Proyecto de ley sobre el comisionado para la niñez: ¿avance institucional o duplicación de funciones?
La propuesta de crear un comisionado parlamentario para la niñez en Uruguay, impulsada por la senadora Blanca Rodríguez del Frente Amplio, ha generado un intenso debate en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Lo que parecía una iniciativa orientada a fortalecer la institucionalidad en materia de derechos de la infancia, se convirtió en un cruce de posturas entre dos actores clave: UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Introducción al proyecto de ley
El proyecto fue presentado en junio de 2025 por un grupo de senadores del Frente Amplio, con el objetivo de crear una figura parlamentaria especializada en el monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según la exposición de motivos, el comisionado tendría como cometido asesorar al Poder Legislativo en su función de control sobre el cumplimiento de la normativa vinculada a la infancia.
La propuesta se enmarca en una preocupación creciente por la pobreza infantil, la violencia estructural y la falta de seguimiento institucional en políticas públicas dirigidas a menores de edad.
Postura de UNICEF: respaldo técnico y conceptual
Durante su comparecencia ante la comisión, UNICEF expresó que la creación de una figura independiente con mandato específico sería “un avance institucional clave” y una “señal clara” del compromiso del Estado uruguayo con la infancia. Si bien aclaró que no se pronunciaba sobre el diseño de gobernanza propuesto, sí respaldó la idea de contar con un mecanismo especializado.
En una carta enviada posteriormente, el representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavidez, reafirmó esa posición y cuestionó la interpretación que hizo la INDDHH de sus declaraciones. Según Benavidez, la institución nacional incurrió en “referencias incorrectas” y una “mala interpretación” de lo expuesto por UNICEF.
UNICEF e INDDHH se enfrentan por el alcance institucional del proyecto de ley sobre el comisionado para la niñez. Foto: Inés Guimaraens
Críticas de la INDDHH: superposición institucional
La INDDHH, por su parte, se mostró contraria al proyecto. En su intervención del 1° de octubre, el director Juan Miguel Petit —excomisionado parlamentario de cárceles— argumentó que ya existe una institución con mandato para velar por los derechos humanos, incluida la infancia. Crear un comisionado específico implicaría, según Petit, una superposición de recursos, funciones y públicos objetivo.
La presidenta Mariana Mota y la directora Jimena Fernández Bonelli coincidieron en que la afirmación de UNICEF era “equivocada” y sugirieron que los legisladores consultaran directamente a Luis Pedernera, expresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
El rol del Comité de los Derechos del Niño
Uno de los puntos más controversiales fue la interpretación del mandato del Comité de los Derechos del Niño. La INDDHH sostuvo que dicho comité no recomienda la creación de comisionados parlamentarios, sino instituciones autónomas de derechos humanos, conforme a los Principios de París.
UNICEF, en cambio, aclaró que nunca afirmó que el comité exigiera esa figura, y que su apoyo al proyecto se basaba en criterios de especialización, eficiencia e independencia institucional.
Reacciones parlamentarias y próximos pasos
La comisión parlamentaria continúa estudiando el proyecto, ahora con mayor atención a las implicancias institucionales. Algunos legisladores consideran que la figura del comisionado podría complementar el trabajo de la INDDHH, mientras que otros temen que se genere una estructura paralela sin coordinación efectiva.
El debate se ha trasladado también al plano público, con organizaciones sociales, académicos y referentes en derechos humanos opinando sobre la pertinencia de la propuesta.
Análisis institucional: ¿es necesaria esta figura?
Desde una perspectiva técnica, la creación de un comisionado parlamentario para la niñez podría fortalecer el control legislativo sobre políticas públicas dirigidas a menores. Sin embargo, su implementación requiere claridad en el diseño institucional, coordinación con organismos existentes y garantías de independencia.
La clave está en evitar duplicaciones y asegurar que cualquier nueva figura sume capacidades sin restar eficiencia al sistema actual.
Conclusión: ¿cómo priorizar a la infancia sin duplicar esfuerzos?
El debate sobre el comisionado para la niñez pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo puede el Estado uruguayo fortalecer la protección de los derechos de niños y adolescentes sin generar estructuras redundantes?
La respuesta no está en una sola figura, sino en una arquitectura institucional coherente, especializada y articulada. ¿Creés que Uruguay necesita un comisionado parlamentario para la infancia o que debe reforzar las instituciones ya existentes?