El fin del relato: El mito de la excepcionalidad uruguaya derrumbado
Uruguay siempre se vendió al mundo como un oasis de institucionalidad, una isla de ética en medio de un océano de vicios latinoamericanos. Sin embargo, ese romántico concepto de la excepcionalidad uruguaya derrumbado por la cruda realidad es hoy la única conclusión posible tras la captura de Sebastián Marset en Bolivia. Mientras el gobierno de Luis Lacalle Pou se enredaba en tecnicismos legales para justificar la entrega de un pasaporte a un narco pesado, un país al que históricamente miramos por encima del hombro nos dio una lección de operatividad y voluntad política.
La caída de Marset en Santa Cruz de la Sierra, el 13 de marzo de 2026, no fue una casualidad. Fue el resultado de una coordinación efectiva con la DEA que dejó en ridículo a la burocracia oriental. El contraste es obsceno: en Bolivia se ejecutó un operativo de captura implacable; en Uruguay, el Estado trabajó a contrarreloj para enviarle un documento de viaje en valija diplomática a una celda en Dubái. Este hecho no solo es un escándalo administrativo, es la partida de defunción de ese «pedestal moral» sobre el que la clase política local se ha parado durante décadas.
Lo que más duele de este escenario es la evidencia de que nuestro sistema no falló por error, sino por un diseño de beneficios que favoreció al delincuente. La justicia uruguaya, siempre tan lenta para los de abajo pero expeditiva para los amigos del poder, archivó causas bajo el argumento de que «técnicamente» Marset tenía derecho al pasaporte. Pero la ética no sabe de tecnicismos, y el mundo hoy nos mira como el país que le abrió la puerta de salida al narcoterrorista más buscado de la región.
El pasaporte de la vergüenza y la complicidad de la casta
Para entender por qué el mito se hizo pedazos, hay que recordar el festival de irregularidades que rodearon la entrega del documento. Mientras el narcotraficante uruguayo estaba preso en Emiratos Árabes por usar papeles paraguayos falsos, la Cancillería uruguaya se movió con una celeridad que envidiaría cualquier ciudadano honesto que espera un trámite. Ignoraron alertas, desoyeron a diplomáticos de carrera y procedieron con una «obediencia debida» que terminó en la renuncia de medio gabinete ministerial.
Este proceso desnudó una cadena de mando viciada. Los chats que salieron a la luz, con frases de manual mafioso como «pierda el celular», son la prueba de que el nivel de infiltración del crimen organizado en las esferas de decisión es mucho más profundo de lo que nos gusta admitir. No fue un «error de procedimiento»; fue una decisión política de alto nivel que permitió que Marset recuperara su libertad y se instalara en Bolivia para seguir moviendo toneladas de cocaína hacia Europa bajo identidades falsas.
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Renuncias en cadena: Francisco Bustillo, Luis Alberto Heber y Carolina Ache dejaron sus cargos en medio de un humo de sospechas.
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Archivación de causas: La justicia local decidió que no hubo delito, blindando a los jerarcas involucrados.
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Lección boliviana: Un país con menos recursos hizo el trabajo sucio que Uruguay se negó a realizar por «garantismo» mal entendido.
Bolivia hizo lo que Uruguay no quiso
Resulta humillante para el relato de la narcopolítica local ver cómo las fuerzas de seguridad bolivianas lograron lo que aquí se evitó. Bolivia demostró que, cuando la voluntad de atrapar al criminal supera las ganas de proteger el statu quo, los narcos de alto perfil caen. Mientras aquí debatíamos en el Parlamento si el trámite era «ajustado a derecho», allá estaban preparando la extradición del hombre que puso en jaque a la seguridad regional.
La justicia uruguaya ha quedado en una posición de extrema debilidad internacional. La imagen de Uruguay como un país serio se ha desdibujado para dar paso a la de un protectorado donde los grandes capitales del narcotráfico encuentran siempre un recoveco legal para seguir operando. Ya no somos la «Suiza de América», somos el lugar donde un narco puede pedir un pasaporte por delivery mientras está preso por delincuente.
Un mea culpa necesario ante la decadencia institucional
Es hora de que los uruguayos dejemos de mirarnos el ombligo con esa soberbia de «país diferente». El caso Marset es el síntoma de una enfermedad mayor: la erosión de las instituciones ante el avance del dinero sucio. Si no somos capaces de reconocer que nuestra excepcionalidad uruguaya derrumbado por el peso de las pruebas, estamos condenados a repetir la historia. El mito servía para dormir tranquilos, pero hoy la realidad nos despertó de la peor manera.
¿Cómo se le explica a la región que el país más estable de Sudamérica fue el que le dio la llave de la celda al criminal más peligroso? No hay explicación que valga. Solo queda la vergüenza y la necesidad de una purga profunda en los sistemas de control estatal. La captura en Santa Cruz de la Sierra es la cachetada de realidad que necesitábamos para entender que el narco no golpea la puerta, sino que entra con pasaporte uruguayo en la mano.
El camino a seguir es largo, pero empieza por aceptar que somos tan vulnerables como cualquier vecino. Si seguimos aferrados al mito, seguiremos siendo el refugio preferido de los delincuentes internacionales. La era de la excepcionalidad terminó; ahora empieza la era de la responsabilidad, o la de la sumisión total al poder del narcotráfico. Los hechos son sagrados y la captura de Marset en Bolivia es el clavo final en el ataúd de nuestro orgullo herido. Ya no hay lugar para el relato de la excepcionalidad uruguaya derrumbado.