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El Gobierno retira el polémico artículo de libertad anticipada tras el rechazo social y político

by urugayaldia2420
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El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, informó este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que el Poder Ejecutivo retirará el artículo referido a la libertad anticipada del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP). La decisión responde a las reacciones adversas de diversos sectores sociales y políticos que advirtieron que la norma podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad.

Retirada de la libertad anticipada

Según declaraciones de Díaz recogidas durante la sesión parlamentaria, la intención inicial del artículo era resolver situaciones de «estricta justicia», particularmente orientadas a mujeres condenadas por el ingreso de pequeñas cantidades de estupefacientes a centros penitenciarios. No obstante, el jerarca confirmó que «el artículo será retirado del proyecto original» debido a la falta de consenso y a las críticas de organizaciones como Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Díaz explicó que la bancada de senadores del Frente Amplio, en coordinación con el Ejecutivo, acordó remover la redacción actual para evitar que el beneficio afectara a los recluidos en la cárcel de Domingo Arena, aunque manifestó la esperanza de encontrar fórmulas alternativas durante la discusión parlamentaria.

Defensa de la suspensión condicional y el proceso abreviado

Durante la comparecencia, el prosecretario defendió la restitución de la suspensión condicional del proceso, eliminada anteriormente por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Díaz argumentó que la falta de este instrumento deriva en «impunidad» en ciertos casos y subrayó la importancia de que los ciudadanos puedan evitar antecedentes penales bajo requisitos específicos.

Asimismo, el debate se centró en el proceso abreviado. Díaz calificó como un «mito» que en el sistema anterior no se negociara entre fiscales, jueces y defensores. Por su parte, el penalista Florencio Macedo, representante del Colegio de Abogados, respaldó el instituto afirmando que evita a los imputados las «miserias» de un proceso penal extenso. Para reforzar las garantías, el proyecto incluye una nueva causal de revisión en caso de que el consentimiento del condenado sea viciado.

Criterios de prisión preventiva y plazos

La comisión también analizó los criterios de prisión preventiva. El ministro de apelaciones José María Gómez señaló que, en la práctica, esta medida suele aplicarse basándose en la «gravedad del delito», argumento que fue cuestionado por el senador Andrés Ojeda (Partido Colorado), quien sostuvo que dicho criterio es «estrictamente subjetivo» y no debería ser suficiente para justificar el riesgo de fuga por sí solo.

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Juez negó permiso a Daniel Castellá para asistir al entierro de su hermano

by urugayaldia2420
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Grieta, luto y una decisión judicial que une los extremos en el caso de Daniel Castellá

En el Uruguay de las memorias enfrentadas, pocas veces se ve un episodio donde las dos orillas del río coincidan con tanta firmeza. El reciente dictamen en el caso de Daniel Castellá ha logrado lo que parecía una utopía: que los militares recluidos en Domingo Arena y la asociación de expresos políticos Crysol firmen una condena común contra una resolución judicial. La negativa del magistrado Sebastián Puñales a permitir que el general retirado asistiera al entierro de su hermano, Arturo Castellá, un exintegrante del MLN-Tupamaros, ha despertado un debate sobre los límites de la humanidad en el sistema penitenciario.

Arturo Castellá falleció el pasado viernes a los 76 años, dejando atrás una historia de militancia y reclusión que marcó a su familia durante la dictadura. Mientras tanto, su hermano Daniel cumple una condena de más de trece años por su responsabilidad en el homicidio del médico Vladimir Roslik, un hito oscuro de la represión. En el caso de Daniel Castellá, el pedido para acudir al velatorio no era una solicitud de libertad, sino un gesto humanitario básico que atraviesa cualquier ideología. Sin embargo, el juez Puñales, subrogante durante la feria judicial, cerró la puerta sin dar explicaciones públicas ni privadas sobre su fundamento.

La paradoja de una familia partida por la historia y el caso de Daniel Castellá

La familia Castellá es, en sí misma, un resumen de las contradicciones que atravesaron al país en el siglo pasado. De los siete hermanos, uno terminó siendo general del Ejército y otro, Arturo, pasó trece años preso por su militancia tupamara. Un tercer hermano, Gabriel, llegó a ser subsecretario de Defensa durante los gobiernos del Frente Amplio. Esta complejidad familiar hace que el caso de Daniel Castellá sea todavía más sensible, ya que el deseo de la familia era que ambos pudieran despedirse a pesar de las rejas y las causas penales que los separaban de la libertad.

Guillermo Castellá, otro de los hermanos, relató con amargura que la unidad familiar siempre se mantuvo por encima de las diferencias políticas. En el caso de Daniel Castellá, la justicia parece haber ignorado el componente humano de la orfandad y el duelo. El juez se negó a informar a los medios y, según la familia, tampoco le comunicó al militar preso las razones jurídicas de la negativa. Esta falta de transparencia alimenta la sensación de que, en ciertos expedientes, la ley se aplica con un rigor que roza la arbitrariedad, alejándose del espíritu de reparación que debería guiar a la justicia.

Críticas cruzadas y el consenso inesperado por el caso de Daniel Castellá

Desde la vereda de los militares presos, el coronel Eduardo Ferro no ahorró calificativos para describir la situación. En una carta que circuló por la cárcel de Domingo Arena, calificó la decisión como una «crueldad innecesaria» y apuntó contra lo que considera un sistema judicial movido por el odio. Pero lo que realmente sacudió el tablero en el caso de Daniel Castellá fue la declaración de Gastón Grisoni, presidente de Crysol. Para Grisoni, si bien los responsables del terrorismo de Estado deben cumplir sus penas sin beneficios que alivien el castigo, el derecho a despedir a un familiar directo entra en la categoría de derecho humanitario universal.

Este alineamiento de Crysol con el reclamo del militar preso pone en evidencia que la decisión de Puñales cruzó una línea ética que la sociedad civil uruguaya valora. El caso de Daniel Castellá deja de ser una cuestión de «dos demonios» o de revanchismo para transformarse en una discusión sobre cómo el Estado gestiona el dolor de quienes están privados de libertad. La negativa a un permiso de salida transitoria para un entierro, cuando existen las garantías de seguridad suficientes en una cárcel de baja densidad como Domingo Arena, resulta difícil de justificar bajo cualquier manual de derecho penal moderno.

En definitiva, el sistema judicial uruguayo enfrenta ahora un cuestionamiento que nace del propio sentido común. ¿Es la justicia un instrumento de castigo infinito o un sistema que, aun en la condena más dura, debe preservar la dignidad humana? El silencio del juez Puñales y la desazón de una familia que no pudo estar completa en su momento más triste dejan una mancha en el proceso. El caso de Daniel Castellá quedará en la crónica política como el día en que el dolor de una pérdida logró que víctimas y victimarios miraran, por un instante, hacia el mismo lugar de indignación.

¿Hasta qué punto una sentencia judicial debe separar lo punitivo de lo humanitario cuando la muerte golpea la puerta de una celda?

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Leé el fuerte descargo de Eduardo Ferro en Domingo Arena contra jueces actuales

by urugayaldia2420
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Eduardo Ferro en Domingo Arena: una ofensiva epistolar contra la cúpula de la Justicia

La tranquilidad estival de la Torre de los Homenajes se vio sacudida por una misiva que llegó desde una de las celdas más custodiadas del país. El coronel retirado Eduardo Ferro en Domingo Arena, donde purga una condena de 21 años, elevó el tono de su confrontación con el sistema judicial mediante una carta dirigida a John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En el documento, Ferro no solo cuestiona la validez jurídica de su encierro, sino que acusa al máximo magistrado de la nación de actuar movido por un «sentimiento íntimo de venganza» y de carecer del liderazgo necesario para enfrentar lo que él denomina el «relato impuesto» sobre el pasado reciente.

Esta es la segunda vez en pocos meses que el nombre de Eduardo Ferro resuena en los despachos de la SCJ. El militar, extraditado desde España en 2021 y sentenciado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977, sostiene que su procesamiento es una «farsa adornada de togas». Según su visión, los jueces actuales aplican un formalismo vacío de contenido jurídico para evitar responder a las deficiencias técnicas de las causas que involucran a militares de la dictadura, tildando a los magistrados de ser «cómplices de infames actores políticos».

El cuestionamiento jurídico desde la celda de Eduardo Ferro en Domingo Arena

El eje central de la defensa del exmilitar extradictado radica en el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal. Ferro argumenta que en 1977 la figura de «delitos de lesa humanidad» no existía en el ordenamiento jurídico uruguayo, habiendo sido incorporada recién en 2006 con la adopción del Estatuto de Roma. Para el coronel, ser condenado por una figura delictiva inexistente al momento de los hechos es una aberración jurídica que, según sus palabras, haría que el propio presidente de la Corte «reprobase un examen» de derecho básico.

Sin embargo, la posición del magistrado Pérez es diametralmente opuesta. El presidente de la SCJ sostiene que, si bien el principio de irretroactividad es la regla general, los crímenes que ya eran reconocidos por los principios generales del derecho internacional al momento de su comisión constituyen una excepción válida. Esta tensión doctrinaria es la que mantiene a Ferro y a otros oficiales retirados bajo un régimen de reclusión que ellos consideran político, citando incluso a expresidentes de la República que han puesto en duda la fiabilidad de estos procesos judiciales «de turno.

Los «enemigos» que identifica Eduardo Ferro en Domingo Arena

Más allá de los tecnicismos legales, la misiva del uniformado uruguayo se adentra en un terreno ideológico y político de confrontación directa. El militar reivindica su accionar dentro del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y niega que la derrota de los grupos armados se haya consumado en 1972, como sostiene la historiografía tradicional. Ferro afirma que continuó combatiendo a grupos con capacidad logística e inteligencia apoyados desde el exterior hasta bien entrada la década de los ochenta, calificando a las organizaciones actuales de derechos humanos como «enemigos permanentes».

En su lista negra, el prisionero, Miembro de la defensa nacional menciona explícitamente al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y el Observatorio Luz Ibarburu. A estas organizaciones, y a otras ONG con «financiamientos dudosos», les atribuye la manipulación de un «poder paralelo» que incide en la enseñanza, la cultura y, fundamentalmente, en la judicatura. Ferro llega incluso a vincular estos movimientos con grupos de apoyo al terrorismo palestino, en un intento por deslegitimar el reclamo histórico de verdad y justicia.

La reclusión de Eduardo Ferro en Domingo Arena y el Plan Cóndor

La situación procesal del coronel se complicó aún más en 2024, cuando fue imputado por su presunta responsabilidad en el secuestro de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti en 1978. Este caso, emblemático dentro de las investigaciones sobre el Plan Cóndor, refuerza la imagen de Eduardo Ferro en Domingo Arena como uno de los eslabones clave del aparato represivo coordinado entre las dictaduras del Cono Sur. Ferro, quien en 2017 intentó eludir la justicia fugándose a España, parece ahora haber cambiado su estrategia de silencio por una de ataque frontal a las instituciones.

La carta cierra con una advertencia sobre el factor «psicosocial» y la supuesta infiltración de intereses extranjeros en la política nacional. Para los observadores del sistema político, este descargo de Eduardo Ferro en Domingo Arena es un reflejo del malestar que persiste en un sector de la oficialidad retirada, que ve en la llegada de Yamandú Orsi a la presidencia una oportunidad para reabrir el debate sobre las condiciones de salud y detención de los militares procesados. La pregunta que queda flotando es si estos reclamos encontrarán eco en un sistema judicial que, hasta ahora, ha mantenido su independencia pese a las presiones.

¿Es este ataque a la Suprema Corte una señal de desesperación o el inicio de una nueva estrategia política de los sectores que aún reivindican el terrorismo de Estado?

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