Portazo y crisis institucional: las renuncias que sacuden al Directorio de la Caja de Profesionales
La paz interna en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) duró lo que un suspiro. En las últimas horas, la institución se vio sacudida por la renuncia indeclinable de María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe, los dos delegados del Poder Ejecutivo en el Directorio de la Caja de Profesionales. El detonante de esta salida abrupta no fue otro que la escandalosa aprobación de una partida mensual de 131.000 pesos para los directores, una decisión que choca frontalmente con la nueva normativa que establece el carácter honorario de dichos cargos.
La situación dentro de las autoridades de la Caja de Profesionales se volvió insostenible luego de que trascendiera el acta de la sesión del pasado jueves. En aquel encuentro, y a pesar de la delicada situación financiera que atraviesa la caja, cuatro de los seis directores votaron a favor de asignarse estos fondos bajo el concepto de «gastos». La indignación entre los afiliados no tardó en llegar, considerando que la ley recientemente aprobada buscaba justamente la austeridad en una institución que camina por el pretil de la quiebra técnica.
En su carta de despedida, Sanguinetti fue tajante al deslindar responsabilidades personales, asegurando que su voto en el gobierno de la Caja de Profesionales no fue una opinión individual. Según la exdirectora, actuó bajo un mandato directo y siguiendo los lineamientos técnicos indicados por el grupo de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta declaración deja al descubierto una interna feroz entre los técnicos del ministerio y la cúpula política, que ahora debe dar explicaciones sobre por qué se impulsó un pago que la ley expresamente pretendía eliminar.
Partidas en suspenso y el futuro del Directorio de la Caja de Profesionales
A pesar de la votación mayoritaria, el cobro de los 131.000 pesos no se hizo efectivo de inmediato gracias a la intervención del presidente de la institución, Daniel Alza, y la vicepresidenta Virginia Romero. Ambos jerarcas del Directorio de la Caja de Profesionales votaron en contra y se ampararon en el artículo 8 de la Ley de Estructura Orgánica para dejar la resolución en suspenso. Esta jugada legal obliga a que el expediente sea elevado al Poder Ejecutivo para su revisión, abriendo un paréntesis de 60 días antes de que la medida quede firme o sea revocada.
Esta impugnación interna ha generado un clima de desconfianza total dentro del consejo de la Caja de Profesionales, donde las miradas se cruzan entre quienes defienden la necesidad de las partidas y quienes las consideran una «cachetada» al profesional que aporta mes a mes. La Ley N° 17.738 es clara en sus plazos: si el gobierno no se expide en dos meses, la resolución quedará firme y los directores empezarán a cobrar. Sin embargo, con las renuncias ya presentadas, el escenario político cambió y la presión sobre el MTSS es máxima para que se vete el aumento encubierto.
El mandato del Ministerio bajo la lupa en el Directorio de la Caja de Profesionales
La defensa de Sanguinetti, alegando que solo transmitió «definiciones y lineamientos» superiores, pone en una situación incómoda al ministro de turno. Si los representantes en el Directorio de la Caja de Profesionales actuaron bajo sugerencia del Ejecutivo, ¿por qué el propio gobierno saldría ahora a criticar la medida? El doble discurso parece haber sido la gota que colmó el vaso para los delegados, quienes prefirieron dar un paso al costado antes de quedar como los únicos responsables de una decisión que fue cocinada en despachos oficiales.
Mientras tanto, los miles de profesionales universitarios observan con estupor cómo la caja que debe gestionar sus jubilaciones se convierte en un campo de batalla por viáticos y sueldos encubiertos. El Directorio de la Caja de Profesionales queda ahora debilitado, con dos vacantes clave que deben ser llenadas a la brevedad para no paralizar la gestión de una entidad que ya tiene bastantes problemas de fondo. La falta de transparencia en la comunicación de estas partidas ha herido de muerte la credibilidad de una conducción que prometía cambios profundos y austeridad.
La pregunta que resuena hoy en los pasillos de la calle Andes es clara: ¿es posible salvar una institución cuando quienes deben dirigirla anteponen sus beneficios personales a la ley que juraron cumplir?