El Departamento de Estado anunció este martes que envió una advertencia formal a una empresa extranjera que, según la versión oficial, estaría metida en operaciones con propiedades confiscadas en la isla. No dieron el nombre de la compañía. Tampoco la nacionalidad. Pero el mensaje a sus ejecutivos fue directo: podrían quedarse sin entrar a Estados Unidos.
La carta de advertencia de Estados Unidos por activos expropiados en Cuba se difundió a través de los canales oficiales de la diplomacia estadounidense y encaja dentro de una línea que la administración de Donald Trump viene marcando desde hace meses. La idea de fondo es vieja y conocida en Miami: castigar a quienes hacen negocios con bienes que fueron arrebatados a ciudadanos estadounidenses después de la revolución cubana.
«Una visa es un privilegio, no un derecho»
El secretario de Estado, Marco Rubio, puso la firma política sobre la decisión y eligió una frase corta para que no quedaran dudas.
«Una visa es un privilegio, no un derecho», afirmó, dejando ver que Washington está dispuesto a usar la herramienta migratoria como castigo cuando considera que una actividad choca con su legislación.
La comunicación oficial dejó más preguntas que respuestas. No precisó qué propiedad concreta está bajo la lupa ni qué activo motivó la advertencia. Aun así, el gesto suma a una escalada que ya no se discute: el endurecimiento estadounidense hacia las empresas extranjeras que mantienen vínculos con el aparato estatal cubano.
El antecedente que pesa: las sanciones a Cupet
Para entender el movimiento de esta semana hay que mirar unos días atrás.
El 11 de junio, Estados Unidos incorporó a la Unión Cuba-Petróleo —la estatal conocida como Cupet— a su lista de entidades sancionadas. La empresa maneja la exploración, la refinación y la comercialización de hidrocarburos en la isla, y según el Departamento de Estado controla activos que fueron «expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses».
La sanción cayó en medio de una polémica que tenía a Florida como escenario: un proyecto para exportar combustible hacia Cuba desde territorio estadounidense. Washington salió rápido a aclarar que no había otorgado ninguna licencia para esquivar las restricciones que pesan sobre el envío de petróleo a la isla.
Rubio fue más allá y apuntó al núcleo del régimen. «La energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma», sostuvo, y acusó a La Habana de usar esos recursos para sostener sus estructuras de poder y su control interno.
Una licencia revocada en el sur de Florida
El choque no se quedó en el plano diplomático. Tuvo consecuencias concretas, y bien locales.
El condado de Miami-Dade le revocó la autorización comercial a Vanguard Energy, una empresa con base en el sur de Florida que apuntaba a concretar exportaciones de combustible hacia Cuba. La decisión la anunció el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, que confirmó que la compañía perdió la licencia para operar en esa jurisdicción.
Según las autoridades locales, la medida estuvo atada a los planes de la firma de participar en el suministro de combustible a la isla, justo en el momento en que Washington aprieta las clavijas económicas y financieras.
Qué implica estar en la lista
La advertencia de este martes no es un hecho aislado. Se apila sobre una pila que crece.
En los últimos meses, además de las sanciones contra Cupet, Washington amplió las restricciones contra funcionarios y familiares de la dirigencia cubana, y mantiene abiertos procesos e investigaciones vinculados a hechos de las últimas décadas.
Para una empresa o una persona, caer en la lista de designados no es un trámite menor. Implica el bloqueo de los activos que tengan bajo jurisdicción estadounidense y un cerrojo para hacer operaciones financieras o comerciales con quienes figuran señalados.
La Casa Blanca defiende la estrategia con un argumento que repite sin variaciones: aumentar la presión sobre las estructuras de poder de la isla y desalentar a los actores extranjeros que quieran hacer negocios con bienes que ciudadanos estadounidenses reclaman como propios.
El nombre de la empresa advertida, por ahora, sigue en reserva. Pero el patrón quedó claro.