La hoja de ruta para la Constituyente en Colombia
El tablero político de Bogotá se sacudió nuevamente tras las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro. El mandatario utilizó sus redes para responderle punto por punto a Humberto de la Calle, brindando precisiones que el círculo político uruguayo y regional seguía con lupa. Según el jefe de Estado, la Constituyente en Colombia no se llevará a cabo durante la actual contienda electoral, sino que su presentación formal ante el Congreso de la República quedará para después del 20 de julio de 2026.
Este movimiento busca disipar los temores de una interferencia directa en las elecciones presidenciales. Petro aclaró que el proceso se encuentra en su fase inicial: la recolección de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana. Este paso administrativo es fundamental para otorgarle legitimidad a la Constituyente en Colombia, un proyecto que pretende destrabar las reformas estructurales que el parlamento colombiano ha rechazado sistemáticamente durante el último período de sesiones.
Plazos acotados y un mecanismo de recolección
Una de las novedades más comentadas es la duración prevista para el cuerpo deliberativo. Petro propone que la Constituyente en Colombia sesione durante apenas tres meses, un período que podría coincidir con el receso del nuevo Congreso para evitar parálisis institucionales. La idea es que sea un proceso ágil, enfocado en corregir nudos jurídicos que el poder legislativo no ha podido resolver en más de tres décadas de vigencia de la actual Constitución.
En cuanto a la legitimación popular, la recolección de las firmas tendrá una duración de 90 días. Una vez alcanzado el cupo necesario, el proyecto de ley deberá atravesar el filtro del Congreso y el examen de la Corte Constitucional. Recién tras este periplo jurídico se convocaría a elecciones para elegir a los integrantes de la Constituyente en Colombia. El presidente subrayó que la Corte mantendrá su fisonomía actual, intentando calmar a quienes denuncian una posible pérdida de independencia judicial.
Los temas que impulsan la Constituyente en Colombia
El programa de reformas que Petro quiere blindar es ambicioso y toca las raíces del modelo socioeconómico actual. Entre los objetivos centrales de la Constituyente en Colombia figuran la reforma del sistema de salud y la previsional, dos áreas donde el gobierno ha encontrado una resistencia feroz en las cámaras tradicionales. También se busca una modificación profunda del código minero y de la gestión de los servicios públicos, priorizando la universalidad y tarifas que reflejen costos reales.
A este paquete se suma la reforma agraria, un tema sensible que busca garantizar el acceso a la tierra para los sectores campesinos históricamente postergados. La Constituyente en Colombia también funcionaría como un espacio para reorganizar el ordenamiento territorial, otorgando mayor autonomía a las regiones y reconociendo formalmente las territorialidades indígenas y afrodescendientes. La defensa de los recursos naturales y la inteligencia artificial también aparecen en el borrador como temas de vanguardia.
Hacia una confederación y un nuevo sistema judicial
La propuesta presidencial no se queda en las fronteras nacionales. Petro ha deslizado la posibilidad de que la Constituyente en Colombia siente las bases para una confederación de naciones grancolombianas, un proyecto de integración regional de corte bolivariano. Asimismo, se plantea una revisión del sistema de partidos y de la financiación de campañas, buscando transparencia absoluta y el control de los procesos electorales mediante tecnologías independientes y software auditables.
En lo que respecta a la Justicia, salvo la Corte Constitucional, el resto del poder judicial sería sometido a una reestructuración. El fin último es desvincular a los jueces de los intereses políticos partidarios, acercando la administración de justicia al control ciudadano. La Constituyente en Colombia se presenta así como una herramienta de «limpieza» institucional, según la narrativa del Ejecutivo, aunque para la oposición se trata de un riesgo para la estabilidad democrática de uno de los socios comerciales clave en la región.
¿Logrará el gobierno colombiano transformar el descontento popular en un respaldo masivo de firmas para validar una reforma que podría cambiar para siempre la fisonomía del Estado?