Bandes Uruguay se consolidó como el eslabón más eficiente de la maquinaria de evasión de sanciones del eje Caracas-Teherán, operando bajo un manto de impunidad que atraviesa a todo el sistema político uruguayo. Lo que nació en 2005 como un «banco de desarrollo» durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, terminó mutando en una arquitectura financiera opaca que permitió al régimen de Nicolás Maduro desviar cerca de US$ 7.800 millones hacia Irán entre 2006 y 2024.
Documentos de la Fiscalía de Estados Unidos y agencias de inteligencia, revelados por medios como ABC y El Nacional, confirman que Venezuela utilizó a Uruguay como una plataforma logística encubierta. El dinero, proveniente de PDVSA, se «limpiaba» mediante contratos ficticios de cooperación antes de terminar en manos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Mientras el pueblo venezolano se hundía en la miseria, esta entidad funcionaba como la puerta de salida más discreta para los capitales de la dictadura.
Bandes Uruguay: el hub del lavado hacia Irán
El rol de Bandes Uruguay en esta trama no es una sospecha infundada, sino una certeza documentada. La ruta del dinero era sistémica: los fondos pasaban por Montevideo antes de saltar a hubs en Dubái o Hong Kong. Según las investigaciones, se movilizaron US$ 4.689 millones en supuestos proyectos conjuntos y otros US$ 3.132 millones en transferencias indirectas que terminaron financiando el programa de drones y misiles de Teherán.
La entidad operó sin trabas durante la era de José Mujica, quien incluso absorbió a 150 de sus funcionarios en la banca oficial uruguaya. Sin embargo, el punto de mayor indignación surge en 2019, cuando la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de EE.UU. marcó al banco por intentar mover más de US$ 1.000 millones desde Caracas hacia Montevideo. Pese a la alerta roja internacional, el sistema político uruguayo prefirió mirar hacia otro lado.
Datos clave de la triangulación
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Monto total: US$ 7.800 millones desviados al eje iraní.
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Mecanismo: Contratos ficticios de «cooperación bilateral» y proyectos inexistentes.
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Sanciones: Marcado por la OFAC en 2019 como vehículo de evasión de sanciones internacionales.
Cifras y multas recurrentes
En enero de 2025, el Banco Central del Uruguay (BCU) aplicó una multa de 650.000 UI por incumplimientos severos en las normativas antilavado. A esto se suma que, solo en los primeros ocho meses de 2025, el banco reportó pérdidas de casi US$ 5 millones, siendo sostenido artificialmente por capitalizaciones periódicas enviadas desde Caracas.
El fracaso de Lacalle Pou y la complicidad de Orsi
La administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) tuvo la oportunidad histórica de revocar la licencia de Bandes Uruguay y enviar un mensaje de decencia internacional. No lo hizo. Bajo su mandato, el BCU detectó irregularidades graves en la prevención del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, pero la respuesta fue la inacción estructural. Mantener operativa una entidad sancionada por Estados Unidos no fue un descuido, sino una decisión política deliberada para evitar ruidos diplomáticos con Maduro.
Hoy, bajo el gobierno de Yamandú Orsi, la historia se repite con una continuidad alarmante. El «Frente Amplio moderno» aplica la misma receta de silencio. En mayo de 2025, ingresó una nueva capitalización de US$ 7 millones desde Venezuela sin que el Poder Ejecutivo pusiera reparos. Orsi sabe, el Ministerio de Economía sabe y el BCU sabe; sin embargo, no existe un plan de auditoría internacional ni mucho menos de cierre definitivo.
Consecuencias reales para Uruguay
La permanencia de esta entidad degrada la reputación de la plaza financiera uruguaya. Ser el «patio trasero» del chavismo para triangular fondos hacia Irán coloca al país en una posición de vulnerabilidad ante organismos internacionales de control (GAFI). No se trata de geopolítica, sino de complicidad con un régimen narco-dictatorial.
Sectores afectados
El prestigio del sistema bancario local se ve empañado por la presencia de una entidad que arroja pérdidas crónicas y cuya única razón de ser parece ser el movimiento de capitales oscuros. La falta de transparencia afecta directamente la confianza de los inversores legítimos que buscan seguridad jurídica en Uruguay.
Por qué es urgente el cierre definitivo
La farsa de Bandes Uruguay debe terminar. Es inaceptable que Uruguay siga siendo el eslabón débil de una red criminal internacional. Lacalle Pou prefirió la comodidad a la decencia, y Orsi parece seguir el mismo camino de cobardía y conveniencia bipartidaria. Es imperativo revocar la licencia de forma inmediata y expulsar a los directivos que han gestionado este vehículo de corrupción.
Cada dólar que pasó por esta oficina en Montevideo no fue para el desarrollo de la región, sino para que los ayatolás tuvieran recursos mientras el pueblo venezolano padecía hambre. La inacción de los últimos cinco gobiernos uruguayos los convierte en cómplices pasivos de una red que financia el terrorismo global.