Estados Unidos exige liberar a presos políticos en Nicaragua y advierte al régimen de Ortega y Murillo
La presión internacional sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua escaló un punto sensible, impulsada directamente por Washington. La administración estadounidense lanzó este viernes un reclamo público y directo, exigiendo la liberación inmediata de «todos los presos políticos en Nicaragua«. El mensaje no solo utiliza el término «dictadores» para referirse a la pareja gobernante, sino que además advierte que la comunidad internacional se mantiene atenta a las violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. La preocupación por el destino de los presos políticos en Nicaragua se ha convertido en una prioridad para la política exterior de EE. UU. en el hemisferio.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense usó la red social X para emitir su firme advertencia: «Los Estados Unidos están vigilando. Este reclamo se produce en un contexto sensible, en pleno inicio de las fiestas tradicionales. El organismo señaló que «demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega». La referencia a la sensibilidad de estas fechas busca humanizar el drama que viven las familias de los presos políticos en Nicaragua.
Un recordatorio de la inhumanidad y la cifra de detenidos
El mensaje oficial de la administración del presidente Donald Trump fue contundente y apeló a la empatía al remarcar el sufrimiento de las familias. «Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos en Nicaragua«, fue la frase final del comunicado. Esta exigencia no es superficial; se basa en datos concretos que manejan los organismos de derechos humanos a nivel continental.
El panorama es grave. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una entidad que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son al menos 62 los opositores y críticos que permanecen tras las rejas. La lista de presos políticos en Nicaragua incluye a figuras de peso: hay 18 adultos mayores y 28 personas en condición de «desaparición forzada», lo que agrava la situación legal y humanitaria del país. La existencia de presos políticos en Nicaragua bajo estas condiciones demuestra el uso de la fuerza y la ley para reprimir la disidencia.
El tablero político: sanciones y la amenaza del DR-Cafta
El reclamo de Washington no llega solo, sino que forma parte de una estrategia de presión mayor. Días atrás, el presidente estadounidense había calificado a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, como países «tomados por narcoterroristas». Esto no fue un simple comentario; tiene un peso específico en la política comercial. Washington confirmó que está estudiando seriamente aumentar los aranceles en un 100% y, lo que es más grave para la economía nicaragüense, la expulsión del país del DR-Cafta, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
Las políticas «irrazonables» del régimen en materia de derechos humanos y laborales son el principal argumento para avanzar con estas sanciones económicas que podrían asfixiar al país. La liberación de los presos políticos en Nicaragua no es solo un tema de derechos humanos, sino una moneda de cambio en el tablero geopolítico. El secretario de Estado, Marco Rubio, también arremetió contra la dictadura sandinista, resumiendo que el gobierno «se convirtió en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente trataron de eliminar la iglesia Católica». La situación de los presos políticos en Nicaragua es el eje central de esta disputa internacional.
Jueces sancionados y la represión interna contra los presos políticos en Nicaragua
La tensión se intensificó con movimientos internos que demuestran la poca voluntad del régimen de ceder ante la presión. Recientemente, la Asamblea Nacional juramentó a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tres de ellos están sancionados por Estados Unidos debido a su presunto apoyo a la «represión» contra la oposición bajo la dictadura de Ortega y Murillo.
Entre los designados figura la ex fiscal general Ana Julia Guido, quien recibió sanciones de Washington por «permitir y beneficiarse de las actividades represivas» y por «crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes. Asimismo, Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez son dos jueces que estuvieron en el grupo que despojó de la nacionalidad a más de 300 disidentes, incluyendo a escritores de renombre como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y figuras religiosas como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. La inclusión de estos magistrados en la Corte Suprema refuerza la percepción de que el régimen está utilizando el aparato judicial para consolidar la persecución de los opositores y mantener a los presos políticos en Nicaragua tras las rejas.
La exigencia de Estados Unidos, sumada a las amenazas económicas y a la consolidación de jueces alineados con el régimen, perfila un escenario de confrontación creciente. En este contexto de máxima tensión, ¿puede la presión internacional lograr que el régimen de Ortega y Murillo revierta su política represiva y ponga en libertad a quienes hoy considera sus enemigos, los presos políticos en Nicaragua?