Azucena Arbeleche: el «olvido» ético que terminó en un portazo de la Jutep
Parece que en la política uruguaya el concepto de transparencia es algo que se usa mucho en los discursos de campaña, pero que se guarda en un cajón a la hora de firmar resoluciones. La noticia de que la Azucena Arbeleche «violentó» las normas de conducta en la función pública no es solo un titular; es la confirmación de que, para algunos jerarcas, la ética es un obstáculo a esquivar. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue clarita: la exministra de Economía no debió haber puesto su gancho en beneficios para Lanafil SA, la empresa donde su marido no es un simple empleado, sino gerente.
Este escándalo, que saltó gracias a una denuncia anónima en 2023, pone sobre la mesa una realidad que nos cansa a todos los uruguayos: el amiguismo y los beneficios familiares en el Estado. Resulta casi insultante que se pretenda justificar la firma de Azucena Arbeleche alegando que «actuó a derecho». Si tu marido está del otro lado del mostrador recibiendo la guita que vos misma autorizás, no necesitás ser un experto en leyes para darte cuenta de que eso, como mínimo, huele feo.
La Jutep y un fallo que divide las aguas (y las conciencias)
El documento al que se tuvo acceso es demoledor. Con los votos de Ana Ferraris y Alfredo Asti, el organismo determinó que se pasaron por el forro el Código de Ética en la Función Pública. Este código prohíbe explícitamente que un funcionario tome decisiones sobre empresas donde haya vínculos familiares directos. Y acá no hablamos de un primo lejano; hablamos del esposo de la exjerarca. Sin embargo, en Uruguay, parece que siempre hay una excusa a mano para salvarle el lomo a los compañeros de fórmula.
Por supuesto, no podía faltar el voto en contra del director nacionalista Luis Calabria, quien salió a defender lo indefendible. Para Calabria, no hubo «desviación funcional» ni beneficio personal. Esa lógica de «si no se llevó la plata en un maletín, está todo bien» es la que permite que el conflicto de intereses se convierta en moneda corriente en nuestra administración pública. Es la defensa corporativa en su máxima expresión, donde la lealtad al partido está por encima de la decencia institucional.
Lanafil SA y los privilegios de estar en la familia correcta
La empresa Lanafil SA fue la beneficiaria de estas exoneraciones que la exministra autorizó en 2022. Lo más tragicómico del asunto es que la relación del esposo de Arbeleche con la firma no era un secreto: figuraba en la propia declaración jurada de la exjerarca. O sea, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No fue un error administrativo ni un descuido de un asesor; fue la decisión consciente de beneficiar a la empresa que le paga el sueldo al dueño de su casa.
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Normas violentadas: El fallo es contundente sobre la falta de integridad.
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Votos divididos: Una muestra más de cómo la política contamina los órganos de control.
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Denuncia anónima: Si no fuera por alguien de adentro que se animó a hablar, esto seguía bajo la alfombra.
Mientras la ética pública Uruguay se desangra en estos episodios, la exministra se mantiene en silencio o bajo el ala protectora de sus correligionarios. Este tipo de acciones son las que generan ese descreimiento generalizado en el sistema. ¿Con qué cara le piden sacrificio al pueblo cuando ellos firman beneficios para su propia familia? Es el viejo cuento del «haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago», aplicado a la economía nacional.
Un sistema que castiga al denunciante y premia al amigo
Es preocupante que en el debate político se pierda de vista lo esencial: la confianza ciudadana. Cuando la Jutep señala con el dedo estas irregularidades, lo que esperaríamos es una condena unánime, no una pelea de banderas. La gestión de Azucena Arbeleche quedará marcada por este fallo que desviste la supuesta «excelencia» técnica con la que se vendió al inicio del gobierno. Al final del día, resultó ser tan humana (y tan política) como los que criticaba.
La defensa de «no hubo beneficio personal» es una tomada de pelo. El beneficio personal es que tu núcleo familiar prospere a través de resoluciones que vos misma controlás. Si el sistema de control como la Jutep termina siendo un campo de batalla partidario donde los directores votan según el color de la camiseta, entonces estamos fritos. La transparencia en Uruguay está pasando por un momento oscuro, y casos como el de Lanafil SA son la prueba de que el amiguismo sigue siendo el motor de muchas decisiones importantes.
Conclusión: El privilegio que la Jutep no pudo tapar
En definitiva, lo de la exministra es una mancha que difícilmente se borre con explicaciones técnicas. El fallo sobre Azucena Arbeleche nos recuerda que el poder suele nublar el juicio ético de quienes lo ejercen. Entre votos a favor y en contra, la realidad es una sola: se benefició a una empresa familiar desde el Ministerio de Economía. Ese es el dato mata relato. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que algún día la ética sea una obligación y no una sugerencia que se ignora cuando el apellido es el correcto.