Fiscalía deberá pagar indemnización a un hombre absuelto tras más de un año detenido
Un ciudadano uruguayo que fue detenido por error y pasó 457 días privado de libertad finalmente será indemnizado por el Estado. El fallo, que reconoce una grave falla del sistema judicial, obliga a la Fiscalía a pagar una compensación de 50.000 dólares tras confirmarse que el hombre era inocente de los cargos por los que había sido imputado.
El caso vuelve a encender el debate sobre los abusos en la aplicación de la prisión preventiva y la falta de reparación en procesos donde el Estado se equivoca, pero la vida de una persona queda suspendida durante meses —y en este caso, más de un año— sin condena firme.
Cómo comenzó todo: una formalización sin condena
La historia judicial de este hombre se inició el 28 de junio de 2020, cuando el Juzgado Letrado de Paysandú de Octavo Turno lo formalizó por el presunto delito de rapiña especialmente agravada. En esa instancia se resolvió su prisión preventiva, aunque todavía no se había dictado sentencia.
Después de seis meses, se le concedió arresto domiciliario, pero esa medida fue revocada por un tribunal de apelaciones, que ordenó su reingreso inmediato a prisión. Recién el 27 de octubre de 2021, más de un año después, el Juzgado de Cuarto Turno de Paysandú lo absolvió de todos los cargos y dispuso su liberación.
La sentencia absolutoria fue ratificada por un tribunal superior en abril de 2022, dejando firme su inocencia.
Las consecuencias de un error institucional
Según explicó su defensa, durante todo ese tiempo el afectado era el principal sostén económico de su familia. Su detención injusta provocó consecuencias profundas no solo a nivel económico, sino también psicológico y social. Además de perder ingresos, el hombre vio deteriorada su reputación, sus vínculos laborales y su salud emocional.
Frente a esa realidad, la defensa presentó una demanda por daños y perjuicios. El Poder Judicial dio lugar al reclamo y resolvió que la Fiscalía deberá pagar indemnización por la privación injusta de libertad.
Esta resolución reconoce la responsabilidad del Estado cuando falla en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, y sienta precedente para otros casos similares.
Prisión preventiva en Uruguay: una medida cada vez más cuestionada
Según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, casi la mitad de las personas privadas de libertad en Uruguay no tiene una condena firme. La prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, es aplicada con frecuencia en situaciones donde luego los acusados resultan absueltos.
Organismos como la Institución Nacional de Derechos Humanos y diversas ONG locales han advertido en múltiples informes que este uso excesivo de medidas cautelares vulnera principios constitucionales y el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Este caso reabre esa discusión. Si bien el hombre fue liberado, lo hizo 457 días después de haber sido privado de su libertad. Y aunque ahora se reconoce que Fiscalía deberá pagar indemnización, la experiencia vivida es irreparable.
Una indemnización, ¿alivio o simple reparación formal?
La suma fijada, 50.000 dólares, busca reparar el daño causado, pero también genera interrogantes. ¿Es suficiente para compensar más de un año de libertad perdida? ¿Cómo se mide el impacto de una acusación injusta en la vida de una persona?
Para muchos especialistas, este tipo de fallos deberían ir acompañados de reformas en los procesos judiciales, para evitar que la prisión preventiva sea usada como norma y no como excepción.
El caso, aunque resuelto judicialmente, deja una señal de advertencia: cuando el sistema se equivoca, el costo lo paga la persona más vulnerable. Y cuando eso ocurre, el mínimo que puede hacer el Estado es asumir su responsabilidad y compensar el daño.