La crisis en la Jutep ha escalado a un punto de no retorno. Lo que debería funcionar como el blindaje ético del Estado uruguayo se ha transformado en un campo de batalla donde la transparencia brilla por su ausencia, según revelan nuevos informes de auditoría política interna.
El quiebre de la ejemplaridad institucional
La Junta de Transparencia y Ética Pública atraviesa sus horas más oscuras tras la filtración de dos documentos redactados por el director nacionalista Luis Calabria. En estos textos, se detalla una estructura de funcionamiento que prioriza la «injerencia política» sobre el análisis técnico-jurídico. La denuncia apunta directamente a la presidenta del ente, Ana Ferraris, y al vicepresidente Alfredo Asti, a quienes se acusa de alterar arbitrariamente los procedimientos de control para favorecer intereses partidarios.
Este escenario no es nuevo, pero la gravedad de los hechos denunciados esta semana sugiere un «retroceso democrático» dentro de la institución. Según Calabria, la mayoría frenteamplista en el directorio ha desmantelado las garantías que permitían un tratamiento igualitario de las denuncias, instalando un régimen de selectividad que pone en duda la imparcialidad del organismo.
Manipulación del «circuito de denuncias» y blindaje político
El punto más crítico de la denuncia radica en la alteración del recorrido que siguen las denuncias que llegan a la Jutep. Desde mediados de 2025, el oficialismo habría decidido que los expedientes pasen directamente a la Secretaría —bajo control político de la presidencia— saltándose la intervención temprana de la Asesoría Letrada. Esta maniobra permitiría que la cúpula del organismo realice las preguntas iniciales y envíe oficios a su conveniencia, contaminando la etapa de recolección de pruebas antes de que los técnicos puedan emitir un dictamen.
Esta metodología de «injerencia directa» habría quedado de manifiesto en expedientes de alto perfil, como el del actual director de la OPP, Rodrigo Arim, e incluso en investigaciones que involucran a figuras de la oposición. Calabria sostiene que hubo «órdenes verbales» para desviar expedientes, una práctica que dinamita cualquier estándar de ética pública y convierte a la Jutep en una herramienta de persecución o blindaje, según el caso.
El borrado de la disidencia: opacidad en la web
Pero la denuncia va más allá del manejo de los expedientes. Calabria alertó sobre un cambio «desajustado a derecho» en la forma en que se registran las resoluciones. Por decisión de la mayoría, el organismo dejará de publicar los fundamentos de los votos discordes en su sitio web. Lo que es aún más grave: se está realizando una «modificación retroactiva» de actas ya publicadas para ajustarlas a este nuevo criterio de silencio.
«No se puede predicar transparencia hacia el exterior y operar con opacidad hacia adentro», sentenció Calabria en su informe. Esta medida impide que la ciudadanía y el sistema político conozcan los argumentos jurídicos de quienes se oponen a ciertas decisiones, eliminando el rastro de la discusión técnica que debería sustentar cada fallo de la Junta.
Un organismo bajo sospecha permanente
La Jutep, que ya venía golpeada tras la interpelación parlamentaria a fines de 2025 y el cuestionado manejo del «caso Danza», se enfrenta ahora a una deslegitimación interna que podría paralizar sus funciones. La oposición reclama la remoción de la presidenta Ferraris, argumentando que la confianza técnica se ha quebrado de forma definitiva.
El próximo lunes, el Directorio del Partido Nacional recibirá formalmente estos informes para decidir las acciones políticas y legales a seguir. Mientras tanto, la Jutep —la institución encargada de velar por la moral pública— queda atrapada en una espiral de denuncias que la colocan, irónicamente, como el objeto principal de investigación por falta de ética y transparencia. El país asiste a un espectáculo donde el juez está bajo sospecha, y los mecanismos de control parecen haber sido diseñados para, precisamente, evitar ser controlados.