La careta del idealismo progresista se ha vuelto a caer para mostrar lo que verdaderamente mueve los hilos de la política vernácula: el hambre por el cargo público. En las últimas horas, la figura de Gonzalo Civila ha quedado en el centro de un incendio político que ya no pueden sofocar entre cuatro paredes. El colectivo de ultraizquierda Brazo Libertador, socio electoral del Partido Socialista en los últimos comicios, ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el actual titular del MIDES, tildándolo de «traidor» en un cruce de facturas que expone la miseria de una coalición más preocupada por los sueldos del Estado que por la emergencia social que dicen combatir.
La guerra de Gonzalo Civila contra sus propios aliados
El conflicto estalló cuando los cupos en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social no alcanzaron para satisfacer la voracidad de todos los sectores que apoyaron la candidatura socialista. Brazo Libertador, liderado por Diego Olivera —quien supo saltar de los paneles de televisión a la mano derecha de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo—, reclama una cuota de poder que, según ellos, Gonzalo Civila les habría negado. Lo que se vendió en octubre de 2024 como una alianza estratégica para «profundizar el cambio», hoy se revela como un simple contrato de alquiler de votos donde el pago final eran los despachos oficiales y los viáticos pagados por el contribuyente.
Esta fractura no es ideológica, es contable. No hay una discusión sobre cómo bajar la pobreza o mejorar la seguridad; la pelea es estrictamente por quién se sienta en la oficina y quién firma la planilla de haberes. Mientras el país observa con estupor cómo la inseguridad y la carga impositiva no dan tregua, los sectores que hoy ocupan el gobierno se desangran en una lucha caníbal por ver quién se queda con la tajada más grande del presupuesto ministerial. Civila, que siempre ha cultivado un perfil de purismo militante, se encuentra hoy arrinconado por sus propios socios, quienes no dudan en usar los términos más hirientes para exponer su supuesta deslealtad.
Diego Olivera y el uso de la estructura estatal
El papel de Diego Olivera en esta trama es sintomático del modo de hacer política de estos colectivos. Desde la comodidad de su posición en la Intendencia de Montevideo, Olivera ha orquestado una campaña de desprestigio en redes sociales para presionar al Ejecutivo. Brazo Libertador, un grupo que se jacta de ser la «reserva moral» de la izquierda, parece haber olvidado sus consignas para centrar toda su energía en el reclamo de puestos bien remunerados. La acusación de «traidor» hacia Civila es el recurso desesperado de quienes ven cómo se les escapa la posibilidad de disfrutar de los privilegios del poder que tanto criticaron desde la vereda de enfrente.
MIDES: ¿Ministerio de Desarrollo o agencia de empleos?
La situación en el Ministerio de Desarrollo Social es el ejemplo más crudo de la decadencia institucional. En lugar de ser el motor de las políticas de asistencia para los uruguayos más vulnerables, el organismo parece haberse transformado en un tablero de ajedrez donde se acomodan piezas según el peso electoral de cada grupúsculo. Las críticas de Brazo Libertador hacia Gonzalo Civila dejan claro que para estos sectores, el MIDES es visto como un botín de guerra. No se escuchan propuestas para mejorar la eficiencia del gasto, solo lamentos por «cuotas de cargos» no cumplidas y promesas rotas en la oscuridad de los despachos.
El costo de la burocracia para el ciudadano común
Mientras esta pelea de conventillo se desarrolla en las altas esferas, el ciudadano uruguayo de a pie es quien financia el espectáculo. Cada cargo que se disputa, cada secretaría que se negocia y cada viaje al exterior que se planea sale del bolsillo de un contribuyente asfixiado. La interna frenteamplista, con Civila y Olivera como protagonistas, demuestra que la intención de mejorar las condiciones de vida de la población es apenas un eslogan de campaña. En la práctica, lo único que importa es la supervivencia del aparato político y la garantía de que, pase lo que pase con el país, la dirigencia siempre tendrá un sueldo del Estado asegurado.
El deterioro anímico y ético de quienes hoy manejan la política uruguaya es total. Esta denuncia de «traición» no es un llamado a la honestidad, sino el grito de quien se siente estafado en un reparto de beneficios. La pregunta que queda flotando es cuántos millones más le costará al Uruguay esta interna feroz, donde la única prioridad es el acomodo personal en una estructura estatal que ya no aguanta más el peso de su propia burocracia. Para el colectivo Brazo Libertador, la palabra de Gonzalo Civila ya no vale nada, pero para el ciudadano, lo que realmente ha perdido valor es la confianza en una clase política que solo mira su propio ombligo.