La compatibilidad de cargos en ASSE volvió a instalarse en la agenda política luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibiera la consulta sobre la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza.
El jerarca, designado por el nuevo gobierno de Yamandú Orsi con venia del Senado, mantiene su actividad como médico internista en dos mutualistas privadas: la Asociación Española y la Médica Uruguaya. Según constató la prensa, es posible incluso agendar hora con él a través de las plataformas digitales de esas instituciones.
La información fue difundida por el programa Así nos va de radio Carve, donde se detalló que Danza atiende pacientes dos horas los martes en la Española y tres horas los miércoles en la Médica Uruguaya.
En declaraciones previas, Danza aseguró que en el currículum enviado al Parlamento para la aprobación de su cargo ya figuraban sus actividades en el ámbito privado. Además, desde ASSE se aclaró que es grado 5 de la Universidad de la República y consultante en varias instituciones, y que antes de asumir consultó con el estudio jurídico Delpiazzo.
El informe firmado por Carlos Delpiazzo concluyó que no existían incompatibilidades, dado que la tarea de médico consultante en prestadores privados no tiene relación directa con ASSE. Sin embargo, recomendó ampliar la consulta a la División Jurídica de la Universidad de la República y a la Jutep.
Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública emitió un informe en el que también se señaló que no hay violación al artículo 9 de la Ley 18.161, lo que habilitaría a Danza a mantener sus dos funciones.
Aun así, tras conocerse el caso, legisladores blancos y colorados solicitaron la renuncia del jerarca. Tanto el presidente Orsi como la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, lo respaldaron públicamente, argumentando que los informes técnicos resultan concluyentes.
Por ahora, la resolución sobre la compatibilidad de cargos en ASSE dependerá del análisis que lleve adelante la Jutep, organismo encargado de dictaminar sobre posibles incompatibilidades éticas o administrativas en el sector público.