La iniciativa del Pit-Cnt bajo la lupa de los economistas: ¿sobretasa al patrimonio o eficiencia del gasto público?
La reciente presentación de una propuesta por parte del Pit-Cnt para establecer una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) generó inmediatas y divergentes reacciones en el ámbito económico nacional. La central sindical busca, con esta medida, obtener una fuente de financiamiento específica y robusta para políticas públicas orientadas a reducir la pobreza infantil y adolescente, un flagelo que sigue afectando a más del 32% de los menores de seis años en Uruguay. El documento técnico, elaborado por una comisión consultiva ad hoc que incluye técnicos del Instituto Cuesta Duarte y del Cinve, sugiere aplicar el nuevo tributo a partir de un Mínimo No Imponible equivalente a un millón de dólares, con tasas progresivas que oscilan entre el 0,1% y el 1,50%.
Sin embargo, para una amplia franja de economistas uruguayos consultados, la iniciativa entra en colisión directa con la ya elevada carga tributaria del país y plantea serias dudas sobre su efectividad y conveniencia en el actual contexto de desaceleración económica. El debate se centra no solo en la conveniencia del impuesto, sino también en el camino más eficiente para canalizar los recursos hacia los objetivos sociales planteados.
El análisis de la Universidad de la República sobre gravar la riqueza acumulada
Desde el ámbito académico, la economista Gabriela Mordecki, integrante del Instituto de Economía de la Universidad de la República (Udelar), manifestó su respaldo a la esencia de la iniciativa sindical. En diálogo con El País, calificó la propuesta como “bien interesante”, dado que su finalidad es gravar una “riqueza acumulada en generaciones y generaciones”. Para Mordecki, la preocupación sobre una posible fuga de capitales o el desestímulo a la inversión no está fundamentada en la evidencia.
La académica enfatizó que no existe una prueba concreta que corrobore que los inversores se asustarán o detendrán la actividad económica por esta sobretasa. En su opinión, la oposición que pueda surgir de la idea es “más ideológica que económica”. Aseguró que si el país tiene el objetivo de forjar una sociedad más igualitaria, con mayor respaldo a las madres trabajadoras y la expansión de escuelas de doble horario, es imperativo contar con mayores recursos.
Además, Mordecki sostuvo que la tasa vigente del IPPF es, a su juicio, bastante baja, y que la tecnología informática actual permite asegurar un cobro eficiente de estos gravámenes. Al igual que con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se implementó con éxito utilizando franjas progresivas, consideró que una propuesta de sobretasa con tramos crecientes resulta adecuada, siendo una herramienta que ya ha demostrado su capacidad de recaudación y ha brindado resultados positivos en la carta tributaria nacional.
La crítica de los expertos se centra en que la carga tributaria uruguaya ya es alta y que el foco debe estar en mejorar la eficiencia del gasto público
Cuestionamientos desde los centros de estudio y la contradicción sindical
La visión de la Udelar choca con el análisis de otras instituciones. Hernán Bonilla, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), calificó la propuesta del Pit-Cnt como “muy engañosa”. Si bien admitió que la idea de sacar fondos a las personas con mayor riqueza para volcarlos a fines sociales loables puede sonar atractiva, detectó una “contradicción flagrante” en el planteo.
Bonilla recordó que la misma organización que hoy impulsa el gravamen se opuso férreamente a la reforma de la seguridad social, una postura que, según él, habría generado un “recorte brutal” en los recursos destinados, precisamente, a la pobreza infantil. Para el director del CED, la iniciativa es “simplista y equivocada”, advirtiendo que “ningún país” desarrollado la aplica. Puso el foco en un concepto crucial: el patrimonio no debe imaginarse como una “bóveda de Rico Mc Pato”, sino como capital activo que “puede generar trabajo y producción”.
El economista del CED sugirió un camino alternativo y más eficiente: reducir el gasto público. Propuso bajar en un quinquenio unos 30.000 empleos públicos, lo que permitiría obtener ahorros significativos al reducir gastos administrativos, insumos innecesarios y tareas duplicadas. Estos ahorros, en su visión, podrían volcarse directamente a los objetivos que persigue la central sindical, sin la necesidad de crear un nuevo impuesto que podría tener efectos contraproducentes en la actividad económica y el crecimiento del país.
El riesgo de expropiación y la baja recaudación histórica
En la misma línea de escepticismo se ubicó Julio de Brun, expresidente del Banco Central e integrante de los equipos técnicos del Partido Colorado. De Brun sostuvo que la carga tributaria en Uruguay ya es excesivamente alta y que la implementación de esta sobretasa significaría un “retroceso grande” para el sistema. Advirtió, además, sobre la experiencia internacional, donde estos impuestos a la riqueza “no recaudaron lo que se pensaba” y en muchos casos, como en Francia, “fracasó” con resultados negativos.
El expresidente del BCU consideró que la sobretasa es “redundante con el IRPF” y planteó el riesgo de que la acumulación de impuestos al patrimonio termine siendo expropiatoria. Al igual que Bonilla, De Brun criticó la ineficiencia del gasto público actual, señalando que hay “mucha plata mal gastada” y citó el ejemplo de los Centros de Atención a la Infancia (CAIF), donde la concurrencia es baja y no existe un análisis de la relación costo-beneficio de los programas. Defendió que, para subsanar la pobreza infantil, que tiene raíces en problemas de empleo y estructura del hogar, es mejor reasignar los recursos ya disponibles y hacer “mejores programas con la plata que ya hay, que no es poca”. Desestimó la sobretasa como una “ilusión” para resolver el problema de la pobreza.
Los peligros de la elusión y la alta presión tributaria nacional
El economista José Antonio Licandro profundizó el escepticismo, calificando la idea de gravar a las aproximadamente 25.000 personas más ricas como un planteo “populista” y “bastante negativo”. Licandro recordó que la reforma tributaria impulsada por el exministro Danilo Astori buscó reducir el Impuesto al Patrimonio a su mínima expresión. Señaló que el patrimonio muchas veces no genera renta, obligando al contribuyente a vender activos para pagar el tributo, y puso el ejemplo humanizado de una persona mayor con un patrimonio que supera el mínimo no imponible y una jubilación baja, cuestionando la ética de cobrarle el impuesto.
Para Licandro, la presión tributaria en Uruguay se encuentra en niveles muy altos (casi 29 puntos del PBI, frente a los 21 de hace 20 años). Sostuvo que este escenario, combinado con una baja rentabilidad e inversión, conduce a un “crecimiento lánguido” de la actividad económica. Criticó la propuesta como un “camino facilongo” que atenta contra el objetivo del actual ministro de Economía, Gabriel Oddone, de impulsar un mayor crecimiento. En su opinión, el camino para Uruguay jamás debe ser subir impuestos, sino bajarlos, y en cambio, abogó por reorganizar un gasto público que, a su juicio, está lleno de “despilfarro” y no se evalúa ni se prioriza adecuadamente.
Además, Licandro se unió a la crítica sobre la fuga de capitales, aludiendo a que el “mundo es global” y los gravados tienen la facilidad de irse, como demostró la fallida experiencia francesa. Cuestionó, por último, la idea de darle un destino específico a los recursos de la sobretasa, considerando que todos los ingresos fiscales deberían ir a Rentas Generales para ser distribuidos con una visión integral del presupuesto.
El Pit-Cnt ya anunció que buscará una ronda de contactos con los partidos políticos para obtener respaldo a su iniciativa, pese a que el propio ministro Oddone ya avisó que no la comparte. El debate, por su peso social y económico, está lejos de cerrarse.
Considerando la evidencia internacional de los impuestos al patrimonio y la crítica unánime sobre la ineficiencia del gasto público uruguayo, ¿es estratégico y realista insistir en una nueva sobretasa que podría comprometer la actividad económica en lugar de enfocarse en una auditoría y reasignación de los recursos ya existentes para combatir la pobreza infantil?