Revés judicial: Argentina ratifica la confiscación de activos de Cristina Kirchner y sus hijos
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina emitió este viernes una resolución determinante respecto al decomiso Cristina Kirchner, confirmando la ejecución sobre una fortuna estimada en 500 millones de dólares vinculada a la causa de corrupción en la obra pública.
La decisión judicial implica un golpe directo al patrimonio de la exmandataria de 73 años, quien desde junio de 2025 cumple una condena de seis años bajo la modalidad de prisión domiciliaria. El fallo actual desestima las apelaciones presentadas por la defensa y deja en firme la incautación de propiedades estratégicas, incluyendo activos en la provincia de Santa Cruz y bienes que habían sido transferidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Un fallo que golpea el patrimonio hereditario
El foco de la disputa jurídica que derivó en el decomiso Cristina Kirchner radica en el origen de los fondos utilizados para adquirir diversas propiedades durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). La Sala de Casación ratificó que los activos deben ser recuperados por el Estado como parte de la reparación por los daños ocasionados en la adjudicación irregular de proyectos viales en el sur del país.
Lo más controvertido de la resolución, según expertos legales consultados, es la inclusión de 19 bienes que fueron cedidos a los hijos de la expresidenta. La justicia determinó que el esquema de corrupción, que comenzó durante la gestión del fallecido Néstor Kirchner, permitió la acumulación de una masa patrimonial que ahora debe ser desmantelada, sin importar las transferencias sucesorias posteriores.
El impacto en el clan familiar y los socios comerciales
La sentencia no solo afecta a la familia directa de la exmandataria. El tribunal también ratificó la confiscación de 84 bienes pertenecientes al empresario Lázaro Báez, figura central en la trama de licitaciones de Santa Cruz. Para los magistrados, existe una trazabilidad clara entre el beneficio económico obtenido de forma ilícita y la adquisición de estas estancias y locales comerciales.
Desde el entorno legal de la expresidenta, la reacción fue de un rechazo absoluto. El abogado Gregorio Dalbón calificó la medida como una «preocupación jurídica», argumentando que se están ejecutando bienes que fueron herencia legítima de Néstor Kirchner, quien nunca recibió una condena en vida. La defensa sostiene que la vinculación directa entre el delito y cada uno de los inmuebles no fue acreditada con el rigor necesario, lo que motivará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Consecuencias políticas y futuro judicial
Este escenario de decomiso Cristina Kirchner se desarrolla mientras la líder política permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos. El impacto de ver sus propiedades emblemáticas bajo control estatal marca un hito en la historia judicial del Cono Sur, siendo uno de los procesos de recuperación de activos más grandes registrados en la región.
A medida que el calendario judicial avanza hacia 2027, la exjefa de Estado enfrenta aún otros procesos abiertos por presuntos sobornos en contratos públicos. La resolución de este viernes sienta un precedente crítico: la justicia argentina parece decidida a no limitar la pena a la privación de libertad, sino a perseguir el rastro del dinero hasta las últimas consecuencias, afectando incluso los círculos familiares más íntimos del poder.