró durante todo el 2025, el presidente argentino Javier Milei firmará este martes el decreto para actualizar los sueldos de los funcionarios de alto rango. La medida, que se hará efectiva con su publicación en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, pone fin a un período de 24 meses de congelamiento salarial para la cúpula del Ejecutivo. Según confirmaron fuentes oficiales a medios regionales, la decisión abarca desde el propio jefe de Estado y la vicepresidenta hasta los subsecretarios de las distintas carteras.
El argumento central que manejan en Balcarce 50 es la sostenibilidad de la gestión. Durante los últimos dos años, los sueldos de los funcionarios jerárquicos quedaron anclados mientras la inflación acumulada de 2024 superó el 117% y la de 2025 se situó por encima del 27%. Esta situación generó una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60%, lo que, según admiten en el entorno presidencial, dificultó la retención de cuadros técnicos calificados que optaron por migrar al sector privado ante la falta de incentivos económicos en el sector público.
Detalles técnicos de la recomposición salarial
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está ajustando los últimos detalles de un documento que busca ser políticamente digerible. El Ejecutivo ha sido enfático en que la actualización de los sueldos de los funcionarios no será superior a los incrementos que percibieron los empleados estatales bajo el régimen de paritarias de UPCN. No va a haber un esquema diferencial frente al resto», señalaron desde el gobierno, intentando blindar la medida ante posibles críticas de la opinión pública en un contexto de ajuste fiscal persistente.
Actualmente, el esquema salarial de la administración argentina muestra brechas significativas con otros poderes del Estado. Mientras el presidente percibe un bruto mensual de 4 millones, los senadores alcanzan los 9,5 millones. Esta disparidad fue uno de los principales reclamos que los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, junto a la secretaria general Karina Milei, analizaron antes de dar luz verde al aumento de los sueldos de los funcionarios. La intención es equilibrar la balanza sin romper la promesa de austeridad que ha sido el buque insignia de la gestión libertaria.
El impacto de la inflación y la fuga de talentos
La Casa Rosada sostiene que el congelamiento de los sueldos de los funcionarios complicó operativamente al Estado. La dificultad para cubrir cargos estratégicos en áreas clave se volvió una constante durante 2025, ya que los perfiles técnicos más competitivos rechazan ofertas salariales que consideran insuficientes frente a la responsabilidad y la carga horaria que exige la alta gestión pública. La brecha con las empresas privadas se volvió insostenible, forzando esta rectificación que Milei postergó estratégicamente hasta después de las elecciones legislativas de octubre.
Cabe recordar que el último intento por actualizar los sueldos de los funcionarios terminó en una crisis política que derivó en el desplazamiento de Armando Guibert y la posterior derogación del aumento. En esta ocasión, el diseño de la medida ha sido mucho más cuidado, involucrando directamente al jefe de gabinete Manuel Adorni y al ministro de Economía. El gobierno espera que el IPC de diciembre supere el 2%, pero confía en que la estabilización de enero permita que este ajuste pase a segundo plano en la agenda económica nacional.
Hacia un nuevo esquema de competitividad estatal
Con los nuevos valores que se publicarán en enero, el Poder Ejecutivo busca estabilizar su propia estructura de mandos. Los sueldos de los funcionarios, que actualmente varían entre los 2,8 millones para subsecretarios y los 3,58 millones para ministros, verán una recomposición que, si bien no recupera la totalidad de lo perdido frente a la inflación, pretende detener la sangría de equipos técnicos. La gestión Milei apuesta a que este sea el último ajuste de este tipo en el corto plazo, confiando en una desaceleración de los precios que devuelva previsibilidad al gasto público.
El decreto presidencial será observado con lupa por los sindicatos estatales, que ya preparan sus propias demandas de cara al 2026. La decisión de Milei de firmar este aumento pone de manifiesto una realidad ineludible: para que el Estado funcione de manera eficiente, incluso bajo una premisa de reducción de su tamaño, necesita pagar sueldos competitivos a sus niveles de decisión. El equilibrio entre el discurso de la «motosierra» y la necesidad de profesionales de alto nivel sigue siendo el mayor desafío de la administración actual.
¿Es posible sostener una política de austeridad total cuando la falta de competitividad en los sueldos del Estado amenaza con dejar la gestión en manos de la inexperiencia técnica?