Gobierno uruguayo evalúa acciones legales por presunto fraude
El gobierno uruguayo avanza en su decisión de rescindir contrato Cardama Uruguay, tras detectar irregularidades que podrían constituir fraude.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo actuará “con transparencia y firmeza” y que “el camino es rescindir contrato Cardama Uruguay para proteger los intereses del Estado”.
La medida incluye la presentación de denuncias penales y civiles por presuntas irregularidades en la constitución de garantías.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reafirmó que el Poder Ejecutivo uruguayo tiene la “convicción de rescindir el contrato con el astillero Cardama”, luego de detectar irregularidades en la constitución de garantías.
El gobierno ya anunció la presentación de denuncias civiles y penales por posible fraude, en un caso que involucra millones de dólares y compromisos incumplidos en la construcción de patrullas oceánicas.
Transparencia y firmeza en la gestión
Sánchez destacó que la administración “actúa con transparencia y firmeza”, defendiendo la postura de que “las cosas que están mal deben enderezarse y las que tienen apariencia delictiva deben denunciarse”.
Además, recalcó que la decisión busca proteger los intereses del Estado y enviar una señal de tolerancia cero ante posibles delitos de corrupción.
Repercusiones políticas y mediación posible
Aunque el contrato con Cardama sigue vigente por vías legales, el Ejecutivo no descarta una etapa de mediación internacional antes de concretar la rescisión definitiva.
El secretario de la Presidencia aclaró que, si la construcción de las patrullas continúa, será necesario rediscutir el acuerdo en nuevos términos para garantizar el cumplimiento y la transparencia.
Antecedentes del conflicto con Cardama
El astillero español Cardama fue contratado por Uruguay para construir patrullas marítimas destinadas a reforzar la seguridad costera.
Sin embargo, las auditorías recientes detectaron irregularidades en las garantías de cumplimiento, lo que encendió las alarmas en el Ejecutivo.
El caso ha generado críticas desde la oposición, que reclama una mayor claridad en los procesos licitatorios y en el control de los contratos internacionales.
Posibles impactos en la industria naval
La ruptura del contrato podría tener consecuencias en el sector naval uruguayo, afectando la cadena de suministros y el trabajo conjunto con empresas extranjeras.
No obstante, el gobierno sostiene que la integridad institucional y la transparencia son prioritarias frente a cualquier perjuicio económico inmediato.
Transparencia como principio rector
La postura del gobierno uruguayo ante el caso Cardama marca un precedente sobre cómo deben manejarse los contratos estatales con empresas internacionales.
Sánchez enfatizó que la administración no tolerará irregularidades y reafirmó que el Estado debe actuar siempre con “firmeza, legalidad y ética pública”.