¿Gestión o caja?: las sombras tras la Recaudación del Sucive y los dichos de García
La recaudación del Sucive ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse en el epicentro de una batalla política que pone en duda la ética del sistema tributario uruguayo. César García, director de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes, salió al cruce de las críticas con una honestidad que, lejos de calmar las aguas, generó una indignación generalizada al admitir que el fin primordial es «recaudar». En un país donde el costo de mantener un vehículo es de los más altos de la región, que la autoridad máxima del sistema reconozca que la seguridad vial queda en segundo plano frente a la necesidad de llenar las arcas departamentales es, cuanto menos, alarmante.
Las declaraciones de García surgen como respuesta a la postura del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien llamó abiertamente a una «rebelión del contribuyente» ante lo que considera un avasallamiento estatal. La defensa de García se apoyó en una lógica que muchos consideran perversa: el dinero de los conductores sirve para pagar desde el sueldo de un sepulturero hasta obras sociales, desvirtuando la naturaleza de las tasas de tránsito. Esta admisión de que el sistema de cobro vehicular es un «cajón de sastre» para cualquier gasto municipal deja al descubierto una falta de transparencia sobre el destino específico de los fondos obtenidos.
La Recaudación del Sucive y el cuestionable criterio de César García
El jerarca colorado tildó de «criterio libertario» la resistencia de los ciudadanos a pagar multas que, en muchos casos, son percibidas como una trampa recaudatoria más que como una medida educativa. Al decir que Uruguay es «un país chiquito donde hay que recaudar lo que hay que recaudar», García parece sugerir que el contribuyente es un rehén de la estructura del Estado. Esta visión ignora que la presión fiscal sobre el automovilista ya es asfixiante, sumando patentes, seguros, combustibles y ahora un sistema de radares que parece configurado para la recaudación del Sucive constante.
Resulta contradictorio que García reconozca que las multas en Uruguay son «caras, muy caras» y que requieren un ajuste, pero que al mismo tiempo descalifique cualquier intento de protesta contra el sistema actual. Si el propio director del organismo admite que los criterios son antiguos y desproporcionados, ¿por qué se sigue obligando al ciudadano a cumplir con normativas que la propia autoridad tacha de obsoletas? La insistencia en mantener el flujo de dinero hacia las intendencias parece primar sobre la justicia tributaria y la coherencia administrativa que se le exige a cualquier ente público.
Impacto de la Recaudación del Sucive en el mercado automotor
García intentó desviar la atención mencionando que la carga impositiva más fuerte se da en la compra de vehículos cero kilómetro, donde el IVA y el Imesi representan el 50% del valor. Si bien este dato es real, no justifica que la recaudación del Sucive deba ser igualmente leonina durante toda la vida útil del coche. El argumento de que «podemos discutir si la patente es cara o no» suena a una concesión vacía cuando el sistema está blindado para que el pago de la patente esté encadenado obligatoriamente al de las multas, una medida que muchos juristas consideran ilegal.
Este enlazamiento de deudas es, precisamente, uno de los puntos más calientes del debate nacional. Al impedir que un ciudadano pague su impuesto a la circulación si tiene multas pendientes —muchas veces recurridas o en proceso de revisión—, el Estado utiliza la patente como un mecanismo de extorsión para asegurar la recaudación del Sucive. Esta práctica despoja al contribuyente de su derecho a la defensa y lo coloca en una situación de indefensión frente a un aparato recaudador que no admite demoras ni cuestionamientos, pero que es lento a la hora de devolver dinero por cobros indebidos.
Perspectivas y dudas sobre la Recaudación del Sucive para 2026
La promesa de García de que en marzo se rebajarán las multas al 50% para «limpiar la culpa» del sistema es vista por muchos como una maniobra distractiva antes de que la presión social explote. No se trata solo de cuánto se paga, sino de la arbitrariedad con la que se cotiza el dólar o se aplican los recargos en el sistema único. Mientras el Sucive siga funcionando como la caja chica de intendencias que muchas veces muestran gestiones deficitarias, el malestar seguirá creciendo entre quienes ven cómo el fruto de su trabajo se diluye en un sistema que prioriza la recaudación sobre el servicio.
La Unasev, por su parte, analiza responsabilidades jurídicas por los llamados a no pagar, pero poco dice sobre la responsabilidad ética de los organismos que manejan el dinero de la gente. El «modelo chiquito» que defiende García se está volviendo insostenible para una clase media que ya no aguanta más impuestos encubiertos bajo la fachada de la seguridad vial. El debate está instalado y las respuestas de las autoridades han dejado más dudas que certezas sobre la honestidad de un sistema que parece haber olvidado que su función es servir al ciudadano, no servirse de él.
¿Es legítimo que el Estado utilice las multas de tránsito como un impuesto encubierto para financiar gastos que nada tienen que ver con la seguridad en las calles?