La postura de Uruguay sobre Venezuela ha ingresado en un laberinto de contradicciones que dejan al presidente Yamandú Orsi en una posición sumamente incómoda frente a sus propias bases. Lo que para el mandatario fue calificado como una «buena noticia» —la salida de Nicolás Maduro del poder—, para la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay no es más que una «grave violación a los principios fundamentales del derecho internacional». Este choque de visiones no solo expone una grieta ideológica profunda, sino que desnudó la falta de una línea coherente en la política exterior de la actual administración tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.
El malestar del colectivo radica en que las palabras de Orsi parecen ignorar los mecanismos legales que Uruguay ha defendido históricamente. Según el comunicado difundido este viernes, la posición diplomática de Uruguay sobre Venezuela expresada por el presidente el pasado 8 de enero contradice los comunicados oficiales de la propia Cancillería de apenas unos días antes. Mientras que el gobierno uruguayo había manifestado inicialmente su rechazo a la intervención militar extranjera, la celebración posterior de Orsi fue vista como una claudicación ante las acciones unilaterales de Washington, dejando al país en un limbo diplomático difícil de justificar.
El secuestro de Maduro y el silencio de Torre Ejecutiva
Para la Internacional Antifascista, no se trató de una captura legal, sino de un «secuestro» liso y llano del jefe de Estado y de la diputada Cilia Flores. La organización fue tajante al señalar que la postura oficial de Uruguay frente a Venezuela no puede basarse en «acusaciones penales unilaterales», recordando que no existe ninguna orden de arresto emitida por un tribunal internacional que avale el operativo militar estadounidense. El cuestionamiento es directo al corazón del discurso presidencial: ¿cómo puede ser una «buena noticia» un hecho que, según expertos de la ONU, contraviene la propia Carta de las Naciones Unidas?
La crítica sube de tono al enumerar lo que Orsi parece haber pasado por alto al festejar el fin del régimen madurista. El bombardeo de zonas residenciales y de infraestructura médica en Venezuela, que dejó un saldo de más de cien muertos, fue puesto sobre la mesa como el costo humano que el presidente decidió ignorar. Esta supuesta «buena noticia» ha puesto la mirada de Uruguay sobre la situación venezolana bajo la lupa de los defensores del derecho internacional, quienes ven con estupor cómo el país se aleja de su tradición de respeto a la soberanía de los estados para alinearse con una intervención armada de carácter imperialista.
Una política exterior a contramano de la historia
El colectivo antifascista no dudó en señalar que la errática política exterior de Uruguay respecto a Venezuela constituye una violación a las normas históricas del país. La exhortación al gobierno es clara: atenerse al respeto de los acuerdos internacionales y dejar de lado las valoraciones personales que comprometen la imagen de Uruguay ante la comunidad global. El reclamo exige una «postura clara» de rechazo al accionar de Estados Unidos, algo que Orsi ha evitado cuidadosamente, intentando hacer equilibrio entre la condena a la violencia y el beneplácito por la caída de Maduro.
Este escenario plantea un desafío mayor para la coalición de gobierno, que debe lidiar con sectores internos que ven en la postura de Uruguay sobre Venezuela una traición a los principios de no intervención. La falta de una voz única genera un ruido innecesario en un momento donde la región busca estabilidad. Si Orsi continúa calificando de positiva una intervención que violó fronteras y dejó víctimas civiles, corre el riesgo de vaciar de contenido la retórica democrática que tanto pregona, quedando atrapado en su propia ambigüedad discursiva.
El costo de la ambivalencia en el escenario regional
Uruguay siempre se jactó de ser una «tierra de leyes» y un defensor acérrimo de los tratados internacionales. Sin embargo, la actual postura de Uruguay sobre Venezuela parece más dictada por la conveniencia política del momento que por una doctrina de estado sólida. Al contradecir las declaraciones oficiales de su propio gobierno emitidas los días 3 y 4 de enero, Orsi no solo genera confusión en la ciudadanía, sino que debilita la posición de Uruguay en foros internacionales como la OEA o el Mercosur, donde la coherencia es la única moneda de cambio valiosa.
¿Será que la presión de los sectores más radicales obligará al presidente a rectificar sus dichos, o estamos ante el inicio de una nueva doctrina donde el fin justifica los medios, incluso si esos medios implican bombardeos y secuestros de mandatarios extranjeros?