Una crisis que escala en el Ministerio de Defensa
El caso Cardama en Uruguay ha tomado un nuevo e inesperado giro tras las declaraciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva. En una jornada marcada por la tensión política, el legislador reclamó públicamente la renuncia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Para Da Silva, la gestión del fallido contrato con el astillero español para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) representa un fracaso institucional que no puede saldarse simplemente con la rescisión del vínculo comercial anunciada por el Poder Ejecutivo.
La controversia en torno al escándalo del astillero español se centra en el desembolso de casi 29 millones de euros que el Estado ya habría abonado. Da Silva cuestionó la celeridad y la falta de garantías en este pago, señalando que, si el astillero es realmente el «villano» de la historia, la jerarca máxima de la cartera debería dar un paso al costado. ¿Quién habilitó el pago de los 20 y pico millones de dólares?», se preguntó el senador en una entrevista con Canal 5, comparando la ligereza del manejo de fondos públicos con la venta de «caramelos de a peso.
Las duras críticas de Da Silva a la gestión oficial
El senador por el Partido Nacional no ahorró calificativos al referirse a la estrategia del gobierno de Yamandú Orsi frente a la controversia por las patrulleras oceánicas. Según Da Silva, la administración está «parada de manos» y utilizando el tema como una herramienta de distracción política. Su análisis fue más allá de lo administrativo, acusando a los sectores de la izquierda radical de presionar a los jerarcas para «chocar» contra la oposición en lugar de priorizar la seguridad nacional y la custodia de la soberanía marítima.
Cuando renuncia Lazo. ? Por omisión , ineptitud o incapacidad. Elija la causal pero renuncie pic.twitter.com/WGaHgWaFzL
— Sebastian Da Silva (@camboue) February 17, 2026
Para Da Silva, el conflicto con el astillero de Vigo tiene una consecuencia directa y peligrosa: la desprotección del mar territorial. El legislador argumentó que, mientras el sistema político se enreda en discusiones contractuales y comisiones investigadoras, el control de las aguas queda relegado. Los que están comiendo un asado y de fiesta son los narcos», sentenció, en alusión a la vulnerabilidad de las fronteras marítimas uruguayas ante la falta de equipamiento adecuado para la Armada Nacional.
La preinvestigadora en el horizonte del Senado
En paralelo a las declaraciones de Da Silva, la bancada de senadores del Frente Amplio movió sus piezas para intentar esclarecer la crisis de las OPV. Este martes se presentó una solicitud formal ante la vicepresidenta Carolina Cosse para conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara Alta. El objetivo de este grupo de trabajo sería analizar las irregularidades denunciadas y el proceso que llevó a la firma del contrato original, así como las razones que motivaron la reciente decisión del presidente Orsi de rescindirlo definitivamente.
El pedido de investigación sobre la polémica por el contrato naval fue firmado por el senador Sebastián Sabini. Esta movida busca, según fuentes oficialistas, dar transparencia a un proceso que ha sido duramente criticado por la oposición desde su génesis. Sin embargo, para legisladores como Da Silva, esta preinvestigadora podría ser vista como una «jugada política» si no se asumen responsabilidades jerárquicas previas, especialmente considerando el alto costo que ya ha pagado el país por embarcaciones que nunca llegaron.
Millones en juego y una soberanía regalada
La cifra de la investigación sobre el acuerdo marítimo es, quizás, el punto que más indignación genera en la opinión pública. De los 82 millones de euros totales que contemplaba el contrato, Uruguay ya transfirió 28.794.500 euros. La incertidumbre sobre la recuperación de este capital es lo que alimenta el fuego cruzado en el Parlamento. La ministra Sandra Lazo, quien recientemente enfrentó una interpelación por este tema, se encuentra ahora bajo una presión renovada no solo por los pagos, sino por el tiempo perdido en el patrullaje oceánico.
El desenlace del caso Cardama en Uruguay promete ser uno de los temas centrales de la agenda legislativa de 2026. Con el gobierno intentando cerrar un capítulo costoso y la oposición exigiendo cabezas, la discusión sobre la defensa nacional ha quedado teñida de sospechas y reproches. La pregunta que queda flotando es si la rescisión del contrato será suficiente para calmar las aguas o si, como pide Da Silva, el costo político terminará siendo tan alto como el financiero.
¿Es posible recuperar el prestigio internacional y los fondos públicos tras el colapso del contrato con el astillero, o el daño a la soberanía ya es irreversible?