El gobierno acaba de sacar a la luz su última gran apuesta: un proyecto de ley bautizado con el ambicioso título de «competitividad y reducción del costo de vida». Suena bien en los titulares y mejor en los discursos, pero al bajar a la letra chica, el optimismo oficialista choca de frente con la cruda realidad que viven las familias y las empresas uruguayas. En un país donde el costo de vida se ha vuelto insoportable, la sensación generalizada es que este proyecto llega tarde, mal y con olor a campaña.
El cinismo de la letra chica
La oposición y varios expertos ya han puesto el grito en el cielo. El proyecto, lejos de ser la reforma estructural que el Uruguay necesita para ser competitivo en el mundo, parece un conjunto de medidas aisladas que apenas arañan la superficie. ¿Cómo se pretende bajar el costo de vida cuando el peso del Estado sigue siendo una mochila insostenible para el que produce y para el que consume?
La crítica central es contundente: el gobierno intenta vendernos un paquete de soluciones mientras mantiene intactas las rigideces que nos hacen caros. Es como intentar curar una infección profunda con una curita. Se habla de competitividad, pero la realidad muestra que seguimos siendo uno de los países más caros de la región, y este proyecto, tal como está planteado, parece más un ejercicio de marketing político que una solución de fondo.
Medidas insuficientes ante una crisis de precios
Cuando uno analiza el articulado, la decepción es casi inevitable. ¿Dónde están las medidas audaces? ¿Dónde está el coraje para reformar los sectores que realmente encarecen la vida de la gente? La respuesta es el silencio. Lo que tenemos es una recopilación de propuestas que, en el mejor de los casos, generan un impacto marginal y, en el peor, ignoran el problema de raíz: el costo país que nos ahoga.
La sensación de que el gobierno ha perdido la brújula económica es cada vez más fuerte. Presentar un proyecto de «reducción del costo de vida» a esta altura del partido es casi una burla para el ciudadano que va al supermercado y ve cómo su sueldo no alcanza para llegar al día 15. ¿Realmente creen que con este papel van a bajar los precios? La pregunta parece tener una respuesta clara en la calle: no.
El juego político antes que la solución
No podemos ignorar el trasfondo electoral. Este proyecto no nace de una necesidad técnica urgente, sino de la urgencia del calendario. El gobierno necesita mostrar acción, necesita decir que «hizo algo» por la gente antes de que empiecen las próximas elecciones. Es una estrategia vieja, previsible y, sobre todo, ineficaz.
La verdadera competitividad no se decreta por ley ni se consigue con anuncios grandilocuentes. Se gana con eficiencia, con reformas reales y con valentía para enfrentar a los sectores que se benefician de un país caro. Este proyecto, en cambio, se queda a mitad de camino, bailando al ritmo de lo que resulta políticamente correcto y evitando, cuidadosamente, tocar los intereses que realmente importan.
Al final del día, lo que queda es un texto técnico que promete mucho pero garantiza muy poco. Mientras tanto, el bolsillo del uruguayo sigue sufriendo las consecuencias de una gestión económica que ha priorizado los anuncios por sobre los resultados. El proyecto de ley puede que pase en el Parlamento, pero el examen final lo da el ciudadano en la calle, y ahí, el gobierno está perdiendo por goleada.
