EL BANQUETE DE LA IMPUNIDAD
Mientras el ciudadano promedio hace malabares para llenar el carrito del supermercado, el Estado uruguayo se dio un banquete de «petit fours», sándwiches de pan de nuez y lomos en estaciones de comida simultánea. No se trata solo de nutrición para eventos; se trata de una estética de la opulencia financiada por el esfuerzo ajeno. El relevamiento de 578 adquisiciones publicadas en la web de compras estatales es apenas la punta de un iceberg de grasa y clientelismo corporativo que parece no tener techo.
El ranking del despilfarro en catering y los organismos señalados
Si hubiera que entregar un premio a la falta de pudor en el gasto, el Banco de Seguros del Estado (BSE) se llevaría la medalla de oro. Su fiesta de fin de año en Hangar 33 no fue una simple despedida; fue una exhibición de poder adquisitivo con dinero público que costó más de 6,3 millones de pesos. Solo en comida, se pagaron 3.170 pesos por invitado. Para ponerlo en perspectiva: un jubilado mínimo necesita varios días de su pensión solo para cubrir lo que un burócrata del BSE consumió en una noche de «formato descontracturado.
El pliego de condiciones de este evento parece redactado para una boda de la realeza: DJ, ambientación con livings, fotógrafos, transporte desde diversos puntos y «canilla libre» de bebidas. Que el alcohol lo pagara cada invitado es el único vestigio de cordura en un expediente que, de otro modo, es un insulto a la decencia fiscal.
La Intendencia de Montevideo: campeona en repetición
La gestión de la Intendencia de Montevideo (IMM) lidera la cantidad de contrataciones con un número absurdo: 118 servicios de catering en un solo año. Bajo el paraguas de «políticas de género» o eventos de la «NBA», la comuna capitalina ha convertido el bocado de lunch en una herramienta de protocolo permanente. Es la política del sándwich: cada vez que hay una reunión, hay una factura de confitería. Aunque algunas compras sean de montos menores, la suma de las partes revela una estructura municipal que no concibe la gestión sin el acompañamiento de una mesa servida.
ANEP: Educación de élite para los evaluadores
Resulta paradójico que la ANEP, un organismo que siempre reclama falta de presupuesto para infraestructura escolar, haya destinado cientos de miles de pesos en servicios de café, té y bocados premium para las jornadas de las Pruebas PISA. Mientras algunos centros educativos carecen de mantenimiento básico, los evaluadores disfrutaron de bocatas en pan de semilla con bondiola, rúcula y muzzarella. La pregunta es inevitable: ¿es necesario un menú gourmet para medir la calidad educativa? ¿O es que los datos de PISA bajan mejor con un brownie de nuez?
La ARCE admite que no audita la veracidad de lo publicado por los organismos.
El Palacio Legislativo y la diplomacia del canapé
El Parlamento no se quedó atrás. La celebración del Día del Funcionario de la Cámara de Representantes costó más de 160.000 pesos. El menú incluyó desde canapés de caviar hasta dátiles con roquefort. Resulta ofensivo que en el lugar donde se dictan las leyes que gravan el consumo de la población, se degusten bocaditos que el 90% de los uruguayos no puede costear en su vida privada. La visita del viceprimerministro chino también sirvió de excusa para un gasto de medio millón de pesos en un solo lunch. La diplomacia, al parecer, tiene un sabor muy caro.
UTE y el círculo cerrado del beneficio
El caso de UTE es digno de un estudio sobre cómo el Estado se paga a sí mismo para mantener sus privilegios. La mayoría de sus servicios de catering fueron contratados a la Fundación Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE-Antel. Millones de pesos circulan en un ecosistema donde el dinero público fluye entre el directorio y las fundaciones de sus propios empleados. Contrataciones directas de más de 4 millones de pesos para «almuerzos de formación» demuestran que, en las empresas públicas uruguayas, la capacitación no es un sacrificio, sino una estadía de lujo.
Los proveedores: el negocio detrás del lunch
Detrás de cada factura hay un nombre que se repite. Empresas como Acuaria Catering (Pombo Marichal) o La Coruñesa (Trisol S.A.) han encontrado en el Estado a su mejor cliente. La recurrencia de estos proveedores en las compras directas levanta sospechas sobre la competitividad real del sistema. Cuando el mecanismo de compra directa se convierte en la norma y no en la excepción, el control se diluye y el sobreprecio se vuelve el estándar del mercado estatal.
El agujero negro del control estatal
La Agencia Reguladora de Compras Estatales admite que no audita si los organismos cumplen con publicar sus gastos. El sistema depende de la «buena fe» de los organismos, lo que en términos de administración pública es una invitación al ocultamiento. Existen intendencias que no registraron ni una sola compra en 2025, lo cual es estadísticamente imposible. Lo que no se publica no es porque no se gaste, sino porque se fragmenta para quedar por debajo del límite legal de visibilidad. Es la trampa del Tocaf: si gastás «poco», nadie te mira.
LA CASTA NO PASA HAMBRE
El gasto de 1,6 millones de dólares en 2025 es un testimonio de la frivolidad con la que se administra el dinero de los uruguayos. No estamos hablando de ollas populares o de comedores escolares en zonas críticas; estamos hablando de jerarcas, funcionarios y técnicos comiendo «wraps de salmón» y «mini rogelitas» en eventos que, en su mayoría, podrían haberse resuelto con una jarra de agua y una galletita de agua.
Este ranking no es solo una lista de precios; es un mapa de la desfachatez. Mientras el Estado siga tratando el presupuesto como una caja chica para confiterías, cualquier discurso sobre la «austeridad» será una burla sangrienta a los ciudadanos que, con el IVA de sus compras diarias, financian los postres de quienes los gobiernan.