En el Uruguay actual, existen conceptos que se repiten hasta el cansancio en los despachos de la Ciudad Vieja: inclusión, contención y desarrollo humano. Sin embargo, detrás de esa escenografía prolija y discursiva, el MIDES se ha transformado en un organismo que no solo administra la carencia, sino que también gestiona el silencio de los sectores más vulnerables. Creado originalmente bajo un relato de reparación de desigualdades, este ministerio terminó convirtiéndose en una estructura elefantiásica, costosa y sumamente opaca, que reparte dinero sin exigir una hoja de ruta clara hacia la emancipación económica de los beneficiarios.
Nadie discute la existencia de la marginalidad ni la obligación de que el Estado asista a quien no tiene un plato de comida en la mesa. La gran interrogante que incomoda al sistema político es qué hace realmente el MIDES con esa pobreza acumulada. En lugar de funcionar como un puente hacia el empleo formal, se ha consolidado como un sostén permanente que genera una dependencia económica y emocional difícil de romper. Cuando el ingreso básico de un hogar depende de un funcionario con una planilla y un clic, la protesta se apaga y la lealtad se compra con recursos de todos los uruguayos.
Los montos del asistencialismo que reparte el MIDES
La realidad de los números es contundente, por más que se intente maquillar con informes técnicos de dudosa transparencia. Actualmente, una familia con varios hijos que acumula las distintas ayudas que ofrece el MIDES —entre asignaciones familiares, tarjetas alimentarias y refuerzos por primera infancia— puede llegar a percibir entre 25.000 y 35.000 pesos mensuales. Para muchos trabajadores del interior profundo, que cumplen ocho horas de sol a sol y pagan sus aportes al día, esta cifra es igual o incluso superior a lo que les queda limpio en el bolsillo, lo que genera una distorsión profunda en la cultura del trabajo.
Este dinero que distribuye el MIDES llega puntualmente todos los meses, pero sin una contrapartida laboral real ni una exigencia de formación que sea sostenida en el tiempo. No se construye un futuro digno con plata que apenas alcanza para sobrevivir en la inmediatez. El modelo actual ha fijado a miles de compatriotas en la base de la pirámide, dándoles lo justo para que no exploten socialmente, pero no lo necesario para que avancen hacia la independencia. Es, en esencia, una administración de la resignación financiada por el contribuyente que ya no aguanta más presión fiscal.
Control territorial y el poder político del MIDES
No hay que ser ingenuos respecto a la verdadera naturaleza de esta institución en el mapa electoral. El MIDES no es un organismo políticamente neutro; es la herramienta más potente de construcción de poder territorial que tiene el Estado. Al manejar la llave de la supervivencia diaria de miles de personas, se ejerce un control blando que no necesita de agentes externos, sino del simple miedo a perder el beneficio. Los referentes barriales y las organizaciones sociales actúan muchas veces como intermediarios de una red que premia la quietud y castiga cualquier asomo de disidencia.
Desde su creación, el MIDES ha sido defendido por ciertos sectores como un bastión ético intocable. Sin embargo, el mensaje implícito para el beneficiario es que el Estado es el que «le da» de comer, forzando un agradecimiento que tarde o temprano se traduce en lealtad en las urnas. Mientras tanto, el laburante que se levanta a las seis de la mañana ve cómo su esfuerzo se diluye en un sistema que no muestra resultados estructurales. El Uruguay que produce está financiando una maquinaria que, lejos de erradicar la pobreza, la ordena, la registra en sus bases de datos y la mantiene silenciosa.
El fracaso del MIDES frente a la verdadera dignidad
La justicia social de la que tanto hablan no puede reducirse a una tarjeta de plástico con saldo mensual. La verdadera dignidad consiste en que el ciudadano no necesite del Estado para llenar la heladera de su casa. Sin embargo, el MIDES parece haber renunciado a esa meta hace tiempo, conformándose con ser una gigantesca oficina de pagos. Cuando se naturalizan subsidios de 30.000 pesos sin un plan de inserción laboral que sea serio y riguroso, lo que se está haciendo es condenar a familias enteras a la marginalidad perpetua, comprando una paz social ficticia que le sale carísima a la democracia uruguaya.
Es imperativo que el país recupere una política social que apunte a la excelencia y no a la mera administración de la miseria ajena. Uruguay merece un MIDES que no tenga miedo de incomodar a los que viven del sistema, que exija resultados tangibles y que deje de confundir la sensibilidad con el asistencialismo barato. Mientras el organismo siga siendo un fin en sí mismo para sostener estructuras políticas y punteros barriales, los barrios seguirán estancados. El silencio comprado con plata pública es el síntoma más grave de una nación que se resignó a administrar su propia decadencia.
¿Estamos dispuestos a exigirle cuentas a un sistema que prefiere tener a miles de uruguayos dependientes del MIDES antes que libres a través de su propio esfuerzo y trabajo?