Bajo la lupa de la transparencia pública
La tranquilidad de las sierras de Minas se vio interrumpida por una acusación que cala hondo en el corazón de la gestión departamental. El intendente de Lavalleja Daniel Ximénez enfrenta una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), presentada por la edila blanca Carol Aviaga. El argumento central de la denuncia es la existencia de un presunto conflicto de intereses, derivado del vínculo laboral que el jefe comunal mantiene con Camdel, la principal mutualista local que, a su vez, provee servicios de salud a la propia intendencia.
Para la oposición, la situación del Jefe comunal de Lavalleja es, cuanto menos, problemática desde el punto de vista ético y legal. Aviaga sostiene que el jerarca actúa como el principal ordenador de gastos de la comuna, mientras simultáneamente cumple funciones técnicas en una empresa privada que se beneficia de contratos municipales. Esta dualidad generaría una «influencia indebida» y una incompatibilidad que choca de frente con las normas de probidad que rigen para los funcionarios públicos de alto rango.
Intendente de Lavalleja Daniel Ximénez y el vínculo con Camdel
La prueba que sustenta el reclamo de la edila nacionalista se basa en hechos de público conocimiento difundidos por la prensa local. A mediados de enero, el medio Serrano informó que la máxima autoridad departamental realizó una intervención quirúrgica en la mutualista mencionada. Este hecho confirma que el vínculo médico-profesional sigue plenamente activo, lo que para Aviaga representa un riesgo constante de colisión entre el interés público y el privado dentro del gabinete de Minas.
Además, surge una arista gremial que complica aún más el panorama para el gobierno departamental . Sergio Charquero, dirigente de Adeom Lavalleja, señaló meses atrás la existencia de una mesa de trabajo tripartita para renegociar convenios de salud. En dicha instancia, Ximénez debería representar a la patronal (la Intendencia), pero su pertenencia a la estructura de Camdel lo sitúa en una posición incómoda frente a los trabajadores que buscan fortalecer los servicios médicos del sindicato.
Denuncias por falta de acceso al intendente de Lavalleja Daniel Ximénez
El malestar de los vecinos también juega un papel clave en esta presentación ante la Jutep. Según relató Aviaga, existen testimonios de ciudadanos que afirman no poder concretar una audiencia oficial con la administración local en Lavalleja en el edificio comunal. No obstante, aseguran que para lograr una reunión con él, terminan pagando un ticket de consulta en la policlínica de Camdel, donde el jerarca los recibiría fuera de su rol público pero tratando temas de la administración departamental.
Esta presunta «privatización» del acceso al jefe comunal es uno de los puntos más sensibles que la Jutep deberá investigar. El organismo de ética pública tiene ahora la tarea de solicitar los informes necesarios para determinar si el intendente de Lavalleja Daniel Ximénez sigue siendo cooperativista o si integraba la directiva de la mutualista al momento de firmar resoluciones que la favorecían. Dependiendo del fallo, la bancada del Partido Nacional evaluará si corresponde iniciar acciones legislativas adicionales en la Junta Departamental.
La respuesta del intendente de Lavalleja Daniel Ximénez ante la prensa
Por el momento, el hermetismo reina en el entorno del despacho municipal de Lavalleja. Consultada por la prensa, la oficina del intendente de Lavalleja Daniel Ximénez optó por el silencio, indicando que no realizarán declaraciones oficiales hasta que sus asesores legales tengan acceso directo al documento presentado por la edila Aviaga. Esta postura defensiva es habitual en casos de esta índole, donde cualquier palabra puede ser utilizada en la etapa de instrucción del expediente ante la junta anticorrupción.
La ética en el manejo de los fondos públicos y la transparencia en las contrataciones estatales son pilares que la sociedad uruguaya demanda con creciente firmeza. El caso del intendente de Lavalleja Daniel Ximénez se suma a una serie de cuestionamientos sobre los límites de la actividad privada para quienes ocupan cargos de alta responsabilidad política. La Jutep tendrá la última palabra sobre si se cruzó una línea roja que pone en jaque la legitimidad de la administración en el departamento minuano.
¿Hasta qué punto es compatible la vocación profesional privada con la administración imparcial de los recursos de todos los ciudadanos de un departamento?