La ley del revés en el norte: cuando el encargado de la seguridad es quien burla los controles
La frontera entre Uruguay y Brasil se convirtió nuevamente en el escenario de un episodio que avergüenza a las instituciones de seguridad del país. En un procedimiento que expone la vulnerabilidad ética de ciertos mandos, funcionarios de la Administración de Aduanas de Salto detectaron una maniobra de contrabando en Bella Unión liderada, nada menos, que por el oficial a cargo de la Seccional Séptima local. El incidente no solo revela la magnitud del tráfico hormiga en la zona, sino que pone bajo la lupa la impunidad con la que operan algunos efectivos en las zonas limítrofes, aprovechando su investidura para fines personales.
El intento de fuga y la firmeza de aduanas
El suceso tuvo lugar en el paso de frontera que conecta Bella Unión con la localidad brasileña de Barra do Quaraí. Allí, el jerarca policial, quien circulaba acompañado por su pareja, fue interceptado por la Regional Norte de Aduanas durante un control de rutina. Al verse acorralado por sus propios colegas del Estado, el funcionario habría intentado una maniobra desesperada: abandonar la mercadería en pleno puente para desligarse del delito y evitar las consecuencias administrativas y judiciales.
Sin embargo, los aduaneros salteños mantuvieron la rigurosidad del protocolo, impidiendo que el efectivo se deshiciera de las pruebas. La carga, consistente en unos 200 litros de pintura de procedencia brasileña distribuidos en 20 recipientes de gran porte, fue retenida de inmediato. Este tipo de insumos, cuya diferencia de precio es abismal respecto al mercado nacional, forma parte del flujo constante de infracciones aduaneras que desangran al comercio local, pero que adquiere un tinte criminal cuando quien lo transporta es un oficial de alto rango.
Entre la impunidad y el blindaje judicial
La gravedad del hecho no se limita al valor económico de lo incautado, sino a la red de influencias que rodea a los protagonistas. El caso ha sido derivado a la Fiscalía de turno de Salto para garantizar la imparcialidad del proceso, dado que la pareja del policía involucrado posee vínculos con la sede fiscal de Bella Unión. Este traslado de jurisdicción es un paso necesario para evitar un posible «blindaje» institucional en una zona donde los lazos de vecindad y parentesco suelen entorpecer la justicia.
La actuación de la Regional Norte de Aduanas ha sido clave. Al labrar el acta y disponer la retención preventiva de la carga, han enviado un mensaje claro: la placa policial no es un salvoconducto para la ilegalidad. El Ministerio del Interior deberá ahora responder si este funcionario continuará al frente de una seccional tras haber sido capturado en flagrante delito, un hecho que erosiona la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
Un sistema que necesita auditoría urgente
El episodio de contrabando en Bella Unión no parece ser un hecho aislado, sino el síntoma de un descontrol crónico en las fronteras secas y los puentes internacionales del norte uruguayo. Mientras los pequeños comerciantes de la ciudad luchan por mantenerse a flote frente a la competencia desleal del Brasil, quienes deberían patrullar y prevenir estos delitos parecen estar más preocupados por sus propias finanzas que por el cumplimiento de la ley.
La mercadería permanece bajo custodia y se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias correspondientes. La sociedad uruguaya, y especialmente la comunidad de Bella Unión, aguarda una señal firme por parte del sistema judicial y de las autoridades de Aduanas, quienes hasta el momento han mantenido un hermetismo que alimenta la incertidumbre. El prestigio de la fuerza policial en el departamento está en juego, y solo una sanción ejemplar podrá restaurar algo de la credibilidad perdida en este paso fronterizo.