El caso Conexión Ganadera no para de sumar capítulos. La semana pasada, los abogados de damnificados Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso radicaron una nueva denuncia penal por lavado de activos que involucra a tres personas hasta ahora ajenas al foco judicial: una escribana, un contador y el nombre que más sorprendió al ambiente jurídico y periodístico, el sacerdote colombiano César Buitrago, vicario general de la Diócesis de Florida y párroco de la Catedral Basílica de esa ciudad, el mismo templo donde Gustavo Basso era asiduo visitante y donde Buitrago ofició la misa de cuerpo presente cuando el empresario murió el 28 de noviembre de 2024.
Buitrago no es un desconocido en esta historia. En febrero de este año salió en varios medios de comunicación a contar, con voz afectada, que había perdido todos sus ahorros en Conexión Ganadera. Dijo que había invertido 127.000 dólares en dos contratos, que eran ahorros personales acumulados durante años y parte de una herencia familiar que su padre le había sugerido poner en manos de Basso porque era «una persona ideal para inversiones». Describió al empresario como alguien de total confianza, un comerciante próspero que integraba la comunidad religiosa. Lo que el sacerdote no mencionó en ninguna de esas entrevistas fue que, en junio de 2020, había comprado cuatro inmuebles en Paso de la Azotea, Minas, Lavalleja, pertenecientes a un proyecto inmobiliario del propio Basso, por un total de 260.000 dólares.
Esa omisión es precisamente el centro de la denuncia.
Según surge del informe de Senaclaft, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el medio de pago utilizado para esa compra no fue una transferencia bancaria de Buitrago ni un cheque de su cuenta personal. Fue un cheque diferido no a la orden librado por Conexión Ganadera, es decir, con dinero que provenía directamente de las cuentas donde los miles de inversores depositaban sus fondos para la compra de ganado. Un cheque de esas características no puede endosarse como uno común y, al estar cruzado, debía acreditarse en una cuenta específica. La pregunta que la fiscalía deberá responder es sencilla pero determinante: ¿a nombre de quién estaba librado ese cheque?
«Estoy segura de que ninguno de nuestros clientes imaginó que su dinero terminaría en un destino como el que estamos viendo hoy», declaró la abogada Abelenda.
La hipótesis que manejan los denunciantes es que Basso le habría dado al sacerdote ese dinero para que comprara propiedades de su propio proyecto inmobiliario, lo que convertiría a Buitrago en un eventual testaferro. Las cuatro unidades fueron construidas por Lerosur SA, una sociedad anónima vinculada a la familia Basso que recibió beneficios tributarios por un proyecto que, según la denuncia, nunca se inauguró.
El patrón que los abogados vienen documentando desde enero del año pasado es claro: fondos de Conexión Ganadera salían de las cuentas de la empresa y terminaban financiando la compra de bienes que quedaban registrados a nombre de terceros, ya fueran hijas, cuñados, allegados o, en este caso, el sacerdote de confianza. «Si era él el beneficiario final, ¿por qué lo ponía a nombre de terceros?», preguntó Abelenda, refiriéndose al esquema general de Basso. Esa misma lógica aplica al caso Buitrago.
Lo que agrava aún más la situación del sacerdote es lo que hizo después de la muerte de Basso. A sabiendas del fallecimiento y con las oficinas de Conexión Ganadera en Montevideo ya cerradas, en diciembre de 2024 renovó uno de sus contratos de inversión por un año más, esta vez firmando con Ana Yuikov, la viuda. Renovó por 100.000 dólares adicionales, lo que resulta difícil de explicar si, como él mismo declaró, ya sabía que había perdido sus ahorros.
Buitrago negó ser testaferro. Dijo que los fondos usados en las operaciones inmobiliarias provienen de su herencia familiar, debidamente documentada. También advirtió en su momento que podría accionar legalmente por difamación contra quienes lo señalaran. La abogada Abelenda fue directa al respecto: «No habría mérito para eso. Nosotros presentamos hechos objetivos que surgen de una carpeta fiscal. Es indiscutible que él es el comprador de esos bienes inmuebles y surge de Senaclaft cómo los pagó.»
Los abogados aclararon que no les corresponde calificar la conducta del sacerdote en ninguna figura penal concreta. Lo que hicieron fue presentar ante la fiscalía hechos con apariencia delictiva que, a la luz de la Ley 19.574 de Lavado de Activos, podrían encuadrar en la modalidad de conversión y transferencia de fondos de origen ilícito. Será la justicia quien determine si detrás de esas transacciones hay o no un delito.
Lo que sí quedó claro es que el esquema no se detiene. Los abogados anunciaron que ya trabajan en una ampliación de la denuncia vinculada a otra transacción con una de las hijas de Basso. El agujero, dicen, es de casi 400 millones de dólares. Y cada semana aparece un nombre nuevo.