El «impuesto encubierto» que vació los bolsillos en 2025
No fue un error de cálculo ni una casualidad del mercado internacional: los Uruguayos perdieron 89 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2025 debido a la nueva modalidad de ajuste implementada por la administración de Yamandú Orsi. Según un contundente informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), esta cifra no es un número frío, sino el resultado directo de abandonar el sistema de transparencia que regía anteriormente para volver a las viejas mañas del intervencionismo estatal.
Al dejar de lado el Precio de Paridad de Importación (PPI) que permitía ajustes mensuales alineados al mundo, el Poder Ejecutivo inventó una fórmula bimestral con «factores de estabilización» que terminó siendo una trampa para el consumidor. En lugar de beneficiar al laburante, este mecanismo funcionó como una aspiradora de recursos que extrajo fondos adicionales para tapar los baches de Ancap y del déficit fiscal sin tener que votar un solo impuesto en el Parlamento.
El costo real de alejarse del mercado internacional
La brecha entre lo que deberíamos haber pagado y lo que efectivamente nos cobraron en el surtidor es indignante. Los datos son claros: pagamos 2,40 pesos más por litro de nafta Súper 95 y 2,16 pesos adicionales por cada litro de gasoil. Esta diferencia, que parece pequeña en el ticket diario, se traduce en 39 millones de dólares de sobreprecio en naftas y 50 millones en gasoil, sumando los mencionados 89 millones que salieron del sector productivo y del bolsillo de las familias.
El informe del CEPP es lapidario al señalar que esta intervención distorsiona toda la economía nacional. Al fijar precios por encima de la realidad, el Estado no solo recauda más, sino que le quita competitividad al transporte, a la logística y al campo, que es el motor del país. Mientras el gobierno habla de «estabilizar», lo que está haciendo en realidad es usar el monopolio de Ancap como una caja política para financiar subsidios ineficientes, como los del supergás, que generaron pérdidas millonarias.
¿Por qué el monopolio de Ancap nos sale tan caro?
El problema de fondo sigue siendo el mismo de siempre: una estructura estatal que no aguanta la competencia y prefiere cazar dentro del zoológico. La renta monopólica de la empresa pública se estima en más de 88 millones de dólares anuales, lo que representa un peso muerto para el crecimiento de Uruguay. En cualquier país serio con competencia privada, estos sobrecostos desaparecerían por la simple presión del mercado, obligando a bajar los precios y mejorar la eficiencia.
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Financiamiento fiscal encubierto: Se usa la nafta para cubrir gastos del Estado que nada tienen que ver con la energía.
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Freno a la producción: El agro y la industria pagan el combustible más caro de la región por decisiones políticas.
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Incentivos perversos: Al no haber competencia, Ancap no tiene motivos para ser eficiente ni bajar sus costos operativos.
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Subsidios cruzados: El que usa el auto para trabajar termina pagando las pérdidas de otros sectores mal gestionados.
La comparación con el esquema de la LUC es inevitable y dolorosa para el bolsillo. Bajo el sistema anterior, los precios seguían el ritmo internacional de forma mensual, lo que permitió ahorros acumulados de 450 millones de dólares para los ciudadanos. El cambio de Orsi priorizó la recaudación rápida y fácil sobre la contención del costo de vida. Es una política que castiga al que produce y premia la burocracia de una empresa estatal que sigue siendo un lastre para el desarrollo nacional.
Un modelo intervencionista que hipoteca la competitividad
En síntesis, los Uruguayos perdieron 89 millones de dólares porque el gobierno decidió que el Estado sabe manejar tu plata mejor que vos. Mantener precios artificialmente altos bajo la excusa de la «estabilización» es, lisa y llanamente, una transferencia de recursos de los ciudadanos hacia el gasto público. No hay vuelta que darle: cada vez que el gobierno mete la mano en los precios, el que termina pagando la fiesta es el consumidor final en la góndola del supermercado.
La salida a este laberinto es clara pero requiere coraje político: eliminar el monopolio de Ancap, abrir el mercado a la competencia privada y dejar que el precio se forme por la oferta y la demanda real. Solo así dejaremos de ver cómo, año tras año, millones de dólares desaparecen de los bolsillos de la gente para alimentar una maquinaria estatal que se niega a modernizarse. Es hora de que el costo de la energía en Uruguay deje de ser un botín político y pase a ser una herramienta de crecimiento.