La senadora oficialista relativizó el número de víctimas del terrorismo de Estado documentadas por las organizaciones sociales y aseguró que «fueron 30 o 32, los familiares lo saben». Sus declaraciones abrieron un nuevo frente de debate político.
La escena se repite cada mayo en el Parlamento, pero esta vez el tono escaló de forma inmediata en los despachos del Palacio Legislativo y en los muros de las redes sociales. A pocos días de una nueva Marcha del Silencio, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, volvió a colocarse en el centro de la escena política tras lanzar duras críticas hacia las organizaciones de derechos humanos y cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya.
A través de un video que comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales, la legisladora nacionalista relativizó el registro histórico que llevan adelante activistas e historiadores, el cual detalla que existen al menos 205 personas cuyo paradero aún se desconoce como consecuencia del accionar represivo estatal.
«A estas altura de los acontecimientos, hubo uso y abuso de acontecimientos lamentables que vivió el Uruguay», arrancó diciendo la senadora en la grabación, sentada frente a la cámara con el estilo directo y confrontativo que suele utilizar en el debate público. Bianchi agregó de forma inmediata que le daría validez a la movilización masiva que cada 20 de mayo recorre la avenida 18 de Julio «si se respetara la historia reciente como efectivamente sucedió».
El debate por los números de la dictadura
La polémica mayor se desató cuando la representante del oficialismo fijó una cifra drásticamente menor a la respaldada por las investigaciones académicas y judiciales vigentes en el país.
«A mí me molesta que se use a los desaparecidos fundamentalmente cuando se sabe que en el Uruguay fueron 30 a 32, lo cual es mucho, porque uno ya es suficiente», expresó Bianchi de forma tajante. Según su postura, este dato es manejado por el entorno de las propias víctimas: «Los familiares saben perfectamente la situación, quienes han estudiado la historia reciente la saben».
En los comités de base y en las sedes partidarias de la oposición, el impacto de las declaraciones se sintió rápido. Mientras los teléfonos de los dirigentes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos empezaban a recibir las primeras consultas de los cronistas políticos, el contenido del video seguía sumando reproducciones.
El Plan Cóndor y la hipótesis sobre Argentina
Para argumentar su posición, la senadora nacionalista trasladó el escenario de la mayor parte de las desapariciones fuera de las fronteras uruguayas, haciendo referencia a los operativos coordinados en el marco del Plan Cóndor.
Bianchi sostuvo que gran parte de estos episodios ocurrieron en el vecino país debido a las acciones de las organizaciones armadas de la época. «La mayor parte de los desaparecidos se produjeron en la Argentina, motivo o causa porque grupos guerrilleros uruguayos fueron a hacer secuestros a la Argentina, o escaparon hacia la Argentina», afirmó la legisladora.
Al comparar los procesos represivos de ambas orillas del Río de la Plata, marcó una línea divisoria en los métodos aplicados por las juntas militares. Aseguró que las fuerzas represivas argentinas «tenían la orden de matarnos, o sea, fue un genocidio», y contrapuso que en Uruguay se implementaron «criterios distintos», aunque reconoció excepciones puntuales como el asesinato del maestro y periodista Julio Castro, quien fue hallado con un impacto de bala en el cráneo.
Cruces y acusaciones de «utilización política»
El tramo final del descargo de la senadora apuntó de manera directa contra referentes actuales del activismo social. En particular, mencionó a Ignacio Errandonea, uno de los rostros más visibles de la organización de familiares, a quien acusó de tener «una cara representativa del odio».
La legisladora manifestó su malestar con lo que considera un manejo partidario de la memoria histórica, argumentando que este tipo de discursos no colaboran con la convivencia ciudadana. «Eso es lo que más me molesta: se hace una utilización política de un episodio gravísimo que, además, no se hace con un criterio ponderado a los efectos de colaborar a la pacificación del país», sentenció Bianchi.
Para sostener su punto, recordó la renuncia del antropólogo José López Mazz a los equipos de excavaciones oficiales hace varios años, vinculando aquel alejamiento con presuntas presiones políticas en el manejo del tema. De esta manera, la interna parlamentaria vuelve a encenderse en torno a un asunto sensible que, lejos de cerrarse, sigue generando fuertes divisiones en el sistema político uruguayo.