El complejo equilibrio entre el escalafón y la confianza política
La designación de los nuevos mandos navales nunca es un proceso lineal, pero los recientes ascensos en la Armada nacional han levantado una polvareda que trasciende los muros de la Escuela Naval. El Poder Ejecutivo, en un movimiento que sorprendió a la propia interna de la fuerza, decidió «meter mano» en la lista original confeccionada por el comandante en jefe, José Luis Elizondo. La decisión no solo responde a una cuestión de nombres, sino a una visión de largo plazo que Presidencia de la República considera vital para una institución que atraviesa aguas turbulentas, marcadas por escándalos públicos y divisiones internas.
En el corazón de la controversia se encuentra la inclusión del capitán de navío Ismael González, quien actualmente se encuentra en España supervisando la construcción de las patrulleras oceánicas en el astillero Cardama. La oposición, liderada por figuras como Javier García y Gabriel Gianoli, no tardó en calificar este movimiento como una «recompensa» política. Sin embargo, desde la Torre Ejecutiva se argumenta que los Nuevos grados en la fuerza naval deben responder a una coherencia estratégica que el comandante Elizondo —cuyo retiro por edad está fijado para 2027— podría estar sacrificando en pos de equilibrios internos inmediatos.
El peso de las derechas y la mirada a largo plazo
Para el Ministerio de Defensa y la Presidencia, mantener la lista tal cual fue enviada inicialmente habría sido un «error estratégico». La ministra Sandra Lazo fue clara al señalar que se respetaron «las derechas», un término militar que refiere a la antigüedad de los oficiales en el escalafón. En este sentido, González se encontraba en una posición de prelación superior a Daniel Di Bono, el nombre que Elizondo intentó priorizar. Esta corrección técnica sirvió como paraguas legal para una decisión que, en el fondo, busca alinear a la futura cúpula naval con los proyectos de reequipamiento de la fuerza.
Los Cambios en la jerarquía de la Armada no solo se basan en el tiempo de servicio. Si bien la ley exige cinco años en el grado de capitán de navío y el curso de estado mayor, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de evaluar la «mirada estratégica. Fuentes oficiales indicaron que se busca un horizonte de al menos diez años de estabilidad institucional, algo que Di Bono, a pesar de sus méritos, no terminaba de encajar en el esquema que proyecta el gobierno actual. La verticalidad de la institución suele castigar estos «saltos» en la lista, pero el Ejecutivo entiende que la discrecionalidad es necesaria cuando la fuerza está dividida.
Legajos bajo la lupa y candidatos que quedaron por el camino
La reconstrucción de los hechos muestra que el camino hacia los Oficiales que suben de rango dejó varios heridos en el escalafón. El caso más notorio es el de Leonardo Felicci, quien ocupaba el puesto número uno en la lista de prelación pero debió pasar a retiro obligatorio al cumplir 55 años, debido a que el Ejecutivo no dispuso los ascensos en la fecha que quedaron las vacantes. Otros, como José Luis Matteo, vieron sus posibilidades truncadas por anotaciones en sus legajos personales, que incluyen sanciones por irregularidades en tribunales de ética, un factor que Defensa analiza con minuciosidad quirúrgica antes de enviar cualquier venia.
La lista definitiva que llegará al Parlamento para los movimientos en la estructura militar incluye a César Ricciardi, Francisco Risso, Frederick Fontanot e Ismael González. Cada uno de estos nombres pasó por un filtro doble: el técnico-militar y el de comportamiento ético. En una fuerza donde la influencia de los almirantes recién retirados sigue pesando fuerte, el gobierno intentó blindar la nómina con oficiales que no carguen con «mochilas» administrativas pesadas, buscando así renovar una imagen institucional que se ha visto desgastada en los últimos años por diversos sumarios.
El escenario parlamentario y la trama de las patrulleras
La discusión por los ascensos en la Armada nacional se trasladará ahora a las cámaras legislativas. Allí, el oficialismo deberá defender la legitimidad técnica de González frente a las sospechas de la oposición sobre el caso Cardama. El argumento de que un oficial es ascendido por sus informes técnicos en el exterior es una acusación grave que el Ministerio de Defensa busca desactivar mediante la transparencia de los puntajes obtenidos en el curso de estado mayor y el orden estricto de antigüedad.
La realidad es que el mando naval se encuentra hoy ante una encrucijada de renovación necesaria. Los ascensos en la Armada nacional propuestos por el Poder Ejecutivo intentan cerrar una etapa de inestabilidad y proyectar una jefatura que acompañe el proceso de modernización de la flota. Mientras la oposición habla de una «trama escandalosa», en los pasillos de Defensa se asegura que se actuó con la ley en la mano y con la responsabilidad de quien debe pensar en la marina de la próxima década y no solo en la del próximo mes.
¿Lograrán estos cambios en la cúpula naval apagar los incendios internos o profundizarán la fractura en una fuerza que no encuentra la paz?