El rigor de la calle: los números detrás de los polémicos controles de tránsito en Salto
Mientras la mayoría de los salteños levantaba la copa para el brindis de medianoche, un ejército de 120 efectivos se desplegaba en puntos estratégicos para ejecutar los Controles de tránsito en Salto. Lo que para la Dirección de Movilidad Urbana fue un éxito rotundo de coordinación interinstitucional, para otros sectores del propio gobierno departamental fue un despliegue innecesario de autoridad en una noche de alta sensibilidad social. El operativo, que comenzó a las 1:30 de la madrugada frente a la Jefatura de Policía, no se limitó a la clásica espirometría, sino que inauguró una modalidad de fiscalización que promete traer cola: la persecución directa al transporte informal de pasajeros.
El balance arrojó un total de 604 pruebas de alcoholemia, de las cuales apenas 10 resultaron positivas. Si bien la cifra de infractores parece baja en relación con el volumen de vehículos, el foco de la tormenta política se situó en los «taxis truchos». Por primera vez, los Controles en Salto incluyeron un equipo de inspectores con «dedicación exclusiva» para cazar a quienes realizaban traslados particulares por fuera del sistema legal. Tres vehículos perdieron sus chapas matrículas bajo el amparo del Decreto Departamental Nº 6732/2014, iniciando un laberinto burocrático y económico para sus propietarios que apenas comienza.
Cámaras portátiles y el interrogatorio al pasajero
La metodología aplicada en estos Controles rozó lo detectivesco. Los inspectores, equipados con cámaras corporales para garantizar una supuesta «certeza jurídica», no solo detenían el vehículo, sino que sometían al pasajero a un interrogatorio sobre el origen del viaje, el destino y, lo más crítico, el monto abonado por el traslado. Esta táctica, defendida por el director Alberto Subí, busca blindar las sanciones ante posibles apelaciones legales, pero ha sido leída por la opinión pública como una medida de vigilancia extrema que incomoda al ciudadano común que solo buscaba regresar a salvo a su casa.
El uso de la tecnología en los Controles de tránsito en Salto marca un antes y un después en la fiscalización departamental. La Guardia Republicana y la Prefectura brindaron el respaldo físico a un cuerpo inspectivo que, por momentos, actuó con una rigurosidad que muchos califican de «recaudatoria. Resulta paradójico que, en una noche donde el propio Estado recomienda no conducir si se ha bebido, la respuesta oficial sea perseguir a quienes ofrecen una alternativa de transporte, por más informal que esta sea. La legalidad del decreto parece chocar frontalmente con la realidad de un mercado que la Intendencia de Salto no ha sabido regularizar en años de desidia.
Una coordinación de fuerzas que genera suspicacias
La magnitud del despliegue para los Controles de tránsito en Salto fue inusual. Unos 120 efectivos, incluyendo a la Policía Caminera y personal de Jefatura, estuvieron afectados a un operativo que se extendió hasta las 9:00 de la mañana del jueves. Desde la Dirección de Movilidad Urbana se destacó la «coordinación interinstitucional» como un pilar del ordenamiento. Sin embargo, en los pasillos de la política salteña, este despliegue se ve como una demostración de fuerza de una dirección que parece moverse con una agenda propia, a menudo desconectada de las directivas del intendente Albisu, quien se enteró de las incautaciones por los diarios.
El éxito que pregona Subí se mide en infracciones y expedientes remitidos al área jurídica. Para el ciudadano que debe pagar una sanción elevada para recuperar sus matrículas, el éxito es relativo. Los Controles de tránsito en Salto han dejado en claro que, para algunos jerarcas, la letra fría del decreto está por encima de la conveniencia social. La pregunta que queda picando es por qué se eligió precisamente la madrugada de Navidad para estrenar estos controles específicos sobre el transporte informal, cuando la demanda supera ampliamente a la oferta legal de taxis y ómnibus.
El costo de la legalidad en una noche de fiesta
El procedimiento administrativo ahora obliga a los infractores a pasar por la caja de la comuna antes de volver a circular. Estos Controles de tránsito en Salto no solo retiraron chapas, sino que encarecieron el regreso a casa para muchos. Si el objetivo era la «movilidad segura», cabe cuestionarse si asfixiar el transporte alternativo ayuda o entorpece ese fin. La «certeza jurídica» que aportan las cámaras es un escudo potente, pero no tapa la falta de una política integral que ofrezca soluciones reales a la falta de transporte público eficiente en el departamento.
Lo que Movilidad Urbana presenta como un triunfo de la gestión, en el despacho del intendente se vive como un «tiro en el pie». Mientras la policía y los inspectores celebran el orden alcanzado, el clima político en Salto se enrarece. Los Controles de tránsito en Salto de esta Navidad quedarán marcados no por los positivos de alcohol, sino por haber destapado una olla de presiones internas y falta de sentido común en la ejecución de la ley. La burocracia ya tiene sus expedientes prontos, pero la calle tiene una memoria mucho más larga cuando se le toca el bolsillo en plena festividad.
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