Un pacto entre el Estado y el barrio
El desembarco de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo en una de las zonas más calientes de la periferia capitalina no fue un acto protocolar más. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se vio interpelado por la realidad de quienes conviven a diario con la balacera y el pasillo oscuro. La seguridad en Cerro Norte dejó de ser una cifra en una planilla para cobrar rostro en el pedido de un vecino que, en representación de los «laburadores» de la zona, exigió respuestas que trasciendan la retórica política. La respuesta oficial, enmarcada en el programa «Más Barrio», propone una cirugía mayor al diseño urbano que hoy favorece el repliegue de las bandas organizadas.
La apuesta gubernamental es clara: no habrá pacificación sin infraestructura. El complejo habitacional Los Palomares, un símbolo de la planificación fallida de los años 70, se encuentra en el centro de la escena. Sus callejones estrechos y su diseño laberíntico han servido, durante décadas, como un escudo natural para el tráfico de drogas, impidiendo incluso el ingreso de ambulancias o patrullas policiales. El plan contempla la demolición de pasajes y el realojo de familias para abrir el barrio a la ciudad, intentando que la presencia del Estado sea permanente y no solo un operativo relámpago.
El plan estratégico para la Seguridad en Cerro Norte y el interior
La ejecución de este proyecto cuenta con un respaldo financiero de 50 millones de dólares provenientes del CAF-Banco de Desarrollo para América Latina. Esta inyección de capital no se limitará únicamente a Montevideo, sino que pretende establecer un modelo de gestión aplicable en departamentos como Maldonado, Rivera y Durazno. La clave de «Más Barrio» reside en la convergencia de ministerios: ya no se trata solo de enviar más efectivos del Ministerio del Interior, sino de que la oficina de Vivienda, la Intendencia y las cuadrillas de iluminación trabajen en conjunto para eliminar las condiciones ambientales que facilitan el delito.
Sin embargo, la transformación física es solo una parte de la ecuación. Durante la recorrida, el ministro del Interior, Carlos Negro, debió enfrentar el reclamo más doloroso: el de la justicia pendiente. El caso de Arturo Espinosa, el joven asesinado en 2024 por sicarios que simularon ser policías, sobrevoló el lanzamiento como un recordatorio de que la seguridad en Cerro Norte sigue siendo una promesa rota para muchas familias. El pedido de justicia de los allegados de Espinosa evidencia que, sin una mejora en la investigación criminal y en la respuesta policial inmediata, las nuevas calles e luces serán solo una mejora estética sobre una herida social abierta.
La urbanización contra el dominio de las bandas
El rediseño de Los Palomares busca romper el control territorial que ejercen los grupos criminales. Al derribar estructuras que impiden la circulación, el Gobierno apuesta a «ventilar» el barrio, permitiendo que la vigilancia sea más efectiva y que el vecino recupere el espacio público. Los censos ya realizados son el primer paso para una reubicación que promete ser compleja pero necesaria para reconectar Cerro Norte con la red vial y de servicios básicos de la capital.
El reclamo vecinal por la luz y el derecho a caminar
Para los residentes, la urgencia pasa por lo cotidiano. El miedo a quedar atrapados en un fuego cruzado o a ser asaltados en la oscuridad ha modificado los hábitos de miles de personas. El reclamo por iluminación led y patrullaje preventivo fue la constante en el diálogo con las autoridades. La «solución inmediata» que exigen no es un eslogan, es la posibilidad de ir a trabajar o volver de la escuela sin sentir que la vida depende del azar de un delincuente.
Un modelo de convivencia bajo vigilancia estatal
Alejandro Sánchez fue enfático al señalar que el éxito del programa dependerá de una responsabilidad compartida. Una vez que el Estado invierta en las plazas, las veredas y la luz, la comunidad deberá apropiarse de esos espacios para evitar que vuelvan a ser colonizados por el narcotráfico. La seguridad en Cerro Norte se encamina hacia una etapa de prueba de fuego donde la inversión del CAF y la voluntad política de los ministerios deberán demostrar si son capaces de transformar un asentamiento sitiado en un barrio integrado a la sociedad uruguaya.