El financiamiento de la murga Doña Bastarda se ha convertido en el eje de una controversia que trasciende las fronteras del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Tras la presentación de su espectáculo «Patria o Tumba» para la zafra 2026, la agrupación —vigente campeona de la categoría— quedó envuelta en acusaciones de antisemitismo debido a un cuplé que ironiza sobre el Holocausto y las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial. Según informaron fuentes vinculadas a la colectividad judía a Uruguay al Día, este tipo de contenidos no representa sátira, sino una manifestación de odio que pone en tela de juicio la ética de quienes sostienen económicamente estas expresiones.
La agrupación, que goza de una gran popularidad tras su triunfo en 2025, basa su operativa en una estructura de ingresos diversificada. Sin embargo, el foco de la crítica actual recae sobre el apoyo que recibe de diversas entidades gremiales vinculadas a la central de trabajadores. Mientras el público llena los tablados, sectores de la sociedad civil exigen transparencia sobre cómo los aportes de los trabajadores terminan impulsando guiones que, para muchos, cruzan la línea de lo tolerable en una sociedad democrática y plural.
El peso de los sindicatos en la estructura de costos
Dentro del esquema de financiamiento de la murga Doña Bastarda, el rol de las organizaciones sindicales de entes estatales es preponderante. La murga utiliza de forma recurrente la infraestructura de SUTEL (Sindicato de las Telecomunicaciones) para sus ensayos y reuniones sociales, lo que representa un ahorro logístico significativo y un apoyo indirecto de gran valor. Estas sedes gremiales no solo sirven de refugio para el armado del espectáculo, sino que se transforman en centros de recaudación mediante cenas y eventos para simpatizantes que aceitan la maquinaria del conjunto.
Asimismo, se ha señalado a AFUTU (sindicato de funcionarios de UTU) como otra de las piezas clave en la inyección de capital hacia la agrupación. El cuestionamiento radica en que las cuotas sociales de los afiliados, destinadas en teoría a la defensa de los derechos laborales, terminen financiando un conjunto que hoy es tildado de promover discursos judeofóbicos. Esta simbiosis entre carnaval y sindicatos no es una novedad en Uruguay, pero el tenor de las letras de la temporada 2026 ha hecho que el velo de la «tradición» ya no alcance para cubrir la responsabilidad política de estos aportes.
Sponsors privados y premios oficiales
No todo el financiamiento de la murga Doña Bastarda proviene de las arcas gremiales. Al ser la murga ganadora del primer premio en 2025, la agrupación recibió una suma considerable por parte de DAECPU y la Intendencia de Montevideo, fondos que sirvieron como capital inicial para el vestuario y la puesta en escena de este año. A esto se le suma el patrocinio de empresas privadas de renombre, como la firma de productos porcinos Sarubbi, que actúa como sponsor oficial en un rubro donde la visibilidad de marca es altísima durante los meses de verano.
Por otro lado, la autogestión juega su partido. Eventos como el «Tabladito de la Doña», realizado en el Espacio Cilíndrico a principios de enero, permiten recaudar fondos frescos mediante la venta de «bonos colaboración» a través de plataformas de ticketing. Sin embargo, la indignación pública apunta a que ni los premios estatales ni los auspiciantes privados deberían quedar pegados a un discurso que minimiza una de las mayores tragedias de la humanidad. La presión en redes sociales ya ha comenzado a dirigirse hacia estas marcas, pidiendo que retiren su apoyo ante lo que consideran un agravio inaceptable.
El límite del humor y la responsabilidad del PIT-CNT
El debate sobre el financiamiento de la murga Doña Bastarda vuelve a poner al PIT-CNT en una posición incómoda. La central sindical uruguaya, que históricamente ha levantado las banderas de los derechos humanos y la lucha contra el fascismo, se encuentra hoy financiando indirectamente un discurso que ha sido calificado por la Redacción de diversos medios como «neonazismo demencial. La burla explícita hacia las víctimas de las cámaras de gas ha roto el pacto tácito de que «en carnaval todo vale», transformando la sátira en un vehículo de hostilidad hacia la comunidad judía residente en Uruguay.
La pregunta que resuena en los pasillos del Ministerio de Educación y Cultura y en las sedes diplomáticas es hasta qué punto el Estado y los sindicatos deben subsidiar contenidos que promueven el odio. Si bien la libertad de expresión es un valor sagrado en nuestra República, el financiamiento público y gremial conlleva una responsabilidad ética que parece haber sido ignorada en esta oportunidad. El caso de Doña Bastarda podría marcar un antes y un después en la forma en que se asignan los recursos para la fiesta más larga del mundo, obligando a una revisión de los filtros de calidad y sensibilidad humana.
¿Es posible defender la autonomía de los gremios cuando sus fondos son utilizados para promover espectáculos que hieren la sensibilidad y la memoria de todo un pueblo en nombre del humor?