Entre papeles y realidad: La defensa de ASSE ante la crisis en el Hospital de Salto
La muerte de Jonathan Núñez, un joven de 32 años con toda la vida por delante, ha dejado al descubierto una fractura profunda entre el discurso oficial y la realidad cotidiana del sistema público. Mientras la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se apura a emitir comunicados donde asegura que el paciente recibió «toda» la atención indicada, la ciudadanía asiste con estupor a las denuncias de una familia destrozada. Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el síntoma más doloroso de una crisis en el Hospital de Salto que viene siendo denunciada por legisladores, médicos y usuarios desde hace meses sin obtener respuestas de fondo.
Para las autoridades, el sistema de historia clínica electrónica es el escudo perfecto: un registro «inmodificable» que supuestamente garantiza la seguridad del paciente. Sin embargo, lo que los registros digitales no capturan es el trato humano, el tiempo de espera en condiciones indignas y la angustia de un hombre que tuvo que grabar un video para que alguien le prestara atención. Esta crisis en el Hospital ha pasado de los pasillos del nosocomio a los estrados judiciales, donde la familia Núñez presentará una demanda por omisión de asistencia, cansada de una burocracia que parece más preocupada por los procedimientos administrativos que por la salud de la gente.
Auditorías internas ante la crisis en el Hospital de Salto
La respuesta institucional de derivar el caso al Comité de Seguridad del Paciente (COSEPA) suena, para muchos, a una estrategia para ganar tiempo y diluir responsabilidades. Si bien ASSE sostiene que este comité está integrado por «profesionales independientes», la opacidad con la que se manejan estos informes internos suele ser el velo que cubre las deficiencias estructurales. La crisis en el Hospital de Salto se alimenta de esta falta de transparencia, donde el «secreto médico» se utiliza convenientemente para no dar explicaciones públicas sobre por qué un paciente con una patología congénita compleja no recibió el seguimiento especializado que su cuadro requería.
El organismo remarcó que Núñez recibió todas las consultas y estudios conforme a las evaluaciones clínicas, pero omite mencionar que el joven ya había alertado sobre la falta de bolilla en sus reclamos. La brecha entre lo que figura en una pantalla y lo que sucede en una cama de internación es el núcleo de la disputa. Para la dirección del hospital, el cumplimiento formal de los pasos asistenciales parece ser suficiente, pero para una familia que vio cómo la salud de Jonatan se deterioraba desde octubre, esas explicaciones resultan un insulto a la memoria de quien ya no está.
Denuncias de amenazas en la crisis en el Hospital de Salto
Uno de los puntos más oscuros y revulsivos de esta tragedia es la denuncia de acoso y amenazas por parte del personal médico hacia el paciente. Según el relato del hermano del fallecido, Jonathan fue increpado por un profesional tras haber hecho público un video donde ayudaba a otro compañero de internación. Esta actitud, de confirmarse, no solo sería una falta ética gravísima, sino que expondría el nivel de degradación en la gestión de recursos humanos dentro de la crisis en el Hospital de Salto. Un médico que amenaza a una persona vulnerable en lugar de curarla es la antítesis de la vocación sanitaria.
La familia Núñez es enfática: su lucha no es contra todos los trabajadores, sino contra aquellos que «trataron mal, amenazaron y omitieron asistencia». El hecho de que un paciente tenga que intervenir para que a otro le realicen una tomografía —equipo que, como ya se denunció en el Parlamento, ha tenido problemas de disponibilidad— es la prueba fehaciente del desgobierno. Esta crisis en el Hospital de Salto ha creado un ambiente donde la denuncia ciudadana se paga con represalias, algo inaceptable en un sistema democrático y profesional.
Falta de respuestas reales por la crisis en el Hospital de Salto
Desde la Intendencia de Salto y diversos sectores políticos se ha señalado que la situación del hospital regional es insostenible. El cuadro odontológico inicial de Núñez, que derivó en tratamientos prolongados con antibióticos sin una evaluación oportuna de un cirujano vascular, demuestra que los protocolos de derivación interna están fallando. La crisis en el Hospital de Salto se manifiesta en esa lentitud diagnóstica que, en patologías complejas como un angioma congénito, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ASSE habla de «procedimientos habituales», pero en Salto, lo habitual parece ser la desidia.
El comunicado de la dirección del hospital termina con una promesa de «transparencia y respeto», palabras que suenan vacías cuando se contrastan con la realidad del litoral. Mientras el Directorio de ASSE se escuda en auditorías que pueden tardar meses, la comunidad salteña sigue reclamando por la falta de insumos y equipos que, misteriosamente, terminan en la capital. Esta crisis en Salto es también una crisis de centralismo, donde los usuarios del norte parecen ser ciudadanos de segunda para el Ministerio de Salud Pública.
¿Hasta cuándo la administración central seguirá ignorando las alarmas de un hospital que parece haber perdido el control de su gestión asistencial y humana?