El negocio de la boleta y el descuido de la ciudad
La gestión de las Multas en Montevideo ha cruzado una línea ética que el contribuyente ya no está dispuesto a tolerar. Mientras el montevideano rompe cubiertas en cráteres que la Intendencia se niega a tapar, el cuerpo inspectivo se sirve un banquete millonario que parece ser la única prioridad de la administración de Mario Bergara. Los datos son obscenos: en 2024, los inspectores municipales se repartieron la friolera de US$ 4,2 millones simplemente por aplicar sanciones. Este esquema de «incentivos» no es otra cosa que una cacería de ciudadanos legalizada para engordar salarios públicos con el dinero de quienes intentan circular.
El senador Martín Lema ha puesto sobre la mesa una realidad que la Intendencia de Montevideo (IMM) prefiere mantener en voz baja. El sistema actual permite que un funcionario reciba hasta el 40% del valor de las multas que aplica, un incentivo perverso que desvirtúa cualquier intención de seguridad vial. ¿Cómo se puede hablar de prevención cuando el que te pone la boleta tiene un interés económico directo en que vos cometas un error? Es un modelo diseñado para recaudar, no para educar, y el resultado es una ciudad llena de cámaras y vacía de obras.
El reparto millonario de las Multas bajo la lupa
No se trata solo de números fríos, sino de un concepto de justicia fiscal que está totalmente roto. Por concepto de sanciones, la IMM recaudó más de 35 millones de dólares en un solo año, una cifra astronómica que debería haber transformado la infraestructura vial de la capital. Sin embargo, en lugar de ver mejores avenidas, lo que vemos es un reparto de utilidades entre funcionarios que, incluso habiendo cambiado de departamento, siguen cobrando por infracciones generadas hace años. Es una casta de fiscalizadores que vive del error ajeno mientras la gestión municipal brilla por su ausencia.
La situación llega al absurdo cuando se analiza la persecución por deuda de patente. Por este concepto, se distribuyeron 2,2 millones de dólares adicionales entre los funcionarios. Es decir, el sistema no solo castiga al que no puede pagar la patente con recargos de mora, sino que además le clava penalizaciones de las cuales el inspector se lleva una tajada. Es un círculo vicioso de castigo al contribuyente que solo sirve para mantener aceitada la maquinaria de la IMM, sin que un solo peso de ese esfuerzo se vea reflejado en el mantenimiento básico de las calles.
El reclamo por el uso de los fondos de las Multas
Lema le exigió a Bergara que se termine este carnaval de comisiones y que el dinero de las Infracciones se destine a donde realmente se necesita: a los baches. Es inaceptable que se destinen millones de dólares a primas por rendimiento sancionatorio cuando las calles de la capital parecen bombardeadas. La propuesta de la oposición es clara y lógica: reducir la participación de los inspectores y volcar esos recursos a obras públicas. Sin embargo, el «modelo recaudatorio» de la IMM parece ser sagrado, ya que es el que sostiene una estructura de poder que ignora el malestar creciente del vecino.
La transparencia es otra de las grandes víctimas en este esquema de las Multas. El contribuyente paga por una supuesta seguridad vial que nunca llega, mientras ve cómo se multiplican los radares sin señalización previa y las cámaras ocultas. El sistema se ha vuelto tan voraz que ya no busca corregir conductas, sino simplemente facturar. Mientras Montevideo siga premiando al inspector por la cantidad de boletas y no por la fluidez del tránsito o la baja de siniestros, las Multas seguirán siendo vistas como un impuesto encubierto a la movilidad.
Un sistema agotado que solo busca recaudar
La persistencia de este modelo de Multas denota una falta de creatividad y de sensibilidad social por parte de la administración departamental. En lugar de modernizar la gestión y buscar soluciones de fondo al caos del tránsito, se opta por el camino más fácil: apretar el bolsillo del que maneja. Es hora de que las autoridades entiendan que el presupuesto municipal no puede balancearse a costa del lomo de los conductores uruguayos, que ya soportan una de las cargas impositivas más altas de la región.
El debate que hoy sacude a la opinión pública es solo la punta del iceberg de una gestión que se olvidó de su función principal. Montevideo no necesita más radares «cazabobos» ni inspectores comisionistas; necesita calles sanas, semáforos inteligentes y un respeto básico por el dinero de la gente. Si la respuesta de Bergara es mantener este festín millonario por las Multas, estará confirmando que para su administración el ciudadano es simplemente una fuente de recursos para alimentar la burocracia municipal.
¿Hasta cuándo se va a permitir que el castigo económico sea el motor de una Intendencia que se niega a rendir cuentas sobre el desastre de sus propias calles?