El sistema educativo uruguayo ha decidido poner fin a la parálisis institucional provocada por las recientes intimidaciones anónimas en los centros de enseñanza media. En una movida que busca restaurar el orden y la autoridad, el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, anunció un giro radical en los protocolos de actuación frente a las amenazas que han sacudido la normalidad de las aulas en los últimos días. La decisión central es contundente: se terminó la dispensa de asistencia por miedo; a partir de este miércoles, el «paso de lista» vuelve a ser la norma y las inasistencias computarán efectos administrativos en todo el territorio nacional.
Pablo Caggiani y el fin de la impunidad en la «nube»
La preocupación de las autoridades radica en la percepción de los estudiantes sobre la gravedad de sus actos. Según el jerarca, existe una preocupante desconexión entre el mundo digital y la realidad legal, donde los adolescentes creen que enviar un mensaje amenazante a través de redes sociales es una travesura sin consecuencias. Sin embargo, Pablo Caggiani fue enfático al señalar que estos episodios «salen de la nube» para aterrizar directamente en la Fiscalía. La nueva estrategia apunta a que los jóvenes comprendan que estas acciones desencadenan procesos penales y que el anonimato virtual no es un escudo frente a la justicia uruguaya.
El cambio en la política de asistencia no es un capricho burocrático, sino una medida para frenar el impacto de estas amenazas en la formación académica. Anteriormente, el protocolo sugería no controlar la concurrencia el día indicado por la advertencia violenta para no castigar al alumno que, por precaución, decidía no asistir. Hoy, el Consejo Directivo Central entiende que esa flexibilidad alimentaba el ciclo de falsas alarmas, otorgando a los bromistas el poder de vaciar un liceo con un solo mensaje. Con el retorno del control estricto, el Estado retoma la gobernanza de los centros educativos.
El compromiso de las Becas Butiá y la asistencia
Un factor determinante para este endurecimiento de las reglas es el mantenimiento de los beneficios sociales. Este año, la ANEP prevé una entrega masiva de las becas Butiá, las cuales están estrictamente ligadas a un compromiso de asistencia asidua. Permitir que las amenazas sigan justificando las inasistencias pondría en riesgo la transparencia y el cumplimiento de estos programas. Por ello, se ha resuelto que el registro sea riguroso, evitando que la «psicosis» generada por mensajes externos termine perjudicando el historial educativo y el acceso a los apoyos económicos de los estudiantes más vulnerables.
Articulación con el Ministerio del Interior y Fiscalía
La respuesta no se limita a las aulas. Se ha intensificado la coordinación con el Ministerio del Interior y los equipos de investigadores de la Fiscalía para rastrear el origen de cada amago de violencia. El objetivo es identificar y sancionar de manera ejemplar a los autores. El sistema educativo ya no se moverá solo; las pericias informáticas están activas para demostrar que cada amenaza tiene un nombre y un apellido detrás, y que el costo de «bromear» con la seguridad pública puede ser el procesamiento judicial del implicado.
El rol de las familias y equipos multidisciplinarios
Finalmente, la resolución del Codicen exhorta a un trabajo preventivo que debe nacer en el hogar. Los equipos multidisciplinarios y los cuerpos inspectivos han recibido la orden de orientar a los estudiantes sobre las consecuencias de sus actos. Se busca un diálogo sincero donde se explique que el sistema ya no será permisivo. La responsabilidad compartida con los padres es clave para desarticular estas conductas antes de que lleguen a la esfera penal, en un esfuerzo por devolverle a las familias la tranquilidad de que el liceo sigue siendo un espacio seguro y, sobre todo, soberano frente a las intimidaciones virtuales.
La administración de Pablo Caggiani envía así un mensaje de firmeza: la educación no se negocia ante el pánico digital. Al restablecer las consecuencias administrativas por faltar, el gobierno busca vaciar de poder a los violentos y reafirmar que la asistencia escolar es un deber que no admite excusas infundadas. La normalidad vuelve a ser obligatoria, y quien decida jugar con el miedo ajeno, deberá prepararse para enfrentar a la justicia.