La última auditoría que desnudó el manejo del Programa de Vivienda Social en la cartera militar expone algo mucho más grave que un simple desorden de papeles. Es el síntoma de una burocracia que se fagocita los recursos destinados a los sectores más vulnerables de las Fuerzas Armadas mientras simula modernización tecnológica.
El reciente dictamen de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre el Ministerio de Defensa Nacional debería encender alarmas que van mucho más allá de una corrección de balances o un rezongo de oficina. Lo que el documento expone con frialdad técnica es, en realidad, una manifestación obscena de cómo la desidia administrativa termina desvirtuando las políticas sociales más sensibles. Otorgar canastas de materiales de construcción de hasta 430.000 pesos uruguayos a beneficiarios fantasma o a personal que ya fue dado de baja no es un error de cálculo; es la consecuencia directa de un sistema diseñado para no controlar.
En las charlas de cuartel, en los pasillos políticos de Montevideo y en el mostrador de cualquier barraca del interior, la lógica del beneficio estatal siempre estuvo bajo la lupa. Pero cuando un organismo auditor confirma que las carpetas de los postulantes son un amontonamiento de hojas sueltas, documentación duplicada y legajos sin foliar, el discurso de la eficiencia fiscal se cae a pedazos. El Estado uruguayo, ese que se muestra implacable a la hora de exigirle declaraciones juradas y cumplimiento impositivo al ciudadano de a pie, gestiona millones de pesos destinados a la precariedad habitacional con la misma rigurosidad con la que se organiza una rifa de club de barrio.
La vulnerabilidad habitacional de la tropa es una realidad innegable en el Uruguay profundo, pero combatir esa carencia con un voluntarismo ciego y sin trazabilidad solo alimenta la sospecha de que los recursos públicos se reparten a ciegas o, peor aún, bajo el viejo influjo del amiguismo institucional.
El absurdo de gobernar por WhatsApp y la renuncia a la fiscalización
Quizás el punto más vergonzoso del informe —y el que mejor retrata el abismo entre los discursos oficiales y la práctica cotidiana— sea el método de inspección en el interior del país. En una era donde la geolocalización, el cruce automatizado de datos de propiedad y el seguimiento satelital de obras son herramientas básicas de cualquier empresa constructora mediana, la Dirección General de los Servicios Sociales de Defensa pretendía fiscalizar el avance de las viviendas sociales en Canelones o Montevideo mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.
El esquema de las [irregularidades en programa de vivienda de Defensa] queda al descubierto bajo esa premisa. Confiar la entrega efectiva de cemento, varillas e hierro a la declaración verbal de un beneficiario a través de una pantalla de celular no es simplificación administrativa; es abdicar de la función de control. Es una invitación abierta al desvío de materiales hacia el mercado informal y una falta de respeto al contribuyente que financia esos fondos.
La auditoría demostró que el ministerio firmó resoluciones de entrega sin saber siquiera qué proveedor iba a despachar la mercadería ni cuál era el monto final del beneficio otorgado. Una oscuridad administrativa inadmisible para un ministerio que maneja armas y presupuestos de seguridad nacional.
El peligro del clientelismo por omisión
La demanda de vivienda social en los sectores de menores ingresos de las Fuerzas Armadas viene en un ascenso constante. Los números están ahí: decenas de trámites acumulados, expedientes congelados y un cuello de botella de resoluciones pendientes que contrasta fuertemente con la velocidad con la que se le entregaron materiales a personas que ya no tenían ningún vínculo contractual con el Estado uruguayo.
El caso del funcionario que recibió el beneficio cinco meses después de haber sido cesado de la plantilla del ministerio no es una anécdota menor. Es la prueba de que las bases de datos no se cruzan, de que las resoluciones se firman a ciegas y de que el aparato estatal se mueve por inercia. Cuando el control falla a ese nivel, el subsidio social deja de ser una herramienta de equidad para convertirse en un botín sujeto a la discrecionalidad del burócrata de turno.
Si el Ministerio de Defensa no es capaz de depurar un programa habitacional menor y asegurar que cada ladrillo financiado por el Estado vaya a parar a la pared de un hogar vulnerable, mal puede asegurar la eficiencia de contratos mayores o de transformaciones estructurales. La cultura del «así nomás» y del legajo desprolijo no puede seguir siendo la norma en la administración pública uruguaya, mucho menos cuando lo que está en juego es el techo de la gente y la transparencia del dinero de todos.