El Estado que come del bolsillo de los que madrugan
En Uruguay, trabajar en regla se ha convertido, paradójicamente, en una sentencia de asfixia financiera. La presión tributaria en Uruguay ha dejado de ser un concepto macroeconómico para transformarse en una realidad dolorosa que se siente cada fin de mes cuando el trabajador mira su recibo de sueldo. El IRPF, aquel impuesto presentado bajo la bandera de la «equidad» y la «solidaridad», funciona hoy como un castigo sistemático al esfuerzo, ensañándose con el docente que mete doble turno, el profesional que intenta despegar y el asalariado que no tiene forma de esconder un solo peso.
La progresividad del sistema es una falacia discursiva que se desmorona frente a la góndola del supermercado. Cuando una maestra que gana apenas lo necesario para mantener a sus gurises es tratada como una «privilegiada» y ve cómo le recortan entre cinco y diez mil pesos mensuales, el relato oficial se vuelve un insulto. Esa nivel de imposición tributaria nacional no financia una mejor calidad de vida; financia una estructura estatal elefantiásica mientras el contribuyente ve cómo las escuelas se caen a pedazos y la seguridad es un recuerdo lejano.
El brazo ejecutor del miedo y la persecución a las «mojarritas»
La otra cara de esta moneda es la Dirección General Impositiva (DGI), un organismo que parece haber olvidado su rol de recaudador para adoptar el de inquisidor. La carga fiscal en Uruguay se ejerce mediante un acoso burocrático que infunde terror en el pequeño comerciante y el trabajador independiente. Cartas certificadas con tono de amenaza, pedidos de levantamiento de secreto bancario y citaciones que parecen interrogatorios policiales son el pan de cada día para quienes apenas logran sobrevivir al sistema.
Lo más indignante es la selectividad de esta persecución fiscal. El sistema es implacable con el que emite boletas y tiene todo a su nombre, pero se vuelve llamativamente ciego ante las grandes ingenierías fiscales de los poderosos. La carga fiscal que sienten los uruguayos recae sobre las «mojarritas» porque es el camino más corto, fácil y barato para el Estado. Mientras tanto, las multinacionales y los grandes estudios contables juegan en otra liga, protegidos por normativas diseñadas a medida de quien tiene la espalda para pagar abogados caros.
Salud mental y el costo oculto de pagar impuestos
No se trata solo de dinero; se trata de salud. Los tributos que aprietan al bolsillo está enfermando a la gente, produciendo un espiral de angustia que no aparece en las gráficas de recaudación pero sí en las consultas psiquiátricas. Ataques de pánico, insomnio y cuadros de ansiedad crónica son el resultado de deudas que los contribuyentes nunca vieron pasar por sus manos, originadas en un sistema que no distingue entre el evasor contumaz y el sobreviviente que intenta pagar el alquiler.
El Estado uruguayo se ha vuelto un socio voraz que solo aparece para cobrar, nunca para acompañar. Esta presión tributaria en Uruguay es, en esencia, un impuesto al cumplimiento: cuanto más derecho hacés las cosas, más fuerte te pegan. Es una vara perversa que ha instalado la idea de que ganar 50 mil pesos es ser un magnate, mientras los jerarcas que deciden estos recortes viven en una burbuja de privilegios financiada por el salario recortado de los que todavía se animan a trabajar en blanco.
El mito del gasto social y el clientelismo encubierto
El argumento defensivo del sistema político es siempre el mismo: «recaudamos para sostener el gasto social». Sin embargo, cualquier uruguayo que camine por un hospital público o mande a sus hijos a una escuela de barrio sabe que esa plata se pierde por el camino. La presión tributaria en Uruguay parece servir más para alimentar asesorías, direcciones inventadas y cargos de confianza que para mejorar la vida de los más vulnerables. Es un sistema de clientelismo financiado por la clase media que ya no aguanta más.
Nadie en el espectro político actual se atreve a meterle mano a esta maquinaria de exprimir gente. Se limitan a maquillar franjas o emitir comunicados tibios mientras el golpe a fin de mes sigue siendo el mismo. El sistema no es solidario si se financia rompiendo a los mismos que lo sostienen; es simplemente insostenible. Si el camino para ser «solidario» es dejar a la clase media trabajadora al borde del abismo, entonces estamos ante un fracaso moral y económico que ningún discurso puede tapar.
¿Hasta cuándo podrá el Estado uruguayo estirar la cuerda de la paciencia de quienes sostienen el país con su trabajo antes de que el sistema entero salte por los aires?