Masacre en la cárcel de Machala: violencia extrema dentro del sistema penitenciario ecuatoriano
Una tragedia sacudió nuevamente al sistema penitenciario ecuatoriano. Al menos 27 internos fueron hallados sin vida el domingo 9 de noviembre de 2025 dentro del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Machala, ubicado en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú.
Ecuador enfrenta otra jornada sangrienta en sus prisiones
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (Snai) informó que las muertes se produjeron por asfixia entre los propios reclusos, generando un cuadro de muerte inmediata por suspensión. Las autoridades investigan si se trató de una acción coordinada entre bandas criminales o de una disputa interna por el control del penal.
El suceso ocurrió apenas unas horas después de otro enfrentamiento en la misma cárcel, donde cuatro prisioneros murieron y 33 resultaron heridos, entre ellos un agente policial. El Snai atribuyó ese episodio a los procesos de reorganización de internos en curso tras la apertura de un nuevo complejo de máxima seguridad.
Violencia sin freno dentro del sistema penitenciario ecuatoriano
Según fuentes oficiales, los disturbios comenzaron durante la madrugada y se extendieron hasta el mediodía. Equipos tácticos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron al recinto para retomar el control, mientras se reportaban incendios y destrozos en los pabellones.
La cifra de víctimas fue aumentando conforme se revisaban las celdas, hasta confirmarse 27 muertos, lo que convierte este episodio en uno de los más letales del año dentro del sistema carcelario ecuatoriano.
Escena de la masacre en la cárcel de Machala, donde 27 reclusos murieron en un nuevo brote de violencia penitenciaria en Ecuador.
Antecedentes de una crisis prolongada
La violencia en las cárceles de Ecuador no es un hecho aislado. El 1 de noviembre, 12 personas fueron halladas muertas en tres prisiones distintas: la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, el penal de Turi en Cuenca y el de Esmeraldas.
Desde 2021, más de 600 reos han perdido la vida dentro de los centros penitenciarios ecuatorianos, en su mayoría por enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
El estado de excepción no detiene la violencia
El presidente Daniel Noboa mantiene desde 2024 un estado de “conflicto armado interno” para combatir a las bandas delictivas que controlan parte del sistema penitenciario.
Las medidas incluyen la militarización de cárceles, el aislamiento de líderes criminales y la transferencia de presos a nuevos centros de máxima seguridad. Sin embargo, los resultados han sido limitados: la violencia continúa y las cárceles siguen siendo epicentro del caos.
Reacciones y demandas de investigación
El Ministerio del Interior anunció una investigación urgente para esclarecer las causas de las muertes y detectar responsabilidades entre los funcionarios del penal.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las condiciones carcelarias en Ecuador “son insostenibles e inhumanas” y exigieron una reforma estructural inmediata.
Ecuador, atrapado entre la inseguridad y la impunidad
El país andino atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. La violencia penitenciaria refleja el poder que las organizaciones criminales han alcanzado dentro del territorio nacional.
Pese a los esfuerzos del Gobierno, los motines y masacres en las cárceles siguen siendo una constante, evidenciando el colapso de un sistema incapaz de garantizar la vida de quienes están bajo custodia estatal.
Reacción internacional y pedidos de reforma estructural
La masacre en la cárcel de Machala ha despertado preocupación en organismos internacionales de derechos humanos. Desde la ONU y Amnistía Internacional se solicitó al Gobierno ecuatoriano implementar medidas urgentes para frenar la violencia penitenciaria y garantizar condiciones dignas a los reclusos. Expertos en seguridad coinciden en que la situación carcelaria del país refleja un problema estructural que no se resolverá solo con presencia militar, sino mediante una política integral de rehabilitación, educación y reinserción social.
La sociedad civil también exige respuestas. Diversos colectivos marcharon en Quito y Guayaquil para denunciar el colapso del sistema penitenciario y reclamar transparencia en las investigaciones. Mientras tanto, las familias de los fallecidos piden justicia y aseguran que la masacre en la cárcel de Machala no debe quedar impune, advirtiendo que el país no puede acostumbrarse a convivir con la muerte tras los muros de sus prisiones.