Una misión oficial bajo la lupa política
El traslado de una nutrida comitiva hacia el Viejo Continente encendió las alarmas en el ámbito legislativo de nuestro país. Una delegación uruguaya en Ginebra, integrada por 23 representantes de los tres poderes del Estado, viajó a Suiza con el fin de participar en las sesiones de seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). La misión, que cuenta con el respaldo técnico de Cancillería, tiene como eje central la supervisión de normativas internacionales que Uruguay ha ratificado históricamente.
El costo total del traslado, que según fuentes oficiales rondó los 20.000 dólares, fue asumido íntegramente por el Senado de la República. Esta cifra no solo cubre los pasajes aéreos, sino también los seguros de vida y los viáticos correspondientes para cada uno de los legisladores y funcionarios de las diferentes carteras. El gasto no pasó desapercibido en un contexto donde la gestión del dinero público está bajo el escrutinio permanente de la ciudadanía y los sectores políticos.
La composición técnica de la delegación uruguaya en Ginebra
La delegación uruguaya en Ginebra presenta una integración diversa que busca cubrir todas las aristas de los derechos sociales. Entre los nombres de mayor peso político se encuentran las senadoras frenteamplistas Constanza Moreira y Bettiana Díaz, junto a Felipe Carballo. Pero el grupo no termina ahí: también se sumaron cuadros técnicos de los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Trabajo, Ambiente y Vivienda, además de delegados de la Universidad de la República (Udelar) y la ANEP.
Desde la Cancillería se defendió la pertinencia de este despliegue, argumentando que el Pacto en cuestión supervisa derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, la salud y la seguridad social. Sin embargo, para varios sectores del oficialismo actual, el número de 23 integrantes en la delegación uruguaya en Ginebra resulta difícil de justificar frente a la opinión pública, especialmente cuando se trata de foros internacionales que suelen ser criticados por su burocracia.
Cruces picantes entre Da Silva y el Frente Amplio
La polémica no tardó en explotar en las redes sociales, donde el lenguaje diplomático brilló por su ausencia. El senador nacionalista Sebastián Da Silva fue el encargado de abrir fuego, calificando a la comitiva de forma irónica como una «asamblea de zurdes en Ginebra». Sus palabras reflejan el malestar de un sector que considera este tipo de misiones como un gasto superfluo que no se traduce en beneficios tangibles para el contribuyente uruguayo.
La respuesta desde el bloque opositor fue inmediata y punzante. La senadora Bettiana Díaz salió al cruce asegurando que la delegación uruguaya en Ginebra tuvo que viajar para «hacerse cargo» de lo que calificó como una gestión deficiente del gobierno de Lacalle ante los organismos internacionales. Según Díaz, Uruguay dejó una imagen de «vergüenza internacional» debido a informes mal enviados y omisiones graves que la actual comitiva debe subsanar en territorio suizo.
Reputación internacional y el valor del multilateralismo
En la misma sintonía, Constanza Moreira argumentó que la presencia de la delegación uruguaya en Ginebra es una cuestión de Estado que trasciende los colores partidarios. Para la legisladora, Uruguay se juega su reputación internacional y su apuesta al multilateralismo en estas instancias. Sostiene que defender los derechos económicos y sociales frente a las potencias globales requiere de una presencia sólida y técnica, algo que se viene haciendo desde hace décadas de forma ininterrumpida.
El debate queda entonces instalado en la opinión pública uruguaya: ¿es razonable mover una estructura de 23 personas y 20.000 dólares para cumplir con estas agendas, o se podría haber resuelto con una representación más austera y digital? Mientras la delegación cumple su agenda en Ginebra, en Montevideo la factura política parece estar recién empezando a pasarse.
¿Es el gasto en diplomacia una inversión necesaria para el prestigio del país o un resabio de una política de viajes que ya no se ajusta a la realidad de los uruguayos?