El análisis del abogado Gustavo Salle volvió a poner sobre la mesa la gravedad del narcotráfico en Uruguay, luego del atentado registrado en la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Para Salle, el episodio fue un mensaje mafioso dirigido a la institucionalidad y una muestra de que la violencia vinculada al crimen organizado está en ascenso.
Según explicó, no se trató de un intento de asesinato, sino de una advertencia clara para generar miedo. “El narcotráfico en Uruguay actúa con lógica mafiosa: intimida, pero no siempre elimina”, señaló en referencia a la modalidad de ataque.
El narcotráfico en Uruguay y la institucionalidad vulnerable
Salle remarcó que el narcotráfico en Uruguay se inserta en un contexto de exclusión social y pobreza, lo que facilita la captación de jóvenes en barrios periféricos. Además, cuestionó el diseño institucional de la Fiscalía General, a la que calificó como inconstitucional por centralizar competencias en un único organismo, lo que expone a funcionarios y debilita la lucha contra el crimen.
El abogado también hizo hincapié en los vínculos internacionales. Aseguró que el narcotráfico mueve cerca de 400 mil millones de dólares en el sistema financiero global, lo que convierte su combate en un desafío que excede lo nacional. “Los bancos y los grandes intereses económicos se alimentan de ese dinero”, advirtió.
A nivel político, acusó a las autoridades de mostrar “hipocresía” al reaccionar solo cuando la violencia alcanza a figuras del poder, mientras que las víctimas de la marginalidad permanecen invisibles. Por ese motivo, reclamó la renuncia del ministro del Interior y del prosecretario de Presidencia, a quienes responsabilizó por la falta de respuestas efectivas y por eventuales vínculos con defensas relacionadas al narcotráfico.
Riesgo de narcoestado
En su intervención, Salle alertó que Uruguay corre el riesgo de convertirse en un “narcoestado”. Según su visión, el modelo económico y político actual, basado en la desigualdad y en una institucionalidad débil, abre las puertas al crimen organizado.
“Mientras no se tomen medidas estructurales, la violencia crecerá y la democracia se verá comprometida”, aseguró. Para él, enfrentar el narcotráfico en Uruguay implica no solo reforzar recursos policiales y judiciales, sino también impulsar cambios profundos en lo social y en lo económico.
El abogado cerró su análisis destacando que la discusión debe ir más allá de las declaraciones oficiales. “Este es un problema estructural. Se necesitan políticas de Estado firmes y valientes para que Uruguay no quede sometido a la lógica del narcotráfico”, concluyó.
Otro aspecto señalado por especialistas es la relación entre el narcotráfico y la economía informal. En varios barrios del país, las “changas” y el rebusque diario conviven con actividades ilícitas que terminan siendo fuente de ingresos para muchas familias. Este fenómeno genera un dilema social: mientras algunos jóvenes encuentran en el laburo precario un camino para llegar a fin de mes, otros terminan vinculados a redes criminales que ofrecen más guita de manera rápida, aunque con un alto costo personal y comunitario.
Además, distintos informes internacionales han advertido que Uruguay, por su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, se ha convertido en un punto de tránsito para cargamentos de cocaína destinados a Europa y África. El puerto de Montevideo y la extensa frontera seca con Brasil representan desafíos permanentes para las autoridades, que deben reforzar controles sin afectar el comercio legítimo.
En este contexto, organizaciones sociales reclaman políticas públicas que combinen seguridad con inclusión. Señalan que sin un plan integral que atienda la pobreza estructural, difícilmente se pueda frenar el avance del narcotráfico. La discusión se traslada entonces al Parlamento, donde se cruzan visiones sobre cómo equilibrar represión y prevención.
En definitiva, el narcotráfico en Uruguay sigue siendo un desafío estructural.