De compras y custodiado: la reaparición que reaviva el escándalo de Emilio Tapia
La ciudad de Barranquilla amaneció con una imagen que parece sacada de una ficción sobre la impunidad, pero que es una realidad cruda: el escándalo de Emilio Tapia sumó un nuevo y provocador capítulo. El polémico contratista, figura central en los casos de corrupción más resonantes de la última década, fue captado en un exclusivo centro comercial apenas días después de haber obtenido la libertad condicional. Lo que más llamó la atención de los transeúntes no fue solo su presencia, sino el impresionante despliegue de seguridad que lo rodeaba, compuesto por tres camionetas blindadas y custodia policial.
Acompañado por su esposa, la representante a la Cámara Saray Robayo, el llamado «zar de la contratación» se paseó por los locales comerciales con la parsimonia de quien no debe explicaciones a la justicia. Este nuevo escándalo de Emilio Tapia ha generado una ola de rechazo en redes sociales y ámbitos políticos, donde se cuestiona cómo un hombre condenado por defraudar al Estado puede ostentar semejante nivel de protección y lujo. Las imágenes, difundidas originalmente por medios locales, muestran a Tapia moviéndose con una libertad que contrasta con el peso de sus antecedentes judiciales.
Camionetas blindadas custodiando al protagonista del escándalo de Emilio Tapia. crédito @alazamo123/X
El largo prontuario detrás del escándalo de Emilio Tapia
Para entender la magnitud de la indignación actual, es necesario remontarse a los orígenes de su trayectoria delictiva. El escándalo de Emilio Tapia no es una novedad para el sistema judicial, ya que su nombre fue pieza clave en el tristemente célebre «carrusel de la contratación» durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá. En aquel entonces, Tapia funcionó como el engranaje principal entre los funcionarios públicos y los contratistas privados que desviaron millones destinados a infraestructura vial y transporte, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Aquel primer proceso terminó con una condena por delitos graves como cohecho, peculado y concierto para delinquir. Sin embargo, mediante acuerdos de colaboración que siempre resultaron polémicos, logró penas reducidas que le permitieron, tiempo después, volver a las andadas. El escándalo de Emilio Tapia se recicló años más tarde con el caso de Centros Poblados, una trama aún más ambiciosa que buscaba llevar conectividad a las escuelas rurales más apartadas del país y que terminó con el desvío de una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos colombianos.
Una libertad condicional bajo la lupa pública
La reaparición de Tapia en las calles de Barranquilla ocurre tras cumplir 90 meses de prisión, una fracción de lo que muchos consideran una pena justa dada la gravedad de sus actos. El beneficio de libertad condicional, otorgado por un tribunal bajo un período de prueba de 27 meses, ha puesto nuevamente el foco en las debilidades del sistema penal. Críticos y juristas señalan que el escándalo de Emilio Tapia es el síntoma de una justicia que parece ser más benévola con los delincuentes de cuello blanco que con el ciudadano común.
Una de las voces más fuertes en este reclamo fue la de la exfiscal Angélica Monsalve, quien no dudó en calificar el hecho como una burla al Estado. El hampón de pesos pesados, libre, con escoltas y de compras», escribió la abogada en sus redes sociales, subrayando que el dinero robado parece no haber sido recuperado en su totalidad por las arcas públicas. Para muchos, este nuevo escándalo de Emilio Tapia es la confirmación de que los mecanismos de reparación son insuficientes y que el poder económico acumulado mediante la corrupción sigue rindiendo frutos incluso tras las rejas.
El impacto en la imagen de las instituciones
La presencia de Saray Robayo, representante por el Partido de la U, junto a su esposo en este paseo de compras, añade una capa de complejidad política al asunto. El escándalo de Emilio Tapia salpica inevitablemente a los círculos de poder legislativo, generando un clima de desconfianza que alimenta los pedidos de reformas estructurales a la justicia. La imagen de las camionetas blindadas —vehículos que usualmente se asignan para la protección de funcionarios en riesgo— custodiando a un condenado por corrupción, es vista como un símbolo de la degradación institucional.
Mientras la indignación crece, los organismos de control se ven presionados a revisar las condiciones en las que se otorgó este beneficio de libertad. El escándalo de Emilio Tapia plantea interrogantes incómodos sobre la vigilancia de los bienes ocultos y la verdadera voluntad de desmantelar las mafias de la contratación. Por ahora, el «zar» camina libre por Barranquilla, recordándole al país que, a veces, el crimen parece pagar con creces si se conocen los hilos adecuados para mover dentro del sistema.
¿Es la libertad condicional de Emilio Tapia un derecho procesal legítimo o una cachetada a la ética pública en un continente que lucha por desterrar la cultura de la coima?