En Salto, el malestar con el Centro Médico de Salto no es nuevo. Cada semana surgen historias que exponen una misma realidad: el sistema de salud local parece haberse transformado en una máquina de cobrar. Consultas, órdenes, medicamentos, tickets y hasta simples gestiones administrativas se pagan como si la salud fuera un lujo y no un derecho básico.
Pacientes jubilados y familias con ingresos ajustados cuentan que cada visita al médico representa un golpe directo al bolsillo. “Entrás enfermo y salís endeudado”, resume un vecino que acompaña a su esposa a tratamientos crónicos. Esa frase, repetida en la sala de espera, pinta el sentir general de una población que se ve atrapada entre la necesidad de atenderse y la imposibilidad económica de hacerlo.
El caso que encendió nuevamente la indignación es el de una mujer de 77 años internada en el sanatorio Panamericano. Había sido operada del corazón y, al poco tiempo, desarrolló una insuficiencia respiratoria. Los médicos indicaron un tratamiento con diuréticos fuertes para evitar complicaciones como el agua en los pulmones. Sin embargo, cuando la profesional de guardia emitió la orden del medicamento, lo que vino después descolocó a la familia: el fármaco debía comprarse por fuera, con un costo de 2.000 pesos cada dos semanas.
Su esposo, jubilado con la mínima, caminó hasta la sede del Centro Médico con la esperanza de resolver el tema. Quiso explicar que no podían costear ese gasto fijo, que cada peso contaba entre los remedios, la luz y la comida. Pero lo único que consiguió fue devolver la orden sin alternativa. “No hay protocolo para esos casos”, fue la respuesta, seca y burocrática.
Lo que parece un episodio aislado es, para muchos, parte de un patrón. Afiliados y funcionarios del propio sistema admiten, en voz baja, que la lógica de la institución gira en torno al rendimiento económico. Cada trámite, cada papel, cada intervención tiene un costo añadido que se multiplica con la fragilidad del paciente.
Mientras tanto, la población más humilde queda a la deriva. Personas mayores que cobran una jubilación mínima, madres solas que hacen changas o trabajadores informales terminan debiendo elegir entre pagar el medicamento o comprar yerba y leche. En un país donde el discurso de la salud universal suena bien en los informes, la práctica diaria muestra otra cara: la del lucro sistemático disfrazado de atención médica.
La situación abre un debate más amplio sobre el modelo mutualista en Uruguay. Si bien las mutuales nacieron con un espíritu cooperativo, muchas se convirtieron en empresas de servicios que priorizan balances por encima del bienestar de los socios. Las tarifas, los copagos y los “tickets por todo” generan un clima de desconfianza y frustración en usuarios que sienten que su aporte mensual no les garantiza cobertura real.
Por ahora, las autoridades del Centro Médico no han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Tampoco el Ministerio de Salud Pública ha intervenido directamente, aunque fuentes del sector admiten que los reclamos por cobros indebidos se repiten en varias instituciones del interior.
Mientras tanto, la paciente sigue internada, su esposo busca alternativas y el pueblo de Salto observa con resignación un sistema que, lejos de sanar, enferma a fuerza de facturas.