El festín con el dinero público en Uruguay para sostener pasquines
La polémica por el manejo del dinero público en Uruguay ha tomado un cariz escandaloso tras conocerse las cifras que el Estado vuelca mensualmente para sostener a La Diaria. Según información extraoficial consultada por Uruguay al Día, el flujo de capitales hacia este medio se ha disparado de forma exponencial desde la llegada de la nueva administración, consolidando un sistema de «suscripciones de favor» que sangra las arcas del Estado. Solo entre enero y los primeros días de febrero de 2026, el mencionado medio se embolsó la friolera de $1.766.000, una cifra que lo posiciona por encima de cualquier otra publicación nacional.
Este reparto discrecional de fondos estatales no es una casualidad, sino una estrategia política de manual. Organismos de la talla del BROU, UTE, Ancap, OSE y la Administración Nacional de Puertos (ANP) han multiplicado sus suscripciones anuales, pagando montos exorbitantes por servicios que, en muchos casos, son meramente digitales. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para pagar la tarifa de luz o el agua, sus impuestos terminan financiando una estructura mediática que funciona, en los hechos, como el brazo propagandístico del gobierno de turno.
Un mecanismo aceitado de proselitismo pago
El uso de los recursos fiscales para mantener a flote a medios con una clara línea ideológica radical es una práctica que erosiona la libertad de prensa y la ética gubernamental. La Diaria, que se jacta de un periodismo independiente, sobrevive gracias a este respirador artificial conectado directamente al tesoro nacional. La maniobra es tan sencilla como indignante: los entes autónomos y ministerios contratan paquetes de suscripciones masivas, inyectando millones de pesos todos los meses a cambio de un contenido que se dedica, sistemáticamente, a difamar a la oposición y ensalzar la gestión de Yamandú Orsi.
No se trata solo de un tema de preferencias editoriales, sino de una vulneración de la neutralidad estatal en el uso de la plata del Estado. Al favorecer de esta manera a un medio que opera como vocero oficioso del Frente Amplio, el gobierno rompe las reglas de juego de la comunicación democrática. Lo que se presenta como una «suscripción institucional» es, en realidad, un subsidio encubierto que premia la militancia con la plata de los contribuyentes, dejando en clara desventaja a aquellos medios que intentan sostenerse genuinamente a través del mercado y los lectores.
Puertas giratorias y sueldos de privilegio
El vínculo entre el poder político y la cúpula de La Diaria se hace evidente al observar las trayectorias de sus principales figuras. El caso de Natalia Uval, directora del medio, es paradigmático: durante la administración de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo, Uval fue beneficiaria de contratos con sueldos fabulosos en TV Ciudad. Esta lógica de premiar a los periodistas afines con presupuesto nacional crea un círculo vicioso de favores donde la objetividad brilla por su ausencia y el periodismo se convierte en una simple oficina de prensa de la coalición de izquierda.
Mientras Uval y su equipo se benefician del capital público, su línea editorial mantiene una postura hipócrita de «solidaridad» y exigencia de mayores impuestos para los sectores productivos. Es decir, por un lado militan el aumento de la carga impositiva para la población y, por el otro, estiran la mano para cobrar esos mismos impuestos transformados en pauta o suscripciones estatales. Esta doble moral es la que hoy genera indignación en una opinión pública que empieza a ver cómo se cocinan los acuerdos entre el Palacio Estévez y las redacciones militantes.
Cooperativas truchas y competencia desleal
Otra de las aristas más sucias de este manejo del dinero de los contribuyentes tiene que ver con la forma jurídica bajo la cual opera La Diaria. Al presentarse como una cooperativa, el medio evita el pago de una gran cantidad de impuestos que sí deben afrontar empresas comerciales como El País o Búsqueda. Esta estructura le permite facturar millones de pesos mensuales al Estado mientras goza de beneficios fiscales que no le corresponden a una empresa con tal volumen de recaudación. Es, lisa y llanamente, una práctica de competencia desleal apañada desde el poder.
En definitiva, el escándalo del dinero público en Uruguay volcado a La Diaria es el reflejo de una forma de gobernar que confunde el Estado con el comité de base. No se puede hablar de transparencia ni de austeridad cuando se destinan casi dos millones de pesos en menos de 60 días a una publicación de ultraizquierda que solo existe para aplaudir al oficialismo. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿hasta cuándo el uruguayo promedio va a seguir financiando, sin saberlo, la propaganda de quienes después le piden más sacrificios económicos?
¿Es ético que el gobierno utilice fondos de todos los ciudadanos para sostener medios que solo representan a una fracción ideológica radical del país?